El desafuero político es un acto que está regido por la Constitución Mexicana y que tiene el propósito de remover la inmunidad de un funcionario público de ser juzgados ante las autoridades correspondientes, encargadas de arbitrar los posibles delitos cometidos durante el desempeño de su cargo.
¿Quienes pueden ser desaforados?
Según la Carta Magna, los funcionarios que podrán ser sujetos de juicio político son:
- Senadores y diputados al Congreso de la Unión.
- Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Consejeros de la Judicatura Federal.
- Fiscal General de la República.
- Consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral.
- Magistrados del Tribunal Electoral.
- Diputados locales.
- Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales.
- Miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía.
Para conocer todo el listado consulta el artículo 110, da clic aquí.
Los funcionarios públicos solo podrán ser sujetos de juicio político si cometieron alguna violación grave a la Constitución y a las leyes federales, manejo indebido de fondos y recursos federales, en este último la resolución únicamente será declarativa, es decir, la decisión del juez o tribunal reconoce el hecho y solo se comunicara a las legislaturas locales para que procedan como corresponde.
Una vez que los servidores públicos hayan sido desaforados, las sanciones podrán ser la destitución e inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier tipo. Para aplicar una sanción la Cámara de Diputados debe presentar la acusación ante la Cámara de Senadores y contar con la mayoría absoluta del número de miembros, conocer los hechos para poder dictar una sentencia y haber realizado una audiencia del inculpado.
Posteriormente, la Cámara de Senadores (conformada por 128 miembros) aplicará la sanción correspondiente que será puesta a votación y deberá contar con la participación mínima de dos terceras partes de los miembros presentes en esa sesión. Las declaraciones y resoluciones de la Cámara de Diputados y Senadores no pueden ser modificadas.
Proceso penal para ser desaforado
El proceso penal para perder el desafuero político dependerá de la Cámara de Diputados y de la mayoría absoluta de los miembros que se encuentre en la sesión ya que serán ellos quienes deciden si se procede o no contra el inculpado,
Si la Cámara vota que no, el procedimiento será suspendido, pero la imputación -sospecha de haber cometido un delito- podría continuar cuando el funcionario haya concluido su gestión. Por otra parte, si los diputados deciden que la investigación o acusaciones procedan entonces la persona quedará a disposición de las autoridades y de la ley.
Proceder penalmente ante un presidente dependerá de los términos establecidos en el artículo culo 110, es decir, la Cámara de Senadores y de Diputados serán las encargadas de votar, pero si no se obtiene la mayoría absoluta entonces la acusación no procederá.
Desafuero de AMLO
El 18 de mayo de 2004, la Procuraduría General de la República encabezada por Rafael Macedo de la Concha solicitó el desafuero en contra del entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador.
Está solicitud se realizó debido a que el jefe de Gobierno había violado la suspensión de un amparo que se realizó desde el 2001, un juez había ordenado frenar la construcción de un camino que comunicaría el predio El Encino con el Hospital ABC en Santa Fe.
Casi un año después de la solicitud de la PGR, los legisladores de Partido Acción Nacional y Partido Revolucionario Institucional aprobaron iniciar el proceso de desafuero en contra de López Obrador, esta acción se realizó rumbo a las elecciones presidenciales de 2006.
El discurso que López Obrador pronunció hace 18 años señaló que el desafuero “había sido tramado desde Los Pinos […] acusó al ciudadano presidente de la República Vicente Fox Quesada de estos procedimientos deshonrosos para nuestra incipiente democracia”.
Aunque la PGR solicitó que se iniciara el proceso penal contra AMLO por el probable delito de abuso de autoridad pero el “problema” fue resuelto por dos diputados del PAN quienes pagaron la fianza del jefe de Gobierno para evitar que fuera a la cárcel, por lo tanto, continuó el proceso legal en libertad.
En repetidas ocasiones el pueblo se manifestó en contra del desafuero de López Obrador es por ello que el presidente Vicente Fox aceptó la renuncia del procurador Rafael Macedo y enfatizó que en su gobierno no se impediría la participación de nadie en la próxima contienda electoral. Es por ello que envió una iniciativa al Congreso de la Unión para mantener la vigencia de los derechos políticos de AMLO durante el resto de su cargo de jefe de Gobierno.
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