El grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México propuso una iniciativa sobre arrendamiento inmobiliario que, de acuerdo con especialistas, no beneficia la relación equitativa entre arrendatarios y arrendadores.
Dicha iniciativa es propuesta por Martha Ávila, José Luis Rodríguez y Valentina Bartres. Y plantea la posibilidad de volver a negociar el pago de alquileres, así como los derechos y obligaciones de las personas arrendatarias, a través de mecanismos alternativos cuando ocurra algún conflicto con los arrendadores.
Una de las partes que resalte el documento es que: “el arrendamiento de la vivienda no podrá ser menor a tres años, salvo por disposición expresa de la parte arrendataria”. La bancada de Morena dijo que con esto se busca solucionar los problemas relacionados con desocupaciones arbitrarias durante la pandemia de coronavirus.
Sin embargo, Ignacio Morales Lechuga, notario público y ex procurador general de la República, señala que esto representa una amenaza contra los derechos del legítimo propietario y excluye cualquier tipo de sanción contra un arrendatario incumplido.
En el mismo documento, la iniciativa expresa que la falta de un contrato escrito impedirá cualquier acción de desocupación aún si la persona que renta está incumpliendo en sus pagos. Y el arrendador perderá su derecho a conservar el depósito en caso de una anulación de contrato anticipada.
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“Los malvados propietarios”
El panorama siempre presenta a propietarios como malvados inmobiliarios avariciosos, aunque haya quienes vivan de sus rentas en la CDMX. Y también existan personas que rentan que son deudoras.
“Una iniciativa de esta naturaleza atenta contra la libertad contractual y las reglas de equidad que rigen los contratos, es una reforma intervencionista del más irresponsable y burdo estatismo que ubica al inquilino como menor de edad incapaz, un sujeto sin albedrío ni voluntad, colocado ante un arrendador sinvergüenza y abusivo”, escribe Morales Lechuga en su columna para El Universal.
De acuerdo con el notario, la 4T insiste en agredir a los inversionistas. La propuesta señala que si el contrato no puede ser exhibido físicamente por el arrendador, este no podrá demandar el pago de las rentas vencidas. Y menos exigir el desalojo al inquilino moroso o incumplido.
“Detentar una propiedad en calidad de dueño es en todo el planeta (con excepciones contadas) un derecho humano. Así como el de gozar de una vivienda y el de no ser desalojado sin un juicio justo, con legalidad, defensa y garantía de audiencia”, menciona Morales Lechuga.
El ex procurador de la República también expone que esta no es la primera iniciativa que fortalece las “agresiones antijurídicas” respecto al inmobiliario en la Ciudad de México.
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“No estoy de acuerdo”, dice Sheinbaum
En mayo de 2019, Morena propuso que debía garantizarse el realojamiento de las personas desalojadas cuando se determine que éstas no tienen los recursos suficientes para conseguir otro lugar donde vivir. Y esto deberá ser en un radio no mayor a 15 kilómetro respecto al punto de origen.
Esto representaba que las autoridades debían encontrar vivienda para los ocupantes. Pero mientras lo hacían (seis meses, un año o más…) podrían seguir viviendo en el inmobiliario.
“Su entrada en vigor y observancia equivale a extender un permiso para ocupar, invadir o no pagar renta en cualquier edificio habitacional de propiedad privada en favor de quien se declare incapaz o inconforme con pagar renta y tenga que enfrentar un desalojo judicial”, también compartió Morales Lechuga en su momento.
“No estoy de acuerdo con lo que plantean (en el artículo), a mí me parece que no se puede confundir el derecho a la vivienda con el derecho del poseedor de un edificio al que le pagan la renta”, dijo Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno en mayo de 2019 cuando se presentó la primera iniciativa sobre desalojos.
“Antes de realizarse el desalojo, las personas que serán desalojadas tienen que el derecho a no ser discriminadas, que se estudien todas las posibilidades que permitan evitar o minimizar la necesidad de recurrir a la fuerza, la debida indemnización en caso de ser privados de bienes o sufrir pérdidas inmateriales”, expresó la mandataria.
Esta vez, en caso de ser aprobada, especialistas analizan que esto desalentará la inversión inmobiliaria y golpeará aún más al sector de la construcción.
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