EDIMBURGO – El Consejo de Europa, a menudo criticado por su excesiva cautela , está demostrando su poder. Desde hace meses, el Consejo trabaja con Ucrania para crear un tribunal conjunto que lleve al régimen del presidente ruso, Vladimir Putin, ante la justicia por los crímenes de agresión cometidos en Ucrania.
Cuando estalla una crisis, el Consejo de Europa puede tardar en actuar, pero respondió con prontitud al acto de agresión de Rusia contra Ucrania, primero suspendiendo los derechos de representación de Rusia el 25 de febrero de 2022 y luego, después de 26 años de membresía rusa, expulsándola el 16 de marzo de 2022, de conformidad con el artículo 8 de su estatuto . Ahora, el procesamiento internacional de los líderes rusos –que está encabezando– no puede llegar lo suficientemente pronto, dados los ataques intensificados del Kremlin contra la población civil de Ucrania.
El 8 de julio fue uno de los peores días de violencia contra los civiles ucranianos en meses. Una andanada de misiles destruyó el principal hospital infantil de Kiev y azotó ciudades de todo el país, matando al menos a 42 personas e hiriendo a más de 190. El número de niños muertos en lo que va de año en ataques indiscriminados ha aumentado un 40% en comparación con 2023, y más de 600 niños han muerto desde el inicio de la guerra.
Ya se están realizando esfuerzos para exigir responsabilidades al Kremlin por sus acciones. El año pasado, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra Putin y Maria Lvova-Belova, comisionada rusa para los derechos de los niños, por la deportación ilegal de niños ucranianos a Rusia. El mes pasado, los jueces de la CPI emitieron órdenes de arresto contra el ex ministro de Defensa Sergei Shoigu y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas Valery Gerasimov por ataques a la infraestructura eléctrica de Ucrania.
Sin embargo, la primera y más flagrante violación del derecho internacional por parte de Putin fue la planificación y ejecución de la invasión, ocupación y anexión de Ucrania. Pero a pesar de tener jurisdicción sobre crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad (que ahora incluyen la destrucción de escuelas, hospitales e infraestructuras y los ataques deliberados contra civiles) y genocidio cometidos en territorio ucraniano, la CPI no puede procesar a los dirigentes políticos y militares rusos por el crimen de agresión, porque Rusia no es parte del Estatuto de Roma, que estableció la corte, y porque el poder de veto del país impide al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas remitir el asunto a la CPI.
Por lo tanto, se necesita un tribunal internacional especial para procesar a Putin y sus secuaces por este crimen fundamental. Por supuesto, se establecerán paralelismos con otros conflictos en el mundo, en particular en Gaza, pero el acto deliberado y manifiestamente ilegal de agresión de Putin inició la actual guerra en Ucrania, y la planificación de la misma por parte de su gobierno (que se remonta a la invasión de Crimea en 2014) hace que sea un caso claro para una acusación.
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Sin embargo, hay división de opiniones en cuanto a si Putin puede ser considerado personalmente responsable, dado el debate sobre la inmunidad de los jefes de Estado. No sorprende que Ucrania, víctima de la agresión de Putin, y los vecinos de Rusia, incluidos Polonia y los estados bálticos, opinen que se debe despojar a Putin de la inmunidad. Pero Estados Unidos, el Reino Unido y Francia hasta ahora han estado a favor de mantener la inmunidad de los jefes de Estado, incluso ante un tribunal totalmente independiente e internacional. Probablemente teman sentar un precedente que pueda exponer a otros líderes –quizás incluso a los suyos– a responsabilidad.
Lo que necesitamos es una prueba de sentido común: ningún miembro decente de la sociedad que yo conozca cree que se deba conceder inmunidad a Putin. En lugar de seguir siendo un asunto de diplomáticos y abogados, una decisión tan importante debe reflejar una opinión pública informada, que desaprueba firmemente que se exima a Putin de ser procesado.
Una posible solución sería crear el tribunal sin exigir un acuerdo inicial sobre inmunidades personales o con una disposición flexible que esté abierta a la interpretación. Las partes que lo creen podrían, como ha sugerido el distinguido experto en derecho internacional Philippe Sands , decidir que la cuestión de la inmunidad se regirá por las normas aplicables del derecho internacional. Esto, en efecto, permitiría a los jueces del tribunal decidir sobre el asunto.
Debemos encontrar urgentemente una solución a estas preocupaciones antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre, ya que una segunda presidencia de Donald Trump podría cambiar la trayectoria de la guerra y dar paso a un período de incertidumbre. Para poner fin al impasse y establecer el tribunal especial sobre los crímenes de agresión en Ucrania, el nuevo gobierno laborista del Reino Unido debería invitar al grupo central de interesados –el Consejo de Europa, Ucrania y los países afines– a reunirse en Londres en septiembre. Esto permitiría al Reino Unido manifestar su repugnancia por la brutal guerra de Putin, así como su voluntad de liderar el camino para restablecer el imperio del derecho internacional.
El Consejo de Europa se fundó tras la Segunda Guerra Mundial, cuando grandes porciones de Europa estaban en ruinas, con el objetivo de defender el Estado de derecho y los derechos humanos. El procesamiento de Putin y su régimen por el crimen de agresión contra Ucrania se enmarca claramente en esa misión. También enviaría el importante mensaje de que un sistema basado en reglas, no en el poder, sigue siendo la mejor manera de crear un mundo más estable y pacífico.
Publicación original en: https://www.project-syndicate.org/commentary/final-step-to-establish-special-tribunal-to-prosecute-putin-crime-of-aggression-by-gordon-brown-2024-08