Este martes, el académico y articulista Sergio Aguayo depositó 450 mil pesos para evitar el embargo de sus bienes, después de que un juez le ordenó pagar 10 millones de pesos a Humberto Moreira, exgobernador priista de Coahuila, quien le acusa por presunto daño moral al llamarle corrupto.
La demanda surgió a partir de una columna publicada por Aguayo el 20 de enero de 2016, cinco días después de que Moreira fuera detenido en Madrid acusado de lavado de dinero.
“Moreira es un político que desprende el hedor corrupto; que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila, y que, finalmente, es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana”, escribió Aguayo para Grupo Reforma.
En la sentencia de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México se concluye que el académico “ha causado daño moral a la parte actora Humberto Moreira Valdés, afectando su honor“.
— Sergio Aguayo (@sergioaguayo) January 28, 2020
De acuerdo con el artículo 1916 del Código Civil Federal, el daño moral es: “la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás”.
Cuando un hecho genera daño moral, el responsable debe pagar con una indemnización de dinero. Un juez definirá la cantidad tomando en cuenta:
- Los derechos lesionados
- El grado de responsabilidad
- La situación económica del responsable y de la víctima
- Las circunstancias del caso
Sin embargo, en el mismo Código, artículo 1916 bis se aclara que: “no estará obligado a la reparación del daño moral quien ejerza sus derechos de opinión, crítica, expresión e información”.
“El derecho a la libertad no es absoluto pero debe prevalecer en un sistema democrático. Sobre todo cuando se trata de servidores públicos o personajes con proyección pública que realizan actividades de interés para la sociedad. Moreira era gobernador y debió estar sometido a un mayor escrutinio”, explica Luis Knapp, Coordinador de Defensa de la organización Artículo 19 en entrevista con Datanoticias.
Y aclara que esto no significa que se anule la vida privada. Sin embargo, las acciones de funcionarios y políticos deben ser analizadas por toda la sociedad.
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¿Cuándo se puede demandar o ser demandado por daño moral?
El 10 de junio de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma en derechos humanos, donde se alude al concepto de “dignidad” de las personas.
“Al relacionar los conceptos de daño moral y dignidad, se entiende que hay una afectación en los derechos esenciales de una persona”, expone el doctor en derecho Juan Jesús Juárez Rojas, en entrevista con Datanoticias.
Sin embargo, señala que en el plano de lo jurídico, la difamación (cuando se afecta el buen nombre, imagen pública o privada de una persona) y la calumnia (cuando se acusa a otro de cometer un delito sin tener pruebas) ya no están previstas en la legislación penal, es decir, no son delitos.
Y aunque fueron llevadas a la legislación civil para dar una oportunidad a que la persona afectada pueda demandar, los especialistas indican que no se puede delimitar cuánto vale la honra o decoro de un individuo.
“Que regresen los delitos contra el honor (calumnia y difamación) sería un retroceso de década porque organismos internacionales han recomendado al Estado mexicano que derogue estos delitos que han afectado la labor periodística, sobre todo en un contexto de violencia como en México”, explica Luis Knapp de Artículo 19.
¿Qué tipos de pruebas son necesarias para demandar el daño moral?
Para comprobar las afectaciones, las pruebas llevadas ante el juez deben ser desde psicológicas hasta documentales. Y tienen que acreditar la calumnia o la parte que está afectando el acusado. De acuerdo con el Coordinador Luis Knapp son:
- El mensaje y el medio de difusión donde se transmitió.
- La naturaleza de los personajes implicados, es decir, si se trata de un individuo de la sociedad civil, un periodista, un empresario, un servidor público.
- Pruebas psicológicas para acreditar las afectaciones emocionales.
Aunque en el caso de Moreira, Sergio Aguayo no es el único en emitir opiniones sobre sus presuntos actos ilícitos. Desde 2015 una corte del estado de Texas lo relacionó con una red de operaciones de lavado de dinero. Esto a través de un prestanombres llamado Rolando González Treviño, quien aceptó declararse culpable e implicó al exgobernador.
Moreira también ha sido acusado por actos de corrupción como lavado de dinero y uso de recursos públicos del erario. Pero tras su liberación en 2016, pudo denunciar al académico Aguayo.
“Los artículos 6° y 7° señalan que las personas podemos expresar nuestras ideas. Pero hay limitantes. Hay que considerar si al momento de expresarme estoy rebasando esos límites”, comenta Juárez Rojas. “En el caso de Aguayo, él ganó la primera instancia, pero la Sala dice lo contrario tiempo después. Entonces yo no sé hasta qué grado puede haber un interés de fondo que ya no es jurídico”, concluye.
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Recuerda que los policías están para servirte. Si no lo hacen, puedes denunciarlos como en este caso