La corrupción afecta desproporcionadamente a las comunidades más pobres y marginadas, lo que la convierte en una tragedia económica y social tanto como en un problema político. Según el Foro Económico Mundial, la corrupción le cuesta a la economía mundial unos 2,6 billones de dólares anuales, o alrededor del 5% del PIB mundial , lo que deja menos recursos para los servicios esenciales en muchos países en desarrollo.
Las herramientas digitales pueden y deben desempeñar un papel importante en la lucha por erradicar la corrupción. Los gobiernos pueden utilizarlas para aumentar la transparencia, promover la rendición de cuentas y empoderar a los ciudadanos, pero, como concluyó la asamblea de la IACA, la tecnología por sí sola no puede garantizar el éxito. Los responsables de las políticas también deben comprometerse a adoptar medidas anticorrupción, mostrar liderazgo y visión y defender el estado de derecho.
Para empezar, la tecnología puede ayudar a combatir la corrupción al permitir la digitalización de los servicios gubernamentales. Los engorrosos procesos burocráticos se convierten con demasiada frecuencia en caldo de cultivo para la corrupción y el soborno. Las plataformas digitales que agilizan y automatizan esos servicios minimizarían las interacciones cara a cara y, por lo tanto, reducirían las oportunidades de que se cometan delitos. Por ejemplo, Estonia, un país pionero en el gobierno electrónico, ha digitalizado casi todos sus servicios públicos, desde el pago de impuestos hasta el registro de empresas, lo que brinda mayor transparencia y dificulta que los funcionarios corruptos exijan sobornos.
Los gobiernos también podrían utilizar la tecnología blockchain y la inteligencia artificial para identificar y prevenir la corrupción. Los sistemas de contratación pública basados en blockchain crearían un registro transparente e inmutable de los procesos de licitación. Además, los gobiernos han comenzado a utilizar la inteligencia artificial y el análisis de datos para rastrear flujos financieros ilícitos que a menudo cuestan miles de millones de dólares en pérdidas de ingresos fiscales y aduaneros. La inteligencia artificial también podría detectar patrones y anomalías que podrían indicar corrupción, como transacciones financieras sospechosas o inconsistencias en los datos de contratación. Estas herramientas permiten una intervención temprana, que puede evitar que la corrupción crezca sin control.
Algunos de los mayores escándalos de corrupción del mundo han sido expuestos por denunciantes. Para facilitar la denuncia de irregularidades, los responsables de las políticas deberían introducir sistemas encriptados que permitan a las personas denunciar incidentes de corrupción y soborno de forma anónima. Estas plataformas, junto con las redes sociales, permiten a los ciudadanos hablar con rapidez y sin temor a represalias, lo que presiona a los gobiernos y a las empresas para que actúen.
Sin embargo, a pesar de los avances en las herramientas digitales para descubrir la corrupción, la tecnología no puede impedir que los malos actores encuentren soluciones alternativas. Además, la brecha digital entre los países ricos y pobres significa que los ciudadanos y funcionarios del mundo en desarrollo a menudo carecen de acceso a herramientas anticorrupción, a pesar de ser los que más las necesitan. Este problema es especialmente pronunciado en las zonas rurales, donde la corrupción tiende a estar más extendida y la gente puede no tener la alfabetización digital o los recursos necesarios para utilizar los servicios de gobierno electrónico o las plataformas de denuncia de irregularidades en línea.
Si bien la tecnología puede ayudar a detectar y prevenir las irregularidades, las leyes anticorrupción y las autoridades encargadas de aplicarlas deben tener la autoridad para terminar la tarea. Foto: Pixabay. Para que las herramientas digitales sean eficaces en la lucha contra la corrupción, quienes ostentan el poder deben tener las habilidades necesarias para detectar las irregularidades y conocer las mejores prácticas. Para ello, la IACA ha centrado sus esfuerzos en programas de educación y formación. La ética y el razonamiento moral deben integrarse en los programas escolares desde una edad temprana. Y los funcionarios públicos, los líderes empresariales y los agentes de las fuerzas del orden deben recibir formación periódica sobre las medidas anticorrupción más eficaces y eficientes.
De la misma manera, los gobiernos deben defender el Estado de derecho aplicando con firmeza la legislación anticorrupción y cerrando las lagunas jurídicas. Para condenar a los actores corruptos se necesitan marcos jurídicos sólidos, un poder judicial independiente y organismos de aplicación de la ley empoderados, sin los cuales ni siquiera la mejor tecnología tendrá un impacto real.
Erradicar la corrupción es una de las luchas más importantes de nuestro tiempo y ahora tenemos a nuestra disposición un nuevo conjunto de poderosas herramientas digitales. Pero si bien la tecnología puede ayudar a detectar y prevenir las irregularidades, las leyes anticorrupción y las autoridades encargadas de aplicarlas deben tener la autoridad para terminar la tarea.
