Tras las noticias de las detenciones de dos de los funcionarios más importantes, y quienes hoy por hoy enfrentan cargos por crímenes en contra del Estado, se ha denunciado que reciben tratos especiales dentro de las cárceles.
El ex director de PEMEX, Emilio Lozoya Austin y el ex procurador de la PGR, Jesús Murillo Karam, fueron detenidos por haber cometido crímenes que afectaron directamente al funcionamiento de Estado. Mientras que el primero fue ingresado el prisión preventiva por el caso Odebrecht, Karam fue culpado por tortura y desaparición forzada en el caso Ayotzinapa.
Y aunque parecería que ambos llevan un proceso en prisión tal cuál como lo llevaría un civil inculpado, se ha denunciado que han recibido una serie de protecciones y tratos especiales por su anterior posición dentro de los cargos públicos y/o de poder institucional.
Emilio Lozoya seguirá en prisión, temen que se fugue
Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue ingresado en el Reclusorio Norte desde noviembre de 2021 por los cargos de Corrupción, lavado de dinero, tráfico de influencias y crimen organizado. Esto tras comprobarse su participación en el caso ‘Odebrecht’, uno de los crímenes de corrupción más grandes en la historia reciente de América Latina.
Tras estar recluido desde hace casi 10 meses, el manejo de Lozoya dentro del Centro Penitenciario ha sido cuestionado por varios analistas ya que aseguran que ha recibido atenciones y facilidades distintas a la de la demás población carcelaria dadas sus influencias y poder público.
Una de las principales críticas ha sido el hecho de que aún se le considera totalmente poseedor de su capital, e incluso se determinó recientemente que continuaría en prisión dado que la cantidad de dinero con el que cuenta fuera, puede ser más que suficiente para fugarse.
En caso de dictaminarse que Emilio Lozoya continúe su condena en libertad, existe el temor por parte de las autoridades que con recursos económicos suficientes y una red familiar de apoyo, pueda fugarse y se convierta en un perseguido por el estado mexicano y los gobiernos internacionales. Es por esto que si bien se le ha dado -según testimonios- algunos tratos diferenciados, aún continuará tras las rejas por los delitos cometidos.
Por lo que se le acusa al ex presidente de PEMEX (asociación delictuosa, lavado de dinero, y cohecho) las penas máximas sumadas por dichos delitos alcanzan de 35 a 39 años de prisión.
Piden no dejar incomunicado a Murillo Karam y cuidar ‘a toda costa’ su salud
La Fiscalía General de la República informó recientemente que fue detenido el ex procurador de justicia, Jesús Murillo Karam, quien habría liderado la investigación por la desaparición de los 43 de Ayotzinapa.
Tras el caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, las autoridades iniciaron la línea de investigación y resolución. Y después de 8 años, finalmente detuvieron al ex procurador de justicia, Jesús Murillo Karam en su domicilio en la Ciudad de México.
Después de casi 3 días de haber ingresado al Centro Penitenciario Reclusorio Norte, se hizo público el amparo que ordenó un juez federal para proteger y promover ‘a toda costa’ la salud del ex procurador a fin de prevenir un contagio por Covid-19 u otras enfermedades. Además de no dejarlo en ningún momento incomunicado con el exterior.
Un juez federal dictaminó el día de hoy, 22 de agosto por la mañana, un amparo en el que se prohibió en primer lugar, cualquier acto de incomunicación contra el ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, y ordenó además a las autoridades del Reclusorio Norte tomar todas las medidas para garantizar la salud del detenido.
Dentro de este amparo se ordena a todos los directivos del Reclusorio Norte y trabajadores, evitar cualquier acto que pongan en peligro la integridad física y emocional, así como la vida de Jesús Murillo Karam. Principalmente se enfoca en mantener en todo momento las condiciones mínimas de dignidad, sanidad, higiene y conceder todos los tratos humanitarios solicitados por el imputado y su representación legal.
Dentro del comunicado se ordenó que “queda obligado a garantizar, por sí o por conducto de quien corresponda, la salud e integridad física y psicológica, por lo que de manera inmediata deberá tomar todas las prevenciones, acciones y medidas pertinentes para controlar o evitar su contagio (de Covid-19)”.
Aquellas autoridades y/o trabajadores del Reclusorio que no cumplan con estas medidas serán acreedores inmediatamente de destitución e inhabilitación de sus funciones de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos.
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