Un informe realizado por el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) y Women’s Refugee Commission (WRC) señala que los casos de mujeres latinoamericanas deportadas que fueron agredidas física y sexualmente por agentes fronterizos de México y Estados Unidos son constantes en los centros de detención de migrantes.
El reporte indica que muchas de las mujeres que migran de sus países de origen lo hacen para huir de la violencia doméstica o explotación sexual. Sin embargo, al fallar en su intento por llegar a los Estados Unidos, vuelven a ser víctimas de los mismos delitos, ya sea por parte de los agentes fronterizos o del crimen organizado.
“Por ejemplo, una guatemalteca, Liliana, compartió con IMUMI que luego de huir de una relación violenta con su esposo, fue secuestrada por un grupo de hombres en Tijuana. Mientras ella estaba retenida, escuchó a los hombres haciendo arreglos por teléfono para explotarla sexualmente”.
Elementos de la Guardia Nacional también abusan de las migrantes
Otro caso que enciende las alertas sobre la situación que viven las mujeres migrantes son los abusos que sufren en los centros de detención cuando son deportadas de Estados Unidos a México.
En ese sentido, IMUMI documentó el caso de dos mujeres hondureñas que fueron abusadas sexualmente por elementos de la Guardia Nacional, en Chihuahua y luego deportadas de México antes de que pudieran hacer una denuncia:
“Una mujer hondureña, Jessica, en el centro de detención de la Ciudad de México describió a IMUMI cómo ella y una amiga fueron detenidas por la Guardia Nacional en Ciudad Juárez luego de ser expulsadas de EU. Los agentes abusaron sexualmente de ambas. Permanecieron detenidas en Ciudad Juárez durante dos meses antes de ser trasladadas a la Ciudad de México. Las mujeres fueron deportadas de México antes de que tuvieran la oportunidad de presentar una denuncia contra los agentes”.
De acuerdo con IMUMI, en México, las mujeres latinoamericanas son constantemente discriminadas y abusadas por empleadores, arrendatarios, agentes de policías municipales, del Instituto Nacional de Migración, la Guardia Nacional; también se sabe de casos en los que fueron víctimas de autoridades de salud, educativas y, en general, por la población mexicana.
Sin embargo, es imposible conocer el tamaño del problema, debido a que en nuestro país más del 98% de los crímenes sexuales no se denuncian penalmente, según datos de la organización México Evalúa.
Los centros de detención sin cupo arrojan a las mujeres a la calle
Otra denuncia que se destaca en el informe de IMUMI y WRC es que se tiene reportes de que, cuando los centros de detención de mujeres deportadas llegan a su límite de capacidad, muchas de ellas son arrojadas a su suerte en el lado mexicano.
“La capacidad limitada de los albergues en las ciudades fronterizas del norte de México ha dejado a muchas mujeres durmiendo en las calles y en condiciones precarias, incluso en los campamentos informales de carpas en Tijuana y Reynosa”.
Además de ser obligadas a sobrevivir a la intemperie, esto aumenta las posibilidades de que sean las migrantes sean víctimas de delitos, no sólo por parte de los agentes fronterizos, sino también del crimen organizado.
Traficantes de personas, explica el estudio, merodean esas zonas para raptar mujeres, violarlas (algunas veces, incluso frente a sus hijos) o explotarlas sexualmente.
Autoridades migratorias en México no protegen a las víctimas
En otro caso documentado por IMUMI se explica cómo una mujer hondureña fue engañada por supuestos empleadores en Chiapas que la explotaron sexualmente y que a pesar de haber pedido apoyo a las autoridades fue expulsada del estado.
“A una mujer hondureña le ofrecieron un trabajo en Chiapas, México, que resultó ser un engaño para traficarla. Después de seis meses de sufrir abusos sexuales rutinarios, escapó.
Pero a pesar de que ella denunció el crimen, las autoridades no la protegieron ni investigaron el crimen, obligándola salir del estado y buscar protección por su cuenta”.
Como esa situación, IMUMI ha investigado otras, en las que migrantes huyen de sus países de origen para escapar de la violencia, pero al entrar al territorio nacional son secuestradas por grupos delictivos, particularmente por los Mara Salvatrucha en el sur de México.
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