El lunes 10 de enero, al ganar las elecciones del pasado noviembre, Daniel Ortega tomó posesión de la presidencia de Nicaragua junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, por cuarto mandato consecutivo. Este se convierte en el quinto periodo presidencial de Ortega (El primero en la década de los 80; y posteriormente retornó al poder en 2007 hasta hoy en día).
Al final del conteo, el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua registró que aproximadamente el 75% de los votos le otorgaron a Daniel la quinta victoria, pero muchas dudas, contradicciones y críticas políticas han surgido alrededor de este resultado.
Analistas políticos nacionales e internacionales, y mandatarios de diversos países, han criticado la victoria y consideran que si bien el porcentaje es dudoso por sí mismo, éste es también consecuencia del régimen dictatorial y la persecución política que maneja Ortega.
Bajo estrategias restrictivas y de censura, y mediante el argumento de que “conspiran contra el país, conspiran para derrocar al gobierno”, en camino a las elecciones, Ortega ordenó encarcelar a 7 líderes opositores -y potenciales candidatos a la presidencia- tras haberlos calificado como “criminales que traicionan y amenazan a la soberanía del país”.
Además, también se hicieron presentes cientos de casos de exilio, persecución política, censura mediática y encarcelamientos periodistas de la disidencia; mismos a quienes el mandatario acusó de “terroristas” e instigadores en su contra.
Incluso los ciudadanos nicaragüenses reconocen que en las últimas elecciones fue eliminada la justicia y cualquier práctica democrática, ya que no hubo posibilidad alguna de participación ciudadana en las decisiones gubernamentales, ni pluralidad entre candidatos elegibles.
Europa lo considera un dictador
Ante la situación, varias naciones y organizaciones del mundo han emitido comunicados y críticas hacia la dupla Ortega-Murillo con la esperanza de frenar la dictadura que se vive en el país. Entre estos se encuentran los Estados Unidos, la Unión Europea y grupos defensores de derechos humanos.
Joe Biden, presidente de Estados Unidos, declaró que Ortega y Murillo llevaron a cabo “elecciones pantomimas que no fueron ni libres ni justas”; además, solicitó que se restaure la democracia en el país y se libere a los opositores detenidos.
Impuso también una sanción al mandatario y la vicepresidenta en la que restringe y suspende el ingreso a Estados Unidos a miembros del Gobierno de Nicaragua hasta que no exista un cese en la violación de derechos humanos.
Al mismo tiempo, La Unión Europea mencionó que las elecciones del pasado noviembre carecían de garantías democráticas y legitimidad. Tras la restricción de participación opositora, añadió también que ahora el país se ha convertido en un “régimen autocrático”.
Finalmente exigieron al dictador Daniel Ortega “devolver la soberanía de Nicaragua a los nicaragüenses, a quienes por derecho les pertenece”.
Ortega respondió a las declaraciones de la Unión Europea tachando de “colonialistas, criminales y esclavistas” el día de su discurso de toma de posesión.
En medio de la crisis, es evidente el rechazo por parte de la comunidad internacional –y la mayoría de los líderes de América Latina–, al resultado de las elecciones que le otorgaron la victoria a Daniel Ortega.
AMLO no quiso ofender a Daniel Ortega
México, por su parte, ha presentado una serie de controversias en cuanto a su participación y/o apoyo a los resultados de las elecciones nicaragüenses y la toma de protesta.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), encabezada por Marcelo Ebrard, informó días antes que se había tomado la decisión de no enviar a ningún representante mexicano. Esto luego que diversos órganos internacionales criticaran el respaldo de México a los resultados de la reelección.
Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó esto y ordenó a la SRE enviar a un funcionario a la toma de protesta para la Presidencia de Nicaragua.
López Obrador, en la conferencia mañanera del 10 de Enero, mencionó que de no acudir algún representante del gobierno mexicano, no se estaría respetando la “política de la autodeterminación e independencia de los pueblos”; además que el país tiene “buenas relaciones con todos y no queremos ser imprudentes” al no asistir al evento.
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