El regreso de conciertos y espectáculos deportivos a México, luego de casi dos años de pandemia, trajo también la vuelta de los abusos en la reventa de boletos, en las que personas que acaparan las entradas para ofertarlas a través de redes sociales con precios de hasta el 200% más que el costo original.
A pesar de que las principales operadoras de espectáculos y las autoridades federales y locales reforzaron las medidas para impedir esta actividad, resulta casi imposible tener una solución absoluta del problema.
Los revendedores de boletos logran evadir los candados de seguridad que las empresas de espectáculos implementan para eventos de gran interés, como son las filas virtuales de Ticketmaster o el límite de entradas disponibles para vender a un mismo usuario.
En los últimos días, el regreso de los abusos en la reventa de boletos se hizo más grande. En redes sociales, se anuncian entradas para los conciertos de Bad Bunny, Harry Styles, Grupo firme o los festivales Pal Norte 2022 y EDC 2022 con precios de hasta 200% arriba de su valor original.
Lo mismo ocurre con espectáculos deportivos, en los que hubo reportes de personas que acapararon entradas para el Abierto Mexicano de Tenis, la Fórmula 1 o la final de la Liga Mx para venderlas más caras.
Qué dicen las leyes sobre la reventa de boletos en México
En México, la reventa de boletos está en un limbo jurídico. En la mayoría de los estados de la república, esta actividad se considera al nivel de una falta administrativa y no como un delito.
Lo que señalan las leyes locales de las tres ciudades mexicanas más recurrentes para grandes espectáculos es lo siguiente:
- En la Ciudad de México, la Ley de Cultura Cívica establece en su artículo 28 que es motivo de infracción “Ofrecer o propiciar la venta de boletos de espectáculos públicos, con
precios superiores a los autorizados”. - En la ciudad de Guadalajara, el Reglamento de Espectáculos menciona que “también serán responsables las empresas, encargados o promotores de eventos espectáculos, diversiones públicas, bailes y conciertos que intervengan, contribuyan, auxilien o consientan que, por cualquier medio, se lleve a cabo la reventa o alteración de precios de ingreso autorizado“.
- Mientras que en Monterrey, su Reglamento de Espectáculos Públicos establece en su artículo 57 que “No se permitirá la venta de boletos de entrada con sobreprecio a los eventos, espectáculos o diversiones”.
A nivel nacional, el Código Penal Federal no tipifica como delito la reventa de boletos, pero sí la falsificación y la venta de entradas apócrifas.
El artículo 242 indica que se impondrán penas de 3 meses a tres años en prisión y multas de 20 mil pesos a quien “falsifique llaves, el sello de un particular, un sello, marca, estampilla o contraseña de una casa de comercio, de un banco o de un establecimiento industrial; o un boleto o ficha de un espectáculo público”.
Entonces, quién sanciona a los revendedores
Oficialmente, la instancia encargada de elaborar estrategias para evitar estas prácticas es la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
Sin embargo, la única forma de proceder legalmente en contra de un revendedor de boletos es mediante una denuncia en las fiscalías estatales y ministerios públicos.
La Cofece, por su parte, ha trabajado en el tema de la regulación de la reventa por plataformas digitales, como son StubHub o Viagogo, que hasta el momento tienen cierto margen para operar libremente.
Desde el poder legislativo, diferentes diputados y senadores han propuesto elevar esta actividad al nivel de un delito federal. Se han presentado iniciativas al menos desde 2012, pero ninguna llegó a concretarse.
La más reciente, disponible en los archivos del Senado de la República, fue presentada por Ricardo Monreal y se sugiere penar la reventa de entradas ilegales ofertadas en plataformas de Internet, pero no hay más información sobre cómo avanzó la iniciativa.
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