Hace dos años, en un evento al que acudieron representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el presidente Andrés Manuel López Obrador presidió una ceremonia con la que oficialmente inició el despliegue de la Guardia Nacional en el país.
Este cuerpo de seguridad está conformado por elementos del Ejército, la Marina y la extinta Policía Federal, quienes tienen el objetivo de reducir la violencia en México. “Los soldados, los policías, los marinos son pueblo uniformado, ustedes saben bien lo que sucede en nuestro país, conocen la realidad desde abajo, desde las comunidades, los pueblos, las colonias, los barrios de México, saben que es necesario el que logremos la paz, la tranquilidad y de ustedes va a depender mucho”, dijo el titular del Ejecutivo federal en un evento celebrado hace dos años en Campo Marte.
Según el general Luis Rodríguez Bucio, titular de la Guardia Nacional, actualmente hay 99 mil 946 elementos de esta institución en campo, tratando de prevenir y erradicar la inseguridad.
A pesar de esto, los homicidios, las extorsiones y los secuestros se han mantenido, es decir, ni el despliegue de esta institución pudo erradicar estos crímenes.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2019 se registraron 34 mil 681 víctimas de homicidio doloso en el país; en 2020 fueron 34 mil 559, y hasta mayo del 2021 ya van 14 mil 643.
El pasado 23 de junio Datanoticias contabilizó que durante el sexenio del presidente López Obrador han ocurrido por lo menos 45 masacres, empezando por el asesinato de 14 personas que en abril del 2019 estaban en una fista familiar en Minatitlán, Veracruz, y hasta la matanza de siete personas en Salvatierra, Guanajuato, el 21 de junio del 2021.
Dos días después de que este medio publicó su recuento de masacres, un nuevo hecho violento sacudió al país, ahora en Zacatecas, donde un supuesto enfrentamiento entre bandas delictivas dejó 18 muertos.
Las noticias sobre homicidios dolosos no dejan de correr e incluso la organización Causa en Común presentó un informe recientemente, donde señala que en el actual sexenio han ocurrido más de 3 mil hechos “atroces” por los que 6 mil 365 personas han perdido la vida.
Extorsiones y secuestros siguen, pese a Guardia Nacional
Al igual que el delito de homicidio, las extorsiones se mantienen en números altos desde que la Guardia Nacional comenzó sus operaciones.
Según el SESNSP, en 2019 se registraron 9 mil 03 víctimas por este crimen; en 2020 fueron 8 mil 380 y en lo que va del 2021 ya van 3 mil 625. Si la tendencia continúa como ahora, este año superará por lo menos al 2020 en cuanto a personas afectados por la extorsión.
A principios de este año la Auditoría Superior de la Federación (ASF) alertó sobre las deficiencias de la Guardia Nacional. En primer lugar señaló que algunos de sus elementos no habían sido capacitados desde el inicio para realizar su labor y el despliegue de esta institución no se hizo con base a las zonas donde hay más violencia. Al parecer del organismo auditor esto podría provocar que la violencia no sea frenada.
“Si bien la GN se encuentra en etapa de conformación, si no corrige las deficiencias se corre el riesgo de que los elementos responsables de la seguridad pública no cuenten con una formación policial civil, y de que el despliegue de los efectivos no contribuya a la baja de incidencia delictiva en las entidades federativas”, expresó la ASF en su tercer informe de la Cuenta Pública 2019.
Otro delito de alto impacto es el secuestro. En este rubro la cifra sigue siendo alta, pero sí ha habido una disminución en comparación con el homicidio doloso y la extorsión.
Los datos del SESNSP muestran que durante el 2019 se registraron mil 630 casos; en 2020 fueron mil 43 y para el 2021 ya van 324.
Con todos estos números, hace dos semanas y media el presidente López Obrador anunció que la Guardia Nacional seguirá operando e incluso buscará que al final de su sexenio se integre a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El anuncio del presidente ha sido cuestionado por organizaciones sociales, académicos y defensores de derechos humanos, quienes consideran que la integración de esta institución al Ejército no es la clave para acabar con la violencia en el país, sino que eso provocará que las Fuerzas Armadas estén de manera indefinida en las calles.