Se dice que Voltaire advirtió que quien pueda hacerte creer tonterías, puede hacerte cometer atrocidades. Dos siglos y medio después, la insurrección en el Capitolio de los Estados Unidos de los que creyeron las mentiras de Donald Trump confirmó la tesis de Voltaire. Y ahora, la nueva mayoría republicana en la Cámara de Representantes está haciendo todo lo posible por «inundar» el panorama informativo con más tonterías.
La prueba principal es la creación de una nueva subcomisión de la Cámara que investigará la «instrumentalización» de las agencias del gobierno federal y supuestamente demostrará cómo el Partido Demócrata las usó para perseguir a los republicanos y a sus simpatizantes. Trump siempre hizo acusaciones similares, y ahora Jim Jordan, miembro de la Cámara de Representantes por Ohio y presidente de la nueva subcomisión, montará un espectáculo de «investigar» a las agencias policiales y de inteligencia.
Entre otras cosas, Jordan afirma que la investigación del FBI por amenazas de muerte contra miembros de juntas escolares en diversas localidades fue en realidad un intento encubierto de destruir el derecho a la libertad de expresión de los padres. Esta acusación ya ha sido totalmente refutada, pero es de prever que la subcomisión revivirá las viejas teorías que hablan de conspiraciones de un «Estado profundo» contra Trump (teorías que aún pasan por verdad sagrada para una cantidad sorprendente de votantes republicanos).
Por supuesto que en un sistema constitucional basado en la separación de poderes, las investigaciones del Congreso son cruciales para una supervisión efectiva del poder ejecutivo. Pero muchos republicanos hoy admiten que en realidad, su objetivo no es asegurar un buen funcionamiento de las instituciones de gobierno. Todavía resentidos por las numerosas investigaciones de los vínculos de Trump con Rusia, por los dos juicios políticos en su contra y por el informe condenatorio de la comisión que investigó lo sucedido el 6 de enero, los líderes republicanos de la Cámara han dejado en claro que lo que quieren es venganza.
Jordan también apuntará su ira al Departamento de Justicia y a la comunidad de inteligencia, continuando así lo hecho por la administración Trump. En octubre de 2020 (justo antes de la derrota de Trump en su intento de reelección), el procurador general William Barr designó a John Durham como fiscal especial para que indagara en supuestas conspiraciones de la CIA y del FBI contra Trump. Tres años y 6,5 millones de dólares después, Durham sólo pudo mostrar un único ilícito de un abogado del FBI (sentenciado a libertad condicional con servicio comunitario).
Aun así, los republicanos de la Cámara no se rindieron, y sin obligación de probar sus argumentos en los tribunales, están decididos a continuar la investigación. Pero más allá de generar un show televisivo y declaraciones efectistas para recaudar fondos de los simpatizantes del partido, no está claro lo que quieren lograr.
Una posibilidad es que sólo sea una maniobra de distracción contra la aparición de más noticias que perjudicarán a Trump. No hay que olvidar que Jack Smith, el fiscal especial nombrado por el procurador general actual, está investigando los intentos de Trump de anular el resultado de la elección de 2020. Y falta poco para que Fani Willis, la fiscal de distrito del condado de Fulton (Georgia), decida si acusará formalmente a Trump de presionar a funcionarios electorales del estado para que le «encontraran» más votos en 2020.
Por desgracia, las «investigaciones» de los congresistas republicanos tendrán un costo para el país. Incluso acusaciones falsas pueden debilitar la confianza pública en las agencias policiales y de inteligencia federales. El apoyo público al FBI y a la CIA se derrumbó durante el único período presidencial de Trump (sobre todo entre los republicanos) y Trump no ha dejado de atacar a la comunidad de inteligencia por revelar las interferencias rusas a su favor en 2016.
En el caso del FBI, la confianza pública se recuperó el año pasado entre los demócratas, pero sigue igual entre los republicanos. De todas las agencias federales, el FBI hoy es la que genera más diferencias de opinión entre los partidos. Esta clase de polarización es muy peligrosa para la seguridad interna. El trabajo del FBI, como el de cualquier organismo de policía, depende de la cooperación pública. Revivir acusaciones y teorías conspirativas, ya refutadas, sobre presuntas maquinaciones del FBI dificultará su tarea. Peor aún, movilizará a la extrema derecha violenta estadounidense.
Tal vez de eso se trate. Pintando al FBI como el enemigo, los republicanos de la Cámara desviarán la atención del creciente problema del extremismo interno. Según el Departamento de Seguridad Nacional, el FBI y una investigación del Senado que llevó tres años, la principal amenaza terrorista del país hoy son los nacionalistas blancos y otros grupos de ultraderecha.
Estos grupos se están convirtiendo en sinónimo de la base republicana. De los creyentes en la teoría QAnon a milicias como los Proud Boys y los Oath Keepers, el acercamiento de Trump a la ultraderecha introdujo el extremismo radical en el Partido Republicano. Aunque los líderes del partido sigan condenando de palabra el supremacismo blanco, el antisemitismo y la violencia política, se mantienen fieles al hombre que invitó a estos elementos al partido. Un buen ejemplo lo dan las tibias críticas de la dirigencia republicana a la cena de Trump en noviembre con el supremacista blanco Nick Fuentes.
En un testimonio que dio el año pasado ante la comisión que investigó los hechos del 6 de enero, Rachel Kleinfeld (de la Fundación Carnegie) expuso el riesgo que las teorías conspirativas y los coqueteos con la ultraderecha del Partido Republicano plantean a la democracia estadounidense. Según sus investigaciones, entre 2016 y 2021 la cifra anual de amenazas contra congresistas se decuplicó (hasta 9600). En las once semanas transcurridas entre el día de la elección en 2020 y la asunción de Biden en enero de 2021, la presencia de participantes armados en manifestaciones políticas creció un 47% en comparación con las once semanas anteriores.
El incremento de la violencia política no se limita a la capital en Washington. Según Kleinfeld, las protestas con armas en las legislaturas de los estados crecieron casi un 20% entre 2020 y 2021, y la participación de grupos paramilitares creció un 96%. Que haya manifestantes armados o milicias paramilitares ilegales es más de cuatro veces más probable en las protestas «Stop the Steal» («detengan el robo», contra el presunto fraude electoral en 2020) que en otras manifestaciones. Esta respuesta en el nivel nacional de los extremistas de derecha a las falsas afirmaciones de fraude habla por sí misma.
Hay que ver hasta dónde llegarán los congresistas republicanos. Harían bien en reflexionar sobre la suerte que corrieron sus predecesores hace setenta años. En 1954, el Senado censuró al senador republicano Joseph McCarthy, presidente de su Subcomisión Permanente de Investigaciones, por lanzar acusaciones y afirmaciones infundadas y difamaciones en el sentido de que el gobierno estaba infiltrado por comunistas.
Parece que la Cámara bajo control republicano está dispuesta a repetir la historia. Lamentablemente, esto será perjudicial para la democracia y la seguridad nacional de los Estados Unidos.
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