NUEVA YORK – La COVID-19 se llevó por lo menos 18 millones de vidas y nadie sabe a ciencia cierta cuántas de esas muertes se debieron a la falta de oxígeno medicinal. Los gobiernos no quieren hablar del problema, porque implicaría admitir que miles —o incluso cientos de miles— de sus ciudadanos murieron innecesariamente. Pero a menos que los sistemas de salud se ocupen de garantizar una provisión suficiente de oxígeno para el futuro, se arriesgan a repetir lo sucedido en los últimos dos años.
Mientras los países con altos ingresos ya trabajan para garantizar la disponibilidad de oxígeno medicinal, muchos países con ingresos bajos y medios (PIByM) seguirán requiriendo asistencia internacional. Las muertes por falta de oxígeno medicinal en esos países existían ya antes de la pandemia, porque las agencias mundiales de salud y desarrollo no se habían esforzado seriamente para ayudar a los gobiernos de los PIByM a cerrar la brecha entre las necesidades y la oferta.
Esta brecha es uno de los factores que subyacen a una mortalidad neonatal e infantil obstinadamente elevada, las muertes de adultos por enfermedades infecciosas y crónicas, y por heridas que requieren cirugía en los PIByM. En investigaciones publicadas antes de la pandemia se descubrió que 4 de cada 5 niños hospitalizados en Nigeria con neumonía no recibieron el oxígeno que necesitaban, y que el mero hecho de contar con oxígeno en las guardias pediátricas podría reducir un 50 % las muertes de niños.
Como dice Mike Ryan, de la Organización Mundial de la Salud, la COVID arrancó el vendaje de una antigua herida y, en algunos países, multiplicó por 10 la necesidad de oxígeno en tan solo unas pocas semanas. Los PIByM necesitan actualmente 500 000 cilindros grandes de oxígeno por día para tratar a los pacientes con COVID, y esto es solo la punta del iceberg. Por cada paciente con COVID que necesita oxígeno hay al menos otros 5 de también lo requieren, entre ellos los 7,2 millones de niños con neumonía que ingresan a los hospitales en los PIByM cada año.
El principal mecanismo para la respuesta internacional es el Grupo de Trabajo para la Emergencia de Oxígeno del Acelerador del Acceso a las Herramientas contra la COVID-19 (ACT-A), que cuenta con la dirección experta de Unitaid y creó un sistema para ayudar a los PIByM a evitar la escasez de oxígeno. Hasta la fecha, el Grupo de Trabajo entregó casi USD 1000 millones —incluidos USD 560 millones que fueron fruto exclusivo del Fondo Mundial— a los gobiernos de PIByM y sus socios en las Naciones Unidas y ONG. Este dinero se destinó a oxígeno líquido, plantas de generación de oxígeno mediante la adsorción por oscilación de presión, concentradores móviles de oxígeno, terapias de oxígeno y al personal necesario para instalar, operar y mantener esos equipos.
Este financiamiento ayudó a más de 100 países, principalmente en África y Asia, pero aún quedan PIByM con dificultades para proporcionar oxígeno, por lo que el grupo de trabajo solicitó USD 1000 millones más en 2022. Esta semana, la Segunda Cumbre Mundial sobre la COVID-19 del presidente estadounidense Joe Biden también enfatizará la cuestión y hará un llamado a los gobiernos, las empresas y las organizaciones filantrópicas para lograr más.
Los argumentos para los donantes son claros. Tenemos la obligación moral de tratar a los pacientes con COVID y aplanar definitivamente la curva de muertes debidas a la pandemia. Invertir en oxígeno servirá para eso y además salvará vidas en el futuro. El oxígeno no solo es un tratamiento esencial para casi todas las enfermedades consideradas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, también constituye uno de los pilares para la eficaz preparación y respuesta contra pandemias (PRP).
Cuando el mundo pase a la gestión a largo plazo de la COVID habrá que incorporar los sistemas de producción y distribución de oxígeno a la infraestructura de salud mundial. A todas las organizaciones internacionales con el mandato de mejorar la supervivencia neonatal e infantil, la gestión de enfermedades crónicas e infecciosas, y la PRP les incumbe el acceso al oxígeno. Esas agencias debieran formalizar su naciente asociación para conseguir oxígeno con el ACT-A transformándola en una Alianza Mundial para el Oxígeno con un mandato que se extienda hasta 2030 (para alinearlo con los ODS), y ampliar la membresía para incluir a las agencias internacionales dedicadas a las enfermedades crónicas.
Una alianza exitosa para eliminar la brecha de acceso al oxígeno debe incluir cinco componentes. En primer lugar, los gobiernos de los PIByM y las instituciones nacionales responsables de la provisión del oxígeno medicinal deben tomar la iniciativa. Lo ideal es que se guíen por planes nacionales de acceso al oxígeno con apoyo político y que los gobiernos financien el esfuerzo como parte de sus presupuestos de salud.
En segundo lugar, los gobiernos de los PIByM que necesitan apoyo externo para financiar sus planes nacionales debieran poder obtener créditos y subsidios de diversas fuentes multilaterales, bilaterales y filantrópicas. El Fondo Mundial debiera continuar financiando subsidios como parte de su nuevo objetivo para la PRP, y los bancos multilaterales de desarrollo también debieran ofrecer créditos con este fin.
En tercer lugar, hay que ofrecer más incentivos y oportunidades a los productores de oxígeno para que trabajen mancomunadamente con los gobiernos de los PIByM y las agencias mundiales de salud y desarrollo. Se deben poner a disposición acuerdos de entendimiento y de no divulgación, y licitaciones para la obtención, la instalación y el mantenimiento de los equipos aprovechando el programa existente para asociación con empresas del Grupo de Trabajo para la Emergencia de Oxígeno del ACT-A contra la COVID-19. Además, los organismos de financiamiento para el desarrollo deben ofrecer créditos, capital accionario y garantías a los productores de oxígeno, y apoyar a los PIByM que buscan reducir su dependencia de la importación de oxígeno y las frágiles cadenas mundiales de aprovisionamiento.
En cuarto lugar, las agencias de la ONU y las ONG con fuerte presencia en los PIByM deben seguir apoyando a esos gobiernos en el desarrollo de planes nacionales para la provisión de oxígeno, la recolección de datos, la adquisición de suministros, la capacitación de trabajadores para la atención de la salud e ingenieros biomédicos, y el monitoreo y la evaluación de los avances. Para ello necesitarán financiamiento continuo de agencias bilaterales para el desarrollo (como USAID y la Comisión Europea, entre otras) y organizaciones filantrópicas (como la fundación Bill & Melinda Gates y la Fundación Skoll, entre otras).
Finalmente, se debe proporcionar acceso a los gobiernos de los PIByM a información oportuna y de alta calidad sobre la demanda nacional de oxígeno —como la cantidad de pacientes con hipoxemia al año y el oxígeno que necesitan— y la capacidad de producción de oxígeno del sistema sanitario, para que puedan solucionar rápidamente esos déficits. Los donantes deben invertir más en las instituciones estadísticas y de vigilancia nacional de salud al tiempo que aprovechan los datos disponibles para generar estimaciones de la carga de hipoxemia como parte de la carga mundial de morbilidad. Y hay que financiar a las agencias independientes, como la Fundación Access to Medicine, para que estén en condiciones de hacer rendir cuentas a la industria del oxígeno.
Los próximos seis meses serán críticos, mientras nos alejamos de la fase aguda de la pandemia. Lo ideal es que para septiembre el Grupo de Trabajo para la Emergencia de Oxígeno del ACT-A contra la COVID-19 se haya convertido ya en la Alianza Mundial para el Oxígeno, con la dirección de Unitaid, y que siga reuniéndose regularmente para coordinar inversiones, movilizar recursos y monitorear el impacto de los esfuerzos para garantizar el acceso equitativo a una medicina fundamental.
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