AUSTIN – Reflexionemos juntos sobre la última demora en poner a disposición del público los registros completos sobre el asesinato del presidente John F. Kennedy, en Dallas el 22 de noviembre de 1963. Fue hace 58 años. Ya transcurrió más tiempo desde el 26 de octubre de 1992 —cuando el Congreso determinó que se pusieran a disposición del público, completa e inmediatamente, casi todos los registros sobre el asesinato de JFK— que entre el atentado y la aprobación de esa ley.
El Congreso especificó con precisión cuáles podrían ser esos casos. Proteger la identidad de un agente de inteligencia que «requiera protección en la actualidad» era uno de ellos. De igual manera, las fuentes o métodos de inteligencia «utilizados en la actualidad» merecían protección. En algunos casos, la privacidad podía ser de primordial importancia. Finalmente, había cláusulas que eximían a cualquier otra cuestión relacionada con «la defensa, operaciones de inteligencia o tareas de relaciones exteriores cuya revelación perjudicaría en forma comprobable la seguridad nacional de Estados Unidos».
Después de 25 años esas cláusulas vencieron y la ley exige que el presidente certifique que «es necesario continuar posponiendo [su difusión] para proteger a la defensa militar, las operaciones de inteligencia, las fuerzas del orden o las tareas de relaciones exteriores contra perjuicios identificables cuya gravedad sea tal que supere al beneficio público de revelar la información». El 22 de octubre el presidente Joe Biden firmó esa certificación, supuestamente temporal, y asignó a las agencias federales relevantes la revisión de todos los registros restantes y la presentación de un informe, para el 1 de octubre de 2022, que identifique los casos en que el riesgo de esos peligros identificables todavía existe.
¿Qué «peligro identificable» puede haber? En su relato de la historia, The New York Times nos recuerda que después de una «investigación [exhaustiva] de un año de duración, el juez de la Corte Suprema Earl Warren determinó que Lee Harvey Oswald actuó en forma independiente». Hace 58 años que Oswald (como Kennedy) está muerto. ¿Si actuó solo y una investigación exhaustiva lo comprobó hace 57 años, qué secreto puede haber? Si actuó solo, no hay terceros culpables. Ni entonces, ni 29 años más tarde, ni en la actualidad.
El Times hace la distinción entre «investigadores y conspiracionistas». Se podría suponer que los investigadores son quienes aceptan los resultados de la Comisión Warren, mientras que los conspiracionistas, no. Pero, más allá de los pocos que se ganaron la vida defendiendo a la Comisión de sus numerosos críticos, ¿por qué habría alguien que no desconfiase de la historia oficial estar interesado en este caso? De hecho, como lo admite el Times, la gente está interesada y las encuestas demuestran que «la mayoría de los estadounidenses cree que hubo otras personas involucradas».
En otras palabras, la mayoría de los estadounidenses acepta la teoría conspiratoria. Perciben que la historia del «tirador solitario» no es compatible con la afirmación de que la defensa nacional, las operaciones de inteligencia o las relaciones internacionales en 2021 se verían afectadas por la difusión de todos los documentos, sin censura, como lo exige la ley, casi 58 años después del asesinato de Kennedy a manos de ese tirador solitario.
No acuso a Biden, ni a las agencias cuyos consejos aceptó sobre estas cuestiones, de infringir la ley. Po el contrario, acepto su palabra de que, en su opinión, la difusión completa de todos los documentos sí comprometería a los militares, al sector de inteligencia y a las relaciones internacionales.
No cuesta mucho entender por qué. Supongamos, como un mero ejercicio, que hubo una conspiración. Supongamos que los documentos restantes, junto con los ya publicados, probarían —o permitirían que los ciudadanos probaran— lo que la mayoría de los estadounidenses ya creen. En ese caso, sería obvio que el ocultamiento involucró a funcionarios gubernamentales estadounidenses de alto nivel, incluidos los líderes de las propias agencias a las que se les asignó la revisión de los registros en la actualidad. Y, por una cuestión de lógica, de eso se desprende que en cada cohorte posterior, y con cada presidente, se siguió ocultando la verdad. ¿No es esa la única situación posible en que los intereses actuales de esas agencias podrían verse afectados?
La ironía es que al retener los registros el gobierno ya admitió, sin decirlo, que la Comisión Warren mintió y que hay secretos infames que está decidido a proteger. Acepta, sin decirlo, que hubo una conspiración y que se sigue ocultando la verdad. De no ser así todos los registros hubieran sido publicados mucho tiempo atrás. No hace falta ser conspiracionista para darse cuenta.
Recuerden lo que digo: la fecha límite de Biden en 2022 llegará y pasará. El escándalo seguirá. Nadie que recuerde 1963 vivirá para ver que el gobierno estadounidense admita toda la verdad sobre el asesinato de Kennedy… y la fe del pueblo estadounidense en la democracia seguirá deteriorándose. Solo hay una forma de evitarlo: publicar todos los registros, sin restricciones, y hacerlo ahora.
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