Las instituciones independientes ofrecen un medio democrático para aislar las decisiones económicas y de desarrollo fundamentales de las presiones políticas inmediatas. De este modo, podrían marcar una diferencia fundamental en áreas –desde la infraestructura hasta la educación– en las que América Latina y el Caribe se han quedado rezagadas en las últimas décadas.
WASHINGTON, DC – Mucho antes de convertirse en un destacado teólogo, San Agustín apeló a Dios: “Señor, concédeme castidad y continencia, pero todavía no”.
Es un llamado que uno puede imaginarse que formularían los gobiernos de América Latina y el Caribe (ALC). Saben que sus políticas y su planificación deben volverse más consistentes y predecibles. Reconocen que su incapacidad para implementar reformas duraderas y creíbles en áreas que van desde los impuestos hasta las pensiones y la educación desalienta la inversión y contribuye a que el crecimiento del PIB y la productividad estén entre los más anémicos del mundo. Pero, como el joven Agustín, carecen de la convicción o el coraje para hacerlo.
El cortoplacismo crónico de los responsables de las políticas no se limita a América Latina y el Caribe, ni siquiera a las regiones en desarrollo. Los ciclos electorales breves tientan a los políticos de todo el mundo a sacrificar los objetivos de largo plazo en favor de las demandas inmediatas de los electores. Pero las poblaciones de América Latina y el Caribe son particularmente desconfiadas de que sus gobiernos hagan lo correcto. Y por una buena razón: los partidos políticos de la región suelen ser demasiado débiles para mantener acuerdos programáticos o imponer disciplina política, y una arraigada tradición de política clientelista impide la planificación a largo plazo.
Esto ayuda a explicar por qué, durante la última década, los países de ALC han invertido un promedio de apenas el 2,8% de su PIB en infraestructura, la mitad del nivel de Asia. Como resultado, ALC está rezagada respecto de todas las demás regiones (excepto África subsahariana) en materia de calidad de infraestructura , y muchos países padecen de carreteras en mal estado, agua potable insalubre y apagones.
Incluso cuando los gobiernos abordan estos problemas, sus sucesores suelen borrar sus esfuerzos, como huellas en la arena. Por ejemplo, Colombia ha implementado reformas tributarias más de 20 veces desde 1990 (una reforma cada 18 meses, en promedio). Esto ha disuadido a los posibles inversionistas, que no pueden predecir sus probables obligaciones, y los ingresos fiscales no han aumentado significativamente.
De manera similar, 11 países de América Latina y el Caribe aprobaron reformas previsionales entre 1980 y 2005, algunas de las cuales pasaron a sistemas de cuentas individuales privadas, pero luego revirtieron parcialmente su postura entre 2008 y 2010 y luego implementaron más reformas, todo ello sin llegar a implementar los sistemas previsionales sólidos que se necesitan. Otros países ni siquiera han logrado implementar reformas previsionales significativas. En toda la región, una enorme cantidad de trabajadores del sector informal (que representan más de la mitad de la fuerza laboral) aún carecen de cobertura previsional , mientras que otros dependen de esquemas previsionales “no contributivos” sumamente inadecuados.
Lo mismo ocurre con la educación. “Casi podemos decir que cada nuevo presidente o cada nuevo ministro de educación de cada país introduce una nueva reforma”, observó un grupo de expertos latinoamericanos en un estudio de 2018 .
Para escapar del yugo del cortoplacismo político, los países de América Latina y el Caribe deberían adoptar una solución audaz: instituciones nacionales autónomas encargadas de diseñar e implementar políticas a largo plazo basadas en evidencia en áreas clave del desarrollo, como infraestructura, pensiones y educación. Esas instituciones deberían contar con expertos independientes, designados por períodos más largos que los ciclos electorales y aislados de las presiones políticas.
“Casi podemos decir que cada nuevo presidente o cada nuevo ministro de educación de cada país introduce una nueva reforma”, observó un grupo de expertos latinoamericanos en un estudio de 2018. Foto: Pixabay.
Es cierto que varios países, dentro y fuera de la región, ya han creado organismos independientes para ofrecer asesoramiento basado en evidencia sobre los desafíos de política a largo plazo, pero esas instituciones –entre ellas la Comisión Nacional de Productividad de Chile , la Comisión Australiana de Productividad , Infrastructure Australia y la Comisión Nacional de Infraestructura del Reino Unido– cumplen en gran medida una función consultiva: recomiendan políticas, pero carecen de autoridad para implementarlas.
En cambio, las instituciones que se necesitan en América Latina y el Caribe tendrían el poder de diseñar e implementar directamente las políticas. Sus decisiones serían vinculantes (el gobierno no podría anularlas) para garantizar que se persigan consistentemente los objetivos estratégicos de largo plazo, independientemente de los cambios políticos o las presiones de corto plazo, incluso de poderosos grupos de intereses especiales.
Por supuesto, esas instituciones deberían diseñarse con el máximo cuidado para garantizar su independencia, rendición de cuentas y legitimidad, pero los beneficios potenciales superan con creces los riesgos y los desafíos. Al crear instituciones creíbles que estén facultadas para tomar decisiones que sirvan al interés a largo plazo de la sociedad, los países pueden restablecer la confianza pública en el gobierno y crear las condiciones para un futuro más próspero, equitativo y sostenible.
Hay algunos precedentes de esto. Durante la década de 1980, algunos bancos centrales latinoamericanos, bajo presión gubernamental, imprimieron enormes cantidades de dinero para financiar el gasto fiscal, incluidos los rescates de sectores financieros afectados por la crisis. A esto le siguió una inflación alta y persistente. Así, en la década de 1990 y principios de la década de 2000, muchos países crearon bancos centrales transparentes y autónomos, integrados por expertos conocedores y dirigidos por miembros independientes de la junta. En algunos casos, la independencia del banco central estaba garantizada en la constitución nacional. Las instituciones tecnocráticas que surgieron ayudaron a mantener la inflación baja y estable en los años siguientes en casi todos los países de ALC , incluso frente a los recientes shocks inflacionarios, como la pandemia de COVID-19 y la guerra de Ucrania.
Las reglas fiscales son otro mecanismo institucional que promueve la estabilidad económica a largo plazo. La imposición de límites claros al gasto y al endeudamiento del gobierno fortalece la disciplina presupuestaria, mantiene las finanzas públicas sobre una base sólida, evita la acumulación de deuda insostenible y aumenta la resiliencia general.
Las instituciones independientes orientadas al desarrollo ofrecen un medio democrático para aislar las decisiones económicas y de desarrollo fundamentales de las presiones políticas inmediatas. De este modo, podrían marcar una diferencia fundamental en áreas en las que América Latina y el Caribe se han quedado rezagadas en las últimas décadas, un período caracterizado por vaivenes ideológicos y una polarización política cada vez más profunda .
Cuando finalmente Agustín se dio cuenta de que ya no podía posponer cambios importantes, se convirtió en uno de los pensadores más influyentes de la historia del cristianismo. Los gobiernos de América Latina y el Caribe deben seguir su ejemplo, no siguiendo a Dios, sino sentando las bases para una estabilidad y prosperidad a largo plazo después de décadas de disipación.
Es un llamado que uno puede imaginarse que formularían los gobiernos de América Latina y el Caribe (ALC). Saben que sus políticas y su planificación deben volverse más consistentes y predecibles. Reconocen que su incapacidad para implementar reformas duraderas y creíbles en áreas que van desde los impuestos hasta las pensiones y la educación desalienta la inversión y contribuye a que el crecimiento del PIB y la productividad estén entre los más anémicos del mundo. Pero, como el joven Agustín, carecen de la convicción o el coraje para hacerlo.
El cortoplacismo crónico de los responsables de las políticas no se limita a América Latina y el Caribe, ni siquiera a las regiones en desarrollo. Los ciclos electorales breves tientan a los políticos de todo el mundo a sacrificar los objetivos de largo plazo en favor de las demandas inmediatas de los electores. Pero las poblaciones de América Latina y el Caribe son particularmente desconfiadas de que sus gobiernos hagan lo correcto. Y por una buena razón: los partidos políticos de la región suelen ser demasiado débiles para mantener acuerdos programáticos o imponer disciplina política, y una arraigada tradición de política clientelista impide la planificación a largo plazo.
Esto ayuda a explicar por qué, durante la última década, los países de ALC han invertido un promedio de apenas el 2,8% de su PIB en infraestructura, la mitad del nivel de Asia. Como resultado, ALC está rezagada respecto de todas las demás regiones (excepto África subsahariana) en materia de calidad de infraestructura , y muchos países padecen de carreteras en mal estado, agua potable insalubre y apagones.
Incluso cuando los gobiernos abordan estos problemas, sus sucesores suelen borrar sus esfuerzos, como huellas en la arena. Por ejemplo, Colombia ha implementado reformas tributarias más de 20 veces desde 1990 (una reforma cada 18 meses, en promedio). Esto ha disuadido a los posibles inversionistas, que no pueden predecir sus probables obligaciones, y los ingresos fiscales no han aumentado significativamente.
De manera similar, 11 países de América Latina y el Caribe aprobaron reformas previsionales entre 1980 y 2005, algunas de las cuales pasaron a sistemas de cuentas individuales privadas, pero luego revirtieron parcialmente su postura entre 2008 y 2010 y luego implementaron más reformas, todo ello sin llegar a implementar los sistemas previsionales sólidos que se necesitan. Otros países ni siquiera han logrado implementar reformas previsionales significativas. En toda la región, una enorme cantidad de trabajadores del sector informal (que representan más de la mitad de la fuerza laboral) aún carecen de cobertura previsional , mientras que otros dependen de esquemas previsionales “no contributivos” sumamente inadecuados.
Lo mismo ocurre con la educación. “Casi podemos decir que cada nuevo presidente o cada nuevo ministro de educación de cada país introduce una nueva reforma”, observó un grupo de expertos latinoamericanos en un estudio de 2018 .
Para escapar del yugo del cortoplacismo político, los países de América Latina y el Caribe deberían adoptar una solución audaz: instituciones nacionales autónomas encargadas de diseñar e implementar políticas a largo plazo basadas en evidencia en áreas clave del desarrollo, como infraestructura, pensiones y educación. Esas instituciones deberían contar con expertos independientes, designados por períodos más largos que los ciclos electorales y aislados de las presiones políticas.
Es cierto que varios países, dentro y fuera de la región, ya han creado organismos independientes para ofrecer asesoramiento basado en evidencia sobre los desafíos de política a largo plazo, pero esas instituciones –entre ellas la Comisión Nacional de Productividad de Chile , la Comisión Australiana de Productividad , Infrastructure Australia y la Comisión Nacional de Infraestructura del Reino Unido– cumplen en gran medida una función consultiva: recomiendan políticas, pero carecen de autoridad para implementarlas.
En cambio, las instituciones que se necesitan en América Latina y el Caribe tendrían el poder de diseñar e implementar directamente las políticas. Sus decisiones serían vinculantes (el gobierno no podría anularlas) para garantizar que se persigan consistentemente los objetivos estratégicos de largo plazo, independientemente de los cambios políticos o las presiones de corto plazo, incluso de poderosos grupos de intereses especiales.
Por supuesto, esas instituciones deberían diseñarse con el máximo cuidado para garantizar su independencia, rendición de cuentas y legitimidad, pero los beneficios potenciales superan con creces los riesgos y los desafíos. Al crear instituciones creíbles que estén facultadas para tomar decisiones que sirvan al interés a largo plazo de la sociedad, los países pueden restablecer la confianza pública en el gobierno y crear las condiciones para un futuro más próspero, equitativo y sostenible.
Hay algunos precedentes de esto. Durante la década de 1980, algunos bancos centrales latinoamericanos, bajo presión gubernamental, imprimieron enormes cantidades de dinero para financiar el gasto fiscal, incluidos los rescates de sectores financieros afectados por la crisis. A esto le siguió una inflación alta y persistente. Así, en la década de 1990 y principios de la década de 2000, muchos países crearon bancos centrales transparentes y autónomos, integrados por expertos conocedores y dirigidos por miembros independientes de la junta. En algunos casos, la independencia del banco central estaba garantizada en la constitución nacional. Las instituciones tecnocráticas que surgieron ayudaron a mantener la inflación baja y estable en los años siguientes en casi todos los países de ALC , incluso frente a los recientes shocks inflacionarios, como la pandemia de COVID-19 y la guerra de Ucrania.
Las reglas fiscales son otro mecanismo institucional que promueve la estabilidad económica a largo plazo. La imposición de límites claros al gasto y al endeudamiento del gobierno fortalece la disciplina presupuestaria, mantiene las finanzas públicas sobre una base sólida, evita la acumulación de deuda insostenible y aumenta la resiliencia general.
Las instituciones independientes orientadas al desarrollo ofrecen un medio democrático para aislar las decisiones económicas y de desarrollo fundamentales de las presiones políticas inmediatas. De este modo, podrían marcar una diferencia fundamental en áreas en las que América Latina y el Caribe se han quedado rezagadas en las últimas décadas, un período caracterizado por vaivenes ideológicos y una polarización política cada vez más profunda .
Cuando finalmente Agustín se dio cuenta de que ya no podía posponer cambios importantes, se convirtió en uno de los pensadores más influyentes de la historia del cristianismo. Los gobiernos de América Latina y el Caribe deben seguir su ejemplo, no siguiendo a Dios, sino sentando las bases para una estabilidad y prosperidad a largo plazo después de décadas de disipación.
Publicación original en:https://www.project-syndicate.org/commentary/technocratic-institutions-can-overcome-political-short-termism-in-latin-america-and-caribbean-by-eric-parrado-2024-07
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