El 20 de abril del 2020 el Senado de la República aprobó la primera Ley de Amnistía en el país con el objetivo de sacar de prisión a personas que cometieron delitos no graves y sin violencia, así como despresurizar las cárceles para evitar contagios de Covid-19.
Un año después, la ley aprobada a nivel federal ha tenido una aplicación lenta y opaca según varios reportes de organizaciones sociales. El 22 de abril del 2021 la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que apenas cinco personas privadas de la libertad habían sido liberadas por este mecanismo y 388 casos se mantenían en análisis.
Luego de la aprobación de la Ley de Amnistía en el Senado de la República, al menos otros cuatro estados (Hidalgo, Estado de México, Sinaloa y Tlaxcala) han aprobado sus propias legislaciones, aunque en la mayoría de los casos sin haber concedido liberaciones.
Dentro de estos marcos legales destaca el Estado de México. Según el presidente del Tribunal Superior de Justicia de esa entidad, Ricardo Sodi Cuéllar, hasta el 25 de abril de este año se habían liberado a 50 personas por medio de esta vía.
Es decir, según la información de las autoridades, a nivel local en el Estado de México se ha aplicado la Ley de Amnistía hasta diez veces más que el gobierno federal. Cabe señalar que las autoridades no han actualizado sus cifras para conocer el avance del marco legal.
La Ley de Amnistía mexiquense tuvo la particularidad de que contó con la participación de asociaciones civiles para su construcción e incluso, por su diseño, recibió la felicitación de la Oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
La organización Zeferino Ladrillero, especialista en sistema penitenciario, es una de las ONG que ayudó en la construcción de la ley. En su informe Observatorio de Amnistía Edomex señaló: “El proceso de la Ley de Amnistía del Estado de México se ha caracterizado por la participación importante de la sociedad civil, que logró la promulgación de una ley que contempla un mayor número de delitos y considera urgente amnistiar aquellas personas víctimas de tortura, detención arbitraria, fabricación de delitos, violaciones a los derechos humanos y procesales, así como fallas en el debido proceso”.
A pesar de que se tiene la cifra de 50 personas liberadas en el Estado de México, la sociedad civil ha cuestionado algunos aspectos de la aplicación de la ley. En primer lugar está la opacidad de las autoridades mexiquenses, ya que no han entregado más información respecto a esas cinco decenas de beneficiarios.
Asimismo, las ONG han hecho énfasis en que, según las cifras del tribunal de justicia del Estado de México, son más de 700 personas las que han buscado ser liberadas, por lo que ya se debió haber liberado a más gente.
“Si bien es cierto que, a comparación de la ley federal, la Ley de Amnistía del Estado de México ya proporcionó libertad a algunas personas que la han solicitado, también es cierto que a estas alturas, hubiéramos esperado un número más amplio de beneficiarios”, señaló la asociación Zeferino Ladrillero.
Retos en Ley de Amnistía
El Observatorio de Amnistías, conformado por la organización Zeferino Ladrillero y otras seis asociaciones civiles, ha hecho énfasis en varios retos para la legislación mexiquense. Además de terminar con la opacidad, también están los obstáculos para que las personas realicen sus trámites de liberación.
Específicamente el Observatorio de Amnistías acusa que el Poder Judicial del Estado de México rechaza los trámites de liberación con el argumento de que las copias no son legibles, que los documentos no están en el formato solicitado, que defensores de derechos humanos no pueden ayudar a hacer el trámite y por una falta de coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la entidad.
Pero estos obstáculos no son exclusivos de la ley del Estado de México. La organización Equis Justicia para las Mujeres ha identificado las barreras para aplicar la ley federal que en su momento Ricardo Moreal, coordinador de los senadores de Morena, presumió como un “acto de humanidad” porque supuestamente iba a ayudar a sacar gente de las prisiones en medio de la pandemia de Covid-19.
“Aunque la ley es un poderoso mensaje simbólico para el reconocimiento de las injusticias cometidas contra sectores históricamente vulnerados, su implementación se ha dificultado debido a distintos obstáculos originados desde su propia construcción.
“La Ley de Amnistía aplica sólo para los delitos del fuero federal. La ley excluye los delitos que conllevan prisión preventiva oficiosa. Aun cuando la ley supone el reconocimiento de las injusticias cometidas contra sectores históricamente vulnerados, se establece un plazo demasiado extenso para la determinación de la procedencia de la amnistía”, señaló Equis Justicia para las Mujeres en su informe Amnistía, ¿Ya?
Esta legislación fue una de las principales promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador para llevar a cabo su llamada cuarta transformación, aunque hasta ahora, según las cifras oficiales y opiniones de expertos, no se ha podido ejecutar como se esperaba.