Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que una de sus prioridades es proteger a las personas que sufrieron algún delito y a sus familias, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ha pasado 17 meses a la deriva y sin un titular en este sexenio.
La CEAV es una dependencia constituida en el 2014 y tiene entre sus funciones prestar asesoramiento jurídico a las víctimas directas e indirectas de delitos federales, así como entregar recursos a las personas afectadas para que puedan recibir atención médica, pagar sus alimentos y la renta del lugar donde viven.
Sin embargo, desde su fundación la CEAV ha recibido críticas por el poco personal con el que cuenta y los bajos recursos con los que opera. Además, en los primeros dos años y medio del gobierno de López Obrador la institución ya sufrió la renuncia de las dos personas que fungieron como sus titulares.
Jaime Rochín, quien desde el 2014 era el encargado de la dependencia, renunció el 7 de junio del 2019, apenas seis meses después de haber iniciado la actual administración. Lo mismo hizo Mara Gómez, quien asumió la titularidad de la CEAV en diciembre del 2019 e hizo formal su salida el 24 de junio del 2020.
Esto quiere decir que la gestión del presidente López Obrador la CEAV ha pasado 12 meses con una persona a su cargo, mientras otros 17 meses ha estado acéfala. Por ahora el Senado de la República continúa con el proceso de selección de un nuevo responsable.
Tanto Jaime Rochín como Mara Gómez se fueron de la comisión haciendo acusaciones sobre el bajo presupuesto que tenía la dependencia y la escasez de personal para atender a las más de 42 mil personas que se encuentran en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi).
Según la plataforma Nómina Transparente, la CEAV cuenta con 399 trabajadores en todo el país, algunos de ellos administrativos y otros abocados a la atención directa de víctimas.
Y a pesar de que las personas afectadas por un delito han ido en aumento año con año, desde el 2019 la CEAV se ha mantenido con el mismo presupuesto de poco más de 740 millones de pesos para realizar su trabajo.
Aunado a esto, el año pasado la Cámara de Diputados aprobó la extinción de 109 fideicomisos, entre los que se encontraba el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI). Este fondo era el que la comisión utilizaba para entregar recursos a las víctimas y sus familiares.
“Se necesita fortalecer a la CEAV”
La política de austeridad impulsada por el gobierno federal ha sido una de las principales causas de la salida de Jaime Rochín y Mara Gómez de la comisión. Ambos exfuncionarios expresaron en sus cartas de renuncia o en comunicados de prensa cómo la limitación de los recursos públicos afectaba el funcionamiento de la dependencia.
Jaime Rochín hizo pública su carta de renuncia el 7 de junio del 2019, donde dijo: “Se requiere reforzar los mecanismos institucionales que las atienden (a las víctimas); no diezmarlos, obligando a racionar el modesto apoyo que hoy reciben. Se necesita fortalecer al equipo de personas asesoras jurídicas preparadas y bien pagadas, en lugar de debilitarlo con medidas administrativas que devienen en la reducción de calidad de la atención de los casos y en el agravamiento del complicado camino de las víctimas hacia la justicia”.
Aunque Jaime Rochín se fue de la CEAV con estas palabras, su gestión había sido criticada con anterioridad por organizaciones de la sociedad civil y familiares de víctimas, quienes acusaron una deficiencia en su forma de operación.
Seis meses después de esto, Mara Gómez asumió la titularidad de la CEAV luego de ser elegida por el Senado de la República. En su presentación la exfuncionaria tuvo el respaldo del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quien tenía confianza en que la abogada pudiera enderezar el camino de la institución.
No obstante, Gómez Pérez también estuvo en la CEAV sólo seis meses. El inicio de su gestión coincidió con el arranque de la pandemia de Covid-19 y con ello el presidente López Obrador ordenó a las dependencias federales no ejercer el 75 por ciento de su presupuesto destinado a los servicios generales y materiales y suministros.
El dinero ahorrado se invertiría en comprar insumos médicos y en la reconversión de hospitales para atender a las personas enfermas.
En un comunicado de prensa fechado el 2 de junio del 2020, la comisión indicó que el decreto de austeridad por la pandemia “frenará sus actividades esenciales y paralizará su funcionamiento”.
Más de dos semanas después de haber emitido este comunicado, y en medio de críticas de colectivos de víctimas por su gestión, Mara Gómez también presentó su renuncia.