La consulta de libros en las bibliotecas públicas de México se encuentra en una gran incertidumbre. Algunas firmas editoriales señalan que este sistema incurre en violaciones al copyright. Mientras que organizaciones civiles argumentan que debe haber excepciones en estas reglas para no bloquear a la población el acceso a la cultura.
En junio de este año, la pelea por la consulta pública de libros en México se acrecentó. Un fallo de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la Biblioteca de México, la Biblioteca Nacional y la Biblioteca del Congreso, deben contar con una autorización especial de las empresas editoriales para poder digitalizar y poner a consulta los libros y materiales que resguarda.
Por varios meses, compañías editoriales y en especial la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM) han promovido restricciones al acceso a los libros en bibliotecas públicas.
Por ahora, las bibliotecas pueden seguir con el préstamo de libros tal y como siempre ha sido. El tema que se debate es la consulta pública de materiales de reciente lanzamiento.
Cómo surgió el pleito de la consulta de libros en bibliotecas públicas
A mediados de 2021, se aprobaron modificaciones a la Ley General de Bibliotecas, en las que se estipuló que todas las editoriales y productoras de música y cine debían entregar seis ejemplares de todas las obras publicadas para su conservación y consulta pública en la Biblioteca de México, la Biblioteca Nacional y la Biblioteca del Congreso.
La CANIEM protestó en contra de la medida y consideró que poner a consulta pública digital los nuevos títulos de una editorial dañaba a la industria y era una agresión contra el copyright, así que llevaron el caso a juicio.
Es decir, no estaban en contra de entregar dos ejemplares a cada una de las tres grandes bibliotecas de México, sino de cómo se manejaría la consulta pública digital de estos materiales.
Tras un año de largos procesos y debates, SCJN finalmente falló a favor de las editoriales y determinó que las tres bibliotecas mencionadas sí debían recibir los seis ejemplares que solicita, pero que no debían ponerse a consulta pública sin autorización especial de las editoriales y autores de las obras.
Sin embargo, organizaciones civiles afirman que la CANIEM busca ir un poco más lejos e intentar llevar estas restricciones a las más de 7 mil bibliotecas públicas del país.
En un boletín de prensa publicado en sus redes sociales oficiales el 26 de junio de este año, tras el fallo de la SCJN, señalaron que las apelaciones fueron hechas por más de 80 autores y compañías editoriales del país y defendieron su postura acerca de la consulta libre de los nuevos materiales.
🛑⭕️COMUNICADO DE PRENSA:
Bibliotecas depositarias no podrán poner las obras y producciones para consulta pública, sin la previa autorización de los titulares de derechos de autor: @SCJN pic.twitter.com/fD5DDfqVCi
— CANIEM (@CANIEMoficial) June 22, 2022
La organización Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) considera que debe haber excepciones en el tema de derechos autor para las bibliotecas públicas, debido a que restringir la consulta libre es también una manera de violentar los derechos de acceso a la cultura de la población.
“A pesar de que la Segunda Sala determinó la constitucionalidad del depósito legal, lamentablemente no ponderó el derecho de acceso a la cultura y validó que los titulares de derechos de autor deben autorizar previamente la consulta pública de las obras en resguardo, lo que amenaza sustancialmente la labor de las bibliotecas y el derecho de acceso al conocimiento de la población; y puede fomentar el incremento del hostigamiento legal por parte de los grandes titulares de derechos de autor en contra de las bibliotecas”, señala un comunicado al respecto.
En una entrevista con Animal Político, Luis Fernando García, director de R3D dijo que aunque la sentencia de la SCJN afecta únicamente a las tres bibliotecas depositarias del país, esto abre la puerta a que compañías editoriales busquen interponer multas a otros recintos que no cuenten con los permisos especiales para resguardar, exhibir, poner en consulta y prestar libros de manera libre.
R3D sugiere analizar casos internacionales, particularmente de Estados Unidos, Canadá, Australia y Polonia, en los que las bibliotecas públicas no deben tener autorizaciones especiales de las editoriales para cumplir con su labor de preservación y difusión de la cultura.
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