A unos días de la elección de Andrés Manuel López Obrador como presidente, Enrique Peña Nieto le entregó a Manuel Arroyo, dueño del periódico El Financiero, un contrato por casi 4 mil millones de pesos para concluir una cárcel en Papantla, Veracruz, y operarla hasta el año 2042.
De acuerdo con el reportaje de la revista Proceso, la empresa contratada sin licitación, Servicios, Infraestructura y Tecnología Papantla, SA de CV, había sido creada apenas unos días antes, el 11 de junio. Los “socios” son Comtelsat y Grupo Lauman Holdings, ambas propiedad de Manuel Arroyo.
Con este movimiento, el gobierno de Peña Nieto continuaba con el plan previamente trazado por Genaro García Luna, quien fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública durante el sexenio del presidente Felipe Calderón: la conversión del sistema carcelario del país en un negocio privado.
El ex funcionario se encuentra preso en Estados Unidos por soborno y asociación delictiva, pero mientras aún era Secretario de Seguridad, planeó un megaproyecto que implicaba ceder a empresas privadas la operación de los penales federales.
Este recuento es relevante, afirma la revista Proceso, porque la empresa contratada por Peña Nieto tiene vínculos con los dos sexenios anteriores. En el consejo de administración de Servicios, Infraestructura y Tecnología Papantla se encuentra Jaime Domingo López Buitrón, director del CISEN en el último año de gobierno de Vicente Fox y también en el último de Felipe Calderón.
No es la primera vez que la empresa Comtelsat, de Manuel Arroyo, aparece en reportajes por presunto daño al erario.
En mayo de 2012, García Luna otorgó un contrato por 773 millones a la empresa Comtelsat para colocar cámaras en las cárceles federales, pero seis años después la Auditoria Superior de la Federación detectó irregularidades en la operación de esta empresa y solicitó sanciones.
En abril de 2019 la administración del gobernador morenista Cuitláhuac García presentó una denuncia penal en contra Miguel Ángel Yunes, exgobernador, y personal de su administración porque descubrieron que durante su gestión también había contratado servicios de la empresa Comtelsat, de acuerdo con una nota publicada en El Universal.
En esa ocasión, el gobierno estatal había firmado un contrato por más de mil millones de pesos para colocar el Sistema Estatal de Videovigilancia.
Sin embargo, el proyecto nunca se terminó: debió estar concluido en Julio de 2018 pero un año después, 6 mil de las cámaras colocadas por la empresa no funcionaban.
El representante legal de Comtelsat intentó justificar los errores con “fallas técnicas” ajenas a la operación; a pesar de esto, la empresa fue inhabilitada por un presunto fraude, según el reportaje de Proceso.
El penal de supermáxima seguridad en Papantla
La parte central del proyecto de García Luna era la creación de un Centro Federal de Readaptación Social de súper máxima seguridad en Papantla, Veracruz, que sería construida y operada por empresas privadas.
De inicio, se otorgaron contratos a la empresa Tradeco Infraestructura de Alberto Martínez Urbaneta y a Promedex de Olegario Vazquez Raña por 2 mil 88 millones de pesos.
Tradeco fue una de las principales contratistas del sexenio de Calderón y destacó por sus escándalos de corrupción. La empresa fue inhabilitada en septiembre de 2016 y ahora su vicepresidente Carlos González es investigado por el gobierno estadounidense por narcotráfico.
Aunque la obra del penal de Papantla estaba proyectada para concluirse en 2012, no se tramitó la licencia de construcción, los trabajos se alargaron y se detectó sobre precio durante el proceso.
En 2015 la Auditoría Superior de la Federación detectó que el penal estaba construído al 85%, aún no alojaba reos y su costo era dos veces superior al presupuesto original. Se firmaron 15 contratos adicionales por casi 4 mil millones de pesos y la obra estuvo abandonada por los siguientes tres años.
Veinte meses después Genaro García Luna anunció la segunda fase de su proyecto, planeaba que empresas privadas construyeran 12 cárceles nuevas, pero la Secretaría de Hacienda únicamente aprobó 8 penales.
Los beneficiados con contratos por asignación directa fueron Tradeco, Arendal, ICA, Trademex, GIA+A, propiedad del ex cuñado de Carlos Salinas de Gortari y Homex.
Al respecto, la organización Documenta declaró en 2016 que la construcción de las cárceles con el modelo de Asociación Público-Privada “se enfocaban en satisfacer las necesidad de las empresas y no de las personas usuarias” publicó la revista Proceso.
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