Aunque acabar con la desaparición de personas es una de las principales promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador, este delito se sigue cometiendo día con día.
Tres meses después de llegar a la Presidencia de la República, López Obrador reinstaló el Sistema Nacional de Búsqueda frente a decenas de familiares de víctimas, a quienes dijo: “Vamos a dedicar todo lo que se necesite, el Estado mexicano se va a dedicar a la búsqueda de los desaparecidos (…) es una responsabilidad de Estado”.
No obstante, al día de hoy las cifras sobre personas afectadas por este delito se mantienen. Tan sólo en los primeros cinco meses del 2021 se registraron mil 605 víctimas, principalmente en el Estado de México, Sinaloa, Jalisco, Michoacán y Guerrero.
Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Secretaría de Gobernación (Segob), los hombres de 20 a 29 años son quienes más han padecido este crimen durante el 2021. En cuanto a las mujeres, las que tienen entre 15 a 19 años son las más afectadas.
Pero las cifras expuestas por el registro también tienen rostro. Varios casos de desaparición que se han dado a conocer este año a nivel nacional han dejado claro que el problema continúa. En el mes de abril desaparecieron tres jóvenes que se dirigían de Tonila, Jalisco, a Cuauhtémoc, Colima. Se trata de dos municipios que están a menos de 15 minutos de distancia, pero colectivos como la Red Desaparecidos en Colima ya han alertado en muchas ocasiones sobre los riesgos que hay en ese pequeño trayecto.
Un mes después de lo ocurrido con las jóvenes, en Jalisco encontraron los cuerpos de tres hermanos que habían sido secuestrados en la colonia San Andrés de Guadalajara, una de las tres ciudades económicamente más fuertes junto con Monterrey y la Ciudad de México.
Tanto en el caso de las tres jóvenes como en el de los hermanos, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue señalado por las autoridades como presunto responsable.
“La desaparición de personas en México es hoy uno de los principales problemas que enfrentan el Estado y la sociedad en materia de derechos humanos. La extensión del fenómeno y su carácter generalizado han colocado al país bajo la lupa de los principales organismos de los sistemas internacionales de derechos humanos”, señalaron en un informe investigadoras del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En el documento las expertas Karina Ansolabehere, Bárbara Frey y Leigh Payne hacen un análisis de las desapariciones en la región norte del país (Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas), plasmando las deficiencias de las autoridades al investigar este delito e incluso en algunos casos su colaboración para cometer desapariciones forzadas.
Fallas en estrategias
Durante la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda, el presidente López Obrador señaló que una forma de atender el problema sería creando una Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y símiles estatales. El titular del Ejecutivo federal aseveró que para lograr esto se iban a garantizar los recursos que fueran necesarios.
Si bien a nivel federal el presupuesto para la CNB y para la búsqueda de desaparecidos se ha mantenido por arriba de los 700 millones de pesos en los últimos dos años, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó que esta dependencia empezó a funcionar en el 2019 con múltiples fallas en su operación.
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Una de esas fallas fue no darle seguimiento a los recursos que transfirió a las comisiones estatales de búsqueda, por lo que no se tiene certeza de que en los estados el dinero que recibieron de la CNB se haya utilizado para la ubicación de personas desaparecidas.
De igual forma la ASF acusó que en 2019 la CNB adquirió drones y otros equipos para mejorar sus labores de búsqueda, sin embargo, no capacitó a su personal para que pudiera utilizar estos insumos.
Por último, otra estrategia del gobierno federal para atender el problema es crear el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF). Este será un grupo de trabajo encargado de reconocer los más de 38 mil cadáveres que según el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, se encuentran en los servicios médicos forenses.
El MEIF fue una promesa hecha por el presidente López Obrador desde el 2019, pero apenas este año se lanzó la convocatoria para que siete expertos internacionales se sumen al grupo de trabajo.
Por su parte, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo el 5 de diciembre del 2019 que el MEIF contaría con recursos ilimitados para su operación, algo que aún no está garantizado porque hasta el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 este nuevo grupo de especialistas no contaba con una partida de recursos propia.