Por primera vez en la historia del país casi mil personas privadas de la libertad pudieron ejercer su derecho al voto en las elecciones de este año. Esto se logró gracias a un programa piloto del Instituto Nacional Electoral (INE), el cual fue realizado en cinco centros federales de readaptación social y podría volver a repetirse en próximos comicios.
Quienes pudieron votar son 898 personas que se encuentran en prisión preventiva y los primeros resultados de este ejercicio favorecieron mayormente a Morena y al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Según el artículo 38 de la Constitución Política, las personas ya sentenciadas por un delito pierden todos sus derechos, incluidos los político-electorales, sin embargo, quienes se encuentran en prisión preventiva aún son investigados y son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
El Observatorio de Elecciones y Derechos Políticos en Prisión, conformado por diversas organizaciones sociales como CEA Justicia Social, informó que de las 898 personas que votaron el 39 por ciento dio su apoyo a Morena, el 30.3 por ciento al PRI, el 10.4 por ciento a Movimiento Ciudadano (MC); 9.9 por ciento al Partido Acción Nacional (PAN); 2.1 por ciento al Partido de la Revolución Democrática (PRD); 1.9 por ciento al Partido Verde Ecologista de México (PVEM); 1.6 por ciento al Partido del Trabajo (PT), y menos del 1 por ciento obtuvieron el resto de los institutos políticos que participaron.
El pasado 3 de febrero el INE aprobó llevar a cabo la prueba piloto del voto en prisión con miras a extender este ejercicio en las elecciones presidenciales del 2024. “Aunque se trata de un programa piloto, los resultados serán vinculantes y servirá de base para ver si podemos generalizar el ejercicio para próximos procesos electorales”, señaló la consejera Dania Ravel durante la sesión extraordinaria donde se confirmó la realización del ejercicio.
Las cárceles federales número 11 en Sonora; 12 en Guanajuato; 15 en Chiapas; 16 en Morelos, y 17 en Michoacán fue donde se llevó a cabo la votación.
Este primer ejercicio electoral estuvo vigilado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y por organizaciones sociales, aunque a estas últimas no se les permitió el acceso a los centros de reclusión durante la jornada electoral.
Por este motivo, luego de realizarse las votaciones, el Observatorio de Elecciones emitió tres recomendaciones al INE para mejorar los siguientes procesos. En primer lugar se pidió que se contemplen las figuras de “observadores electorales” para que en próximos comicios la sociedad civil pueda atestiguar la emisión de los sufragios.
De igual forma se recomendó ampliar la información de las propuestas electorales a las personas privadas de la libertad, pues en esta ocasión sólo tuvieron acceso a un documento donde se resumían los compromisos de los partidos políticos en caso de ganar.
Y por último, se recomendó que en los próximos comicios se entregue a las personas privadas de la libertad no sólo la información sobre las propuestas de los partidos políticos en sus estados, sino los compromisos particulares de cada candidato.
“La restitución del derecho al voto de personas en prisión preventiva implica una oportunidad para visibilizar las necesidades y problemáticas de las personas en conflicto con la ley, quienes viven en situaciones de alta vulnerabilidad, así como para romper con las condiciones de exclusión en las que históricamente han vivido estas personas, sus familias y comunidades”, señaló el Observatorio de Elecciones en un comunicado.
Por su parte, la CNDH, que sí pudo ingresar a los centros de reclusión para vigilar el ejercicio, informó que durante la jornada electoral no se presentó ningún incidente de seguridad y las personas privadas de la libertad pudieron emitir su voto de manera libre y secreta.
Cabe señalar que las elecciones en prisión no se realizaron el 6 de junio como en todo el país, sino a mediados de mayo para que la jornada se pudiera realizar sin contratiempos. Lo que sí se hizo el 6 de junio fue el conteo de los votos.
“La CNDH reconoce que el ejercicio democrático que se desarrolló constituye un avance fundamental para reducir al mínimo las diferencias entre la vida en prisión y la vida en libertad”, expresó el organismo nacional en un comunicado de prensa.