El periódico El Financiero, propiedad de Manuel Arroyo, recibió un crédito por 100 millones de dólares por parte de Nacional Financiera, anunció Andrés Manuel López Obrador.
Durante la conferencia matutina del 8 de septiembre señaló que la declaración de Emilio Lozoya Austin, quien fue director de Petróleos Mexicanos y es investigado por enriquecimiento ilícito, revela un préstamo millonario de la Banca de Desarrollo.
“El señor Lozoya tiene una parte en donde dice que por instrucciones de arriba dan un crédito a un periódico de 100 millones de dólares” explica López Obrador.
“Lo voy a decir porque está en la declaración, es público, al Financiero la Banca de Desarrollo, banca pública le otorga un crédito al financiero de 100 millones de dólares”.
De acuerdo con lo mencionado en la conferencia de prensa matutina, el presidente consultó con NAFIN para corroborar si el crédito efectivamente fue otorgado, algo que se confirmó. El crédito fue por un aproximado de 2 mil 400 millones de pesos.
“Si el presidente no lo sabía, qué lo van a saber la mayoría de los mexicanos” mencionó AMLO.
Por otro lado, esta mañana durante la conferencia matutina se anunció que el gobierno federal iniciará una auditoría a toda la banca de desarrollo para detectar irregularidades ya que en sexenios anteriores se utilizó a este sector para financiar, empresas irregulares, como la planta de Etileno XXI otorgado e a la empresa Odebrecht.
“Son 100 millones de dólares de crédito otorgado a El Financiero por Nacional Financiera, creo fue en 2015 y al parecer dejaron en garantía edificios del periódico; por primera vez se va a llevar a cabo una auditoría a toda la banca de desarrollo”, destacó AMLO en conferencia mañanera.
La auditoría incluirá a Nacional Financiera, Bancomext y a la Financiera Rural.
Nacional Financiera (NAFIN) es una institución de banca de desarrollo que promueve, entre otras cosas, el acceso de las pequeñas y medianas empresas a servicios financieros con el propósito de impulsar la creación de proyectos sustentables.
Es decir, apoya a los negocios pequeños para que puedan generar sus propios recursos, por ejemplo, brinda apoyos a jóvenes empresarios y a mujeres empresarias. Facilitan acceso a micro, pequeñas y medianas empresas del país. NAFIN desde 1989 otorga créditos además ser un agente financiero del gobierno federal.
Otras irregularidades
Pero esta no es la primera irregularidad que se detectó en las empresas que son propiedad de Manuel Arroyo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
En la edición 2273 del semanario Proceso, el reportero Mathieu Toiliere publicó el reportaje “El delito como negocio público y privado” el pasado 24 de mayo.
Ahí reveló que Enrique Peña Nieto le entregó a Manuel Arroyo, dueño del periódico El Financiero, un contrato por casi 4 mil millones de pesos para terminar de construir una cárcel en Papantla, Veracruz, y operarla hasta el año 2042. Esto sucedió unos días después de las elecciones de 2018 en las que Andrés Manuel López Obrador fue electo como presidente.
De acuerdo con el reportaje, la empresa Servicios, Infraestructura y Tecnología Papantla, SA de CV fue contratada sin licitación aunque había sido creada apenas unos días antes, el 11 de junio de 2018. A pesar de ser una empresa de reciente creación, tenía como socios a Grupo Lauman Holdings y Comtelsat, empresas que son propiedad de Manuel Arroyo.
En mayo de 2012, García Luna otorgó un contrato por 773 millones a la empresa Comtelsat para colocar cámaras en las cárceles federales, pero seis años después la Auditoria Superior de la Federación detectó irregularidades en la operación de esta empresa y solicitó sanciones.
En abril de 2019 la administración del gobernador morenista Cuitláhuac García presentó una denuncia penal en contra Miguel Ángel Yunes, exgobernador, y personal de su administración porque descubrieron que durante su gestión también había contratado servicios de la empresa Comtelsat, de acuerdo con una nota publicada en El Universal.
En esa ocasión, el gobierno estatal había firmado un contrato por más de mil millones de pesos para colocar el Sistema Estatal de Videovigilancia, mismo que no entró en operación.
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