Esta mañana ocurrió un tiroteo dentro de una primaria en Torreón, Coahuila. Un niño que cursaba el sexto año en el Colegio Cervantes, ingresó dos armas al salón de clases. Disparó contra su maestra y sus compañeros. La profesora falleció. Cuatro alumnos y un docente fueron heridos. Después del ataque, se suicidó.
A nivel nacional, la escena se repitió hace dos años en Monterrey, Nuevo León. El 18 de enero de 2017, Federico, alumno del Colegio Americano del Noreste, disparó contra su maestra, quien falleció, e hirió a cinco compañeros. Al final, apuntó contra sí mismo.
Una de las medidas de seguridad para combatir la delincuencia y consumo de drogas dentro de los espacios educativos es el Operativo Mochila Segura de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que desde hace casi tres sexenios está vigente. Al inicio se implementó para escuelas de nivel básico pero se ha hecho extensivo al nivel medio superior.
Tras el tiroteo de este viernes, medios de comunicación han dado a conocer sobre la circulación de un documento en el que presuntamente padres de familia del Colegio Cervantes no aprobaron la aplicación de la “operación mochila”.
Mientras que el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, ha exhortado a realizar el operativo Mochila Sana y Segura. Además de señalar que el menor responsable del tiroteo estaba influenciado por un videojuego llamado “Natural Selection”.
Operativo Mochila Segura entre la prevención y violación de derechos
Además de los dos tiroteos que han ocurrido contra estudiantes y docentes, en 2001, un niño de 14 años se suicidó de un disparo en la cabeza frente a sus compañeros en la Ciudad de México. Mientras que en 2007, un padre de familia asesinó a la directora de un colegio del centro capitalino.
En mayo de 2014, una disputa dentro de una telesecundaria en el Estado de México, ocasionó que un estudiante de 15 años disparara contra su compañero.
El pasado agosto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) publicó un comunicado en el que declaraba que la administración anterior había violado los derechos a la educación, intimidad y participación con el Operativo Mochila Segura en la Ciudad de México al presuponer que los menores de edad cometerían algún delito.
“Siendo que la obligación de las autoridades educativas y escolares, tal como lo dispone el artículo 42, primer párrafo, de la Ley General de Educación, es la adopción de medidas de protección y de cuidado que aseguren la preservación de la integridad física, psicológica y social de los educandos, sobre la base del respeto a su dignidad”, publicó la Comisión.
Ese mismo mes, días previos al regreso a clases, el secretario de seguridad capitalino Jesus Orta dijo que el programa Mochila Segura sólo sería implementado en conjunto con la SEP cuando los planteles lo solicitaran.
Hasta 2017,18 entidades del país tenían activado el operativo: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán.
Sin embargo, tras el comunicado de la CNDH y el análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sólo se ha realizado de manera irregular en algunos planteles del país que lo solicitan.