martes, mayo 17, 2022

Ejército y Marina siempre supieron dónde estaban los 43 de Ayotzinapa

El GIEI publicó un Tercer Informe sobre el Caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa en donde se reveló información que fue ocultada por años por el Ejército y la Marina.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) señaló que las diligencias realizadas por la Secretaría de Marina (Semar) eran «hasta ahora desconocidas», además de no existir constancia de ellas «en ninguna parte del expediente de investigación de la Procuraduría General de la República (PGR)».

También indicó que los elementos de la Semar estuvieron en el basuero de Cocula horas antes de que llegara personal de la PGR, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

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Aunque el documento presentado por el GIEI es muy extenso, en resumen se puede destacar que el gobierno federal sabía mucho acerca de los 43 estudiantes normalistas antes, durante y despúes de la desaparición. También se deduce que el Estado ocultó información para construir su «verdad histórica»:

  1. Cuatro días antes de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, la Comandancia de la 35 Zona Militar ordenó a todos los batallones de Guerrero que dieran seguimiento a los estudiantes.
  2. Al menos 3 agentes de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) estaban infiltrados en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
  3. Autoridades policiales y militares mantuvieron un monitoreo pormenorizado de los estudiantes durante los hechos de desaparición forzada, incluyendo intercepción de comunicaciones en tiempo real.
  4. Toda la información de inteligencia con que contaban las fuerzas armadas no fue compartida a las autoridades encargadas de la búsqueda e investigación. Se ocultó esta información por años por parte de Sedena y organizaciones de inteligencia, pese a la orden ejecutiva del presidente López Obrador para abrir la información.
  5. El Ejército y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) intervinieron ilegalmente las comunicaciones de varios actores claves en los hechos, incluso cuando estaba ocurriendo la desaparición forzada. La información nunca fue compartida con las autoridades de búsqueda e investigación.
  6. A pesar de reiteradamente negar su existencia, el Ejército sí llevó a cabo investigaciones paralelas sobre los hechos. A la fecha sigue ocultando el acceso a esas investigaciones.
  7. Un dron de la Marina grabó como al menos 12 de sus elementos alteraron el basurero de Cocula justo antes de la llegada del  entonces proucrador Jesús Murillo Karam el 27 octubre de 2014. Manipularon bultos, iniciaron una hoguera y contaminaron la escena.
  8. También se difundieron imágenes en 3D para explicar el minuto a minuto de estas diligencias, agrupadas en seis eventos que iniciaron cerca de las 6:30 horas y se extendieron hasta las 12:00 horas con la llegada de peritos de la PGR y el EAAF, cuyas investigaciones se alargaron ese día hasta las 17:30 horas.
  9. El acta de búsqueda y recolección de indicios en el Río San Juan (de donde se extrajo una bolsa con restos óseos) fue falsificada. La firmó una agente del ministerio público que ni siquiera estaba en Cocula.
  10. El GIEI concluye que la tortura fue una práctica sistemática para obtener declaraciones que sustentaran la «verdad histórica». En esas torturas participaron la PGR (ahora FGR), el CISEN, la Semar y la Policía Federal.

 

La «verdad histórica» de Murillo Karam y Peña Nieto

Este informe del GIEI se une a la desmantelada versión del entonces procurador Jesús Murillo Karam, la cual señala que el basurero de Cocula fue el sitio en donde integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos llevaron a los 43 normalistas de Ayotzinapa para asesinarlos y después incinerar sus cuerpos.

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La «verdad histórica» sobre Ayotzinapa no es real. Hay demasiados elementos que lo demuestran. Foto:  Capturta de pantalla.

Esta «verdad histórica» del gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto fue cuestionada por el GIEI y el EAAF, así como por varios colectivos y otros grupos de expertos. Pese a ello, las autoridades de la administración anterior y las de este gobierno han insistido en su veracidad.

Ante esta situación, la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) llamó al gobierno de México a cumplir con las recomendaciones que el GIEI realizó en su Tercer Informe, respecto a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El representante de la oficina en México, Guillermo Fernández-Maldonado Castro, detalló que sigue pendiente la respuesta del paradero de los estudiantes, a siete años y seis meses de su desaparición el 26 de septiembre de 2014.

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Castro añadió que el Estado mexicano tiene la obligación de esclarecer los hechos y resarcir el daño a las familias. También subrayó que el compromiso del presidente López Obrador y del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas ha sido fundamental para la investigación del caso.

Alberto Zárate
Alberto Zárate
Orgullosamente UNAM. FES Aragón: Comunicación y Periodismo. Reportero melómano, fotógrafo callejero y amante de la cultura pop. Cine, conciertos, viajes, comida, bicicleta y patines. Si quieres hablar de viajes en el tiempo manda un DM.

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