La delincuencia castiga las economías de América Latina
Un nuevo estudio muestra que el aumento de la violencia en América Latina y el Caribe tiene un alto costo: el 3,4% del PIB, o 192.000 millones de dólares, se pierde cada año en costos relacionados con la delincuencia. Para enfrentar esta crisis, los gobiernos de la región deben trabajar juntos para fortalecer las instituciones públicas e implementar políticas anticrimen basadas en evidencia.
WASHINGTON, DC – Durante décadas, los delitos violentos en América Latina y el Caribe (ALC) han causado graves pérdidas de vidas y medios de subsistencia. Fuera de las zonas afectadas por guerras, la región es la más violenta del mundo, con índices de homicidios, robos a mano armada y otros delitos violentos más altos. Pero las consecuencias económicas son igualmente devastadoras. Comprender cómo el delito actúa como un impuesto al desarrollo (que la región ya no puede pagar) podría ayudar a los gobiernos de ALC a diseñar sus respuestas políticas.
Nuestro reciente estudio de 22 países de América Latina y el Caribe pone un precio a la violencia criminal en la región: el 3,4% del PIB, o 192.000 millones de dólares, se pierde cada año en costos relacionados con la delincuencia. Eso equivale al 78% del gasto en educación de la región y al doble de lo que se gasta en programas de asistencia social. Ese despilfarro representa muchas oportunidades perdidas de crecimiento y desarrollo. Peor aún, esta cifra es coherente con nuestras conclusiones de 2017 , que ponen de relieve la naturaleza persistente de la crisis de la delincuencia.
Los homicidios le cuestan a la región el 0,45% del PIB, y el Caribe es el que soporta la carga más pesada, con un 0,71%. La maquinaria de aplicación de la ley (policía, tribunales y prisiones) consume otro 1,08%. Más allá de los costos directos de construcción y mantenimiento de los complejos penitenciarios, el encarcelamiento crea un efecto dominó de pérdida de productividad que se propaga a lo largo de generaciones. Tal vez lo más preocupante sea el impuesto a la iniciativa empresarial: las empresas gastan el 1,6% del PIB en medidas de seguridad.
Pero estas cifras apenas arañan la superficie del verdadero costo de la delincuencia para las economías de América Latina y el Caribe. Los inversores extranjeros, en particular en sectores vitales como las finanzas y la agricultura, se alejan de la región. Las mujeres abandonan la fuerza laboral, lo que exacerba las desigualdades de género existentes. Los resultados educativos se resienten porque las escuelas en zonas con altos índices de delincuencia tienen dificultades para mantener la asistencia y brindar una instrucción de calidad. La confianza –la infraestructura invisible de una economía funcional– se erosiona, no solo en las instituciones sino también entre los ciudadanos. Incluso el medio ambiente paga un precio, ya que la explotación de los recursos naturales y la degradación de los ecosistemas por parte de organizaciones criminales no se controlan.
Durante décadas, los delitos violentos en América Latina y el Caribe (ALC) han causado graves pérdidas de vidas y medios de subsistencia. Foto: Pixabay.
Superar la crisis delictiva sería una bendición para las economías de América Latina y el Caribe. Nuestro estudio concluyó que, si se redujera la tasa de criminalidad al nivel promedio de seis países europeos (República Checa, Irlanda, Países Bajos, Polonia, Portugal y Suecia), la región podría desbloquear el equivalente a aproximadamente el 1% del PIB, o 57.000 millones de dólares. Estos recursos podrían redireccionarse hacia medidas que fortalezcan comunidades y fomenten un crecimiento sostenible. Un estudio del Fondo Monetario Internacional sugiere que reducir las tasas de homicidios en los países de América Latina y el Caribe al promedio mundial podría impulsar el crecimiento económico anual en 0,5 puntos porcentuales, aproximadamente un tercio del crecimiento de la región entre 2017 y 2019.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID, donde ambos trabajamos) ha compilado una base de datos de intervenciones contra el delito que han demostrado ser eficaces. Los resultados sugieren que para reducir la violencia se necesita un enfoque multifacético. Los responsables de las políticas en América Latina y el Caribe deben implementar reformas institucionales para mejorar la eficiencia del gasto en seguridad y la eficacia y equidad de los sistemas de justicia. Igualmente importantes son los programas sociales focalizados que aborden las causas profundas del delito y fomenten la creación de empleo en las comunidades vulnerables.
Por ejemplo, cuando Brasil implementó estrategias policiales basadas en resultados e impulsadas por datos, los homicidios se redujeron hasta en un 17% . Esto demuestra que el cambio es posible cuando existe voluntad política para adoptar reformas basadas en evidencia.
Pero los desafíos actuales exigen una respuesta coordinada a nivel regional. Las redes criminales son cada vez más transnacionales e interconectadas y se han vuelto más sofisticadas para evitar ser detectadas, mientras que los esfuerzos para combatirlas siguen estando fragmentados. Para mejorar la cooperación regional, el BID se asoció con 18 países para lanzar la Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo. La alianza permitirá a los gobiernos desarrollar políticas anticrimen basadas en evidencia y coordinar su implementación. El Banco Mundial, la Interpol y la Organización de los Estados Americanos (OEA) se encuentran entre las 11 organizaciones que se sumaron a la iniciativa.
Los países de América Latina y el Caribe poseen un potencial extraordinario: son ricos en biodiversidad y en los minerales que impulsarán la transición de la economía mundial hacia la energía verde, y cuentan con los recursos agrícolas necesarios para alimentar al mundo. Si bien la violencia ha obstaculizado el crecimiento de la región, no tiene por qué definir su futuro. Al fomentar esfuerzos de colaboración para fortalecer las instituciones públicas e implementar políticas anticrimen basadas en evidencia, podemos asegurar que los países de América Latina y el Caribe aparezcan en los titulares no por el aumento de la violencia, sino por el aumento de los niveles de vida.
Este comentario se publica en colaboración con la Iniciativa Mujeres en Liderazgo en Economía de la Asociación Económica Internacional , que tiene como objetivo mejorar el papel de las mujeres en la economía a través de la investigación, la creación de asociaciones y la amplificación de voces.
Nuestro reciente estudio de 22 países de América Latina y el Caribe pone un precio a la violencia criminal en la región: el 3,4% del PIB, o 192.000 millones de dólares, se pierde cada año en costos relacionados con la delincuencia. Eso equivale al 78% del gasto en educación de la región y al doble de lo que se gasta en programas de asistencia social. Ese despilfarro representa muchas oportunidades perdidas de crecimiento y desarrollo. Peor aún, esta cifra es coherente con nuestras conclusiones de 2017 , que ponen de relieve la naturaleza persistente de la crisis de la delincuencia.
Los homicidios le cuestan a la región el 0,45% del PIB, y el Caribe es el que soporta la carga más pesada, con un 0,71%. La maquinaria de aplicación de la ley (policía, tribunales y prisiones) consume otro 1,08%. Más allá de los costos directos de construcción y mantenimiento de los complejos penitenciarios, el encarcelamiento crea un efecto dominó de pérdida de productividad que se propaga a lo largo de generaciones. Tal vez lo más preocupante sea el impuesto a la iniciativa empresarial: las empresas gastan el 1,6% del PIB en medidas de seguridad.
Pero estas cifras apenas arañan la superficie del verdadero costo de la delincuencia para las economías de América Latina y el Caribe. Los inversores extranjeros, en particular en sectores vitales como las finanzas y la agricultura, se alejan de la región. Las mujeres abandonan la fuerza laboral, lo que exacerba las desigualdades de género existentes. Los resultados educativos se resienten porque las escuelas en zonas con altos índices de delincuencia tienen dificultades para mantener la asistencia y brindar una instrucción de calidad. La confianza –la infraestructura invisible de una economía funcional– se erosiona, no solo en las instituciones sino también entre los ciudadanos. Incluso el medio ambiente paga un precio, ya que la explotación de los recursos naturales y la degradación de los ecosistemas por parte de organizaciones criminales no se controlan.
Superar la crisis delictiva sería una bendición para las economías de América Latina y el Caribe. Nuestro estudio concluyó que, si se redujera la tasa de criminalidad al nivel promedio de seis países europeos (República Checa, Irlanda, Países Bajos, Polonia, Portugal y Suecia), la región podría desbloquear el equivalente a aproximadamente el 1% del PIB, o 57.000 millones de dólares. Estos recursos podrían redireccionarse hacia medidas que fortalezcan comunidades y fomenten un crecimiento sostenible. Un estudio del Fondo Monetario Internacional sugiere que reducir las tasas de homicidios en los países de América Latina y el Caribe al promedio mundial podría impulsar el crecimiento económico anual en 0,5 puntos porcentuales, aproximadamente un tercio del crecimiento de la región entre 2017 y 2019.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID, donde ambos trabajamos) ha compilado una base de datos de intervenciones contra el delito que han demostrado ser eficaces. Los resultados sugieren que para reducir la violencia se necesita un enfoque multifacético. Los responsables de las políticas en América Latina y el Caribe deben implementar reformas institucionales para mejorar la eficiencia del gasto en seguridad y la eficacia y equidad de los sistemas de justicia. Igualmente importantes son los programas sociales focalizados que aborden las causas profundas del delito y fomenten la creación de empleo en las comunidades vulnerables.
Por ejemplo, cuando Brasil implementó estrategias policiales basadas en resultados e impulsadas por datos, los homicidios se redujeron hasta en un 17% . Esto demuestra que el cambio es posible cuando existe voluntad política para adoptar reformas basadas en evidencia.
Pero los desafíos actuales exigen una respuesta coordinada a nivel regional. Las redes criminales son cada vez más transnacionales e interconectadas y se han vuelto más sofisticadas para evitar ser detectadas, mientras que los esfuerzos para combatirlas siguen estando fragmentados. Para mejorar la cooperación regional, el BID se asoció con 18 países para lanzar la Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo. La alianza permitirá a los gobiernos desarrollar políticas anticrimen basadas en evidencia y coordinar su implementación. El Banco Mundial, la Interpol y la Organización de los Estados Americanos (OEA) se encuentran entre las 11 organizaciones que se sumaron a la iniciativa.
Los países de América Latina y el Caribe poseen un potencial extraordinario: son ricos en biodiversidad y en los minerales que impulsarán la transición de la economía mundial hacia la energía verde, y cuentan con los recursos agrícolas necesarios para alimentar al mundo. Si bien la violencia ha obstaculizado el crecimiento de la región, no tiene por qué definir su futuro. Al fomentar esfuerzos de colaboración para fortalecer las instituciones públicas e implementar políticas anticrimen basadas en evidencia, podemos asegurar que los países de América Latina y el Caribe aparezcan en los titulares no por el aumento de la violencia, sino por el aumento de los niveles de vida.
Este comentario se publica en colaboración con la Iniciativa Mujeres en Liderazgo en Economía de la Asociación Económica Internacional , que tiene como objetivo mejorar el papel de las mujeres en la economía a través de la investigación, la creación de asociaciones y la amplificación de voces.