El sistema judicial es un mecanismo importante a través del cual el público puede exigir responsabilidades a los líderes electos; y para los niños que aún no pueden votar, es una de las únicas opciones. Eso hace que los tenaces esfuerzos de la administración Biden para bloquear una demanda climática presentada por jóvenes activistas sean aún más irritantes.
NUEVA YORK – Si bien todos estamos pagando un alto precio por el cambio climático, los niños y jóvenes de hoy tendrán que soportar condiciones mucho peores y durante mucho más tiempo. De hecho, el cambio climático sólo seguirá intensificándose durante el resto de sus vidas si seguimos en nuestro camino actual. Por eso un grupo de jóvenes estadounidenses presentó una demanda contra Estados Unidos en 2015, exigiendo que el cambio climático sea considerado responsablemente en las decisiones gubernamentales.
Me iré mucho antes de que se sientan todos los efectos del cambio climático, pero cada uno de los 21 jóvenes que presentaron la demanda, Juliana v. US , verá sus vidas alteradas de manera fundamental. Cuando lo que está en juego es su futuro, pedir a los niños estadounidenses que esperen hasta tener edad suficiente para votar por el cambio no es una opción viable.
El sistema judicial (cuando funciona) es un mecanismo importante a través del cual el público puede exigir responsabilidades a los líderes electos. Y para los niños, a esta hora tan tardía, es su único remedio. El cambio climático, que ahora es una de las principales causas de ansiedad y depresión de los jóvenes, ya está afectando su salud física y mental.
Los “ Juliana 21” defienden a todos los estadounidenses. Todos tenemos derecho a un clima habitable, con aire y agua limpios. Pero en lugar de proceder con la demanda, el gobierno federal parece firmemente opuesto a que los jóvenes demandantes tengan su día ante los tribunales. En los nueve años transcurridos desde que se presentó Juliana , los 21 de Juliana y su equipo legal han luchado contra 14 intentos del gobierno de Estados Unidos para detenerlo en seco. (Divulgación completa: he sido un testigo experto pro bono en este caso).
Apenas el mes pasado, por séptima vez en la demanda de Juliana , el gobierno federal presentó una orden judicial de mandamus, una táctica legal extrema en la que un tribunal superior ordena a un tribunal inferior no escuchar un caso (en lugar de seguir el proceso habitual, donde el tribunal superior falla sobre un caso sólo después de que haya sido visto por los tribunales inferiores). La nueva medida subvierte el proceso judicial y evita que los 21 de Juliana tengan sus pruebas escuchadas y consideradas en audiencia pública.
Las acciones del gobierno son desconcertantes, considerando que los tribunales de todo el mundo y de Estados Unidos han permitido que jóvenes demandantes presenten demandas similares. Por ejemplo, en otro caso presentado por la organización sin fines de lucro Our Children’s Trust (que también presentó el caso Juliana ), un tribunal de Montana determinó recientemente que cada tonelada adicional de emisiones de gases de efecto invernadero exacerbaría los ya graves daños constitucionales a los jóvenes demandantes. Por lo tanto, el juez dictaminó que los funcionarios del gobierno deben considerar estos daños cuidadosamente al revisar las solicitudes de permisos para combustibles fósiles. Dado que la Corte Suprema de Montana rechazó un intento del estado de suspender la implementación de este fallo histórico, las agencias estatales ya están trabajando para aplicar el nuevo estándar.
Juliana , a su manera, también ha hecho historia jurídica: ningún otro caso en Estados Unidos ha tenido siete peticiones de mandamiento judicial en su contra. Como señalan los demandantes , “de los más de 40.000 casos civiles en los que Estados Unidos es acusado representado por el Departamento de Justicia”, sólo en Juliana “el Procurador General ha tratado de detener el desarrollo de un expediente probatorio en el juicio… simplemente por sobre la base de que al gobierno le cuesta demasiado dinero proceder”.
Como reconoció el tribunal de Montana, la crisis climática se vuelve más grave cada día. Cada día se emite más dióxido de carbono a la atmósfera; y todos los días, el gobierno estadounidense gasta decenas de millones de dólares subsidiando la industria de los combustibles fósiles. Esto nos cuesta doblemente, porque estamos pagando tanto por el subsidio en sí como por los daños ambientales y de salud causados por perforar y alimentar nuestros sectores energéticos con combustibles altamente contaminantes en lugar de energía renovable limpia y disponible.
El cambio climático sólo seguirá intensificándose durante el resto de sus vidas si seguimos en nuestro camino actual. Foto: Pixabay.
Si el precio de litigar el caso es demasiado alto para el gobierno, eso se debe en parte a que ha librado una batalla de nueve años para sofocar las voces de los 21 de Juliana . De hecho, otra demora simplemente aumentaría los costos generales esperados del litigio. Además, mi propia evaluación de los costos ambientales incurridos durante estos últimos nueve años de retrasos muestra que son abrumadoramente más altos que los costos financieros citados por el gobierno.
No se trata de que la administración diga: “No interferimos con el Departamento de Justicia”. En este caso, la administración es la parte demandada y tiene plena responsabilidad por las actuaciones de su procurador general.
El mejor resultado (moral, económico y ambiental) sería llegar a un acuerdo con los niños. Todo lo que quieren es que el gobierno considere los efectos del cambio climático en ellos y en las generaciones posteriores al tomar decisiones políticas. Eso parece una obviedad.
Si, por alguna razón peculiar, la administración no quiere llegar a un acuerdo, entonces al menos debería permitir que el asunto vaya a juicio. La Constitución y el sistema judicial de Estados Unidos son vehículos poderosos para dar forma a lo que nuestra democracia ofrece a los jóvenes que no tienen voto en una cuestión de largo plazo que pone en peligro sus vidas, como la crisis climática.
Los 21 de Juliana entienden que si el Procurador General logra nuevamente retrasar su juicio, seguirán sin poder impedir que su gobierno empeore el problema. Así como es urgente abordar la crisis climática, también lo es –en este momento– impedir que el Procurador General recurra a la táctica extraordinaria de pedirle al Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito o a la Corte Suprema que desestime el caso, negando efectivamente a los jóvenes demandantes su derecho a un juicio.
Debemos respaldar a los 21 de Juliana . En este caso, la justicia demorada realmente es justicia denegada.
Joseph E. Stiglitz, premio Nobel de Economía y catedrático de la Universidad de Columbia, es ex economista jefe del Banco Mundial (1997-2000), presidente del Consejo de Asesores Económicos del Presidente de los Estados Unidos y copresidente de la Comisión de Alto Nivel sobre Precios del Carbono. Es copresidente de la Comisión Independiente para la Reforma de la Tributación Corporativa Internacional y fue el autor principal de la Evaluación del Clima del IPCC de 1995. Es el autor, más recientemente, deEl camino hacia la libertad: economía y buena sociedad ( WW Norton & Company , Allen Lane , 2024).
Me iré mucho antes de que se sientan todos los efectos del cambio climático, pero cada uno de los 21 jóvenes que presentaron la demanda, Juliana v. US , verá sus vidas alteradas de manera fundamental. Cuando lo que está en juego es su futuro, pedir a los niños estadounidenses que esperen hasta tener edad suficiente para votar por el cambio no es una opción viable.
El sistema judicial (cuando funciona) es un mecanismo importante a través del cual el público puede exigir responsabilidades a los líderes electos. Y para los niños, a esta hora tan tardía, es su único remedio. El cambio climático, que ahora es una de las principales causas de ansiedad y depresión de los jóvenes, ya está afectando su salud física y mental.
Los “ Juliana 21” defienden a todos los estadounidenses. Todos tenemos derecho a un clima habitable, con aire y agua limpios. Pero en lugar de proceder con la demanda, el gobierno federal parece firmemente opuesto a que los jóvenes demandantes tengan su día ante los tribunales. En los nueve años transcurridos desde que se presentó Juliana , los 21 de Juliana y su equipo legal han luchado contra 14 intentos del gobierno de Estados Unidos para detenerlo en seco. (Divulgación completa: he sido un testigo experto pro bono en este caso).
Apenas el mes pasado, por séptima vez en la demanda de Juliana , el gobierno federal presentó una orden judicial de mandamus, una táctica legal extrema en la que un tribunal superior ordena a un tribunal inferior no escuchar un caso (en lugar de seguir el proceso habitual, donde el tribunal superior falla sobre un caso sólo después de que haya sido visto por los tribunales inferiores). La nueva medida subvierte el proceso judicial y evita que los 21 de Juliana tengan sus pruebas escuchadas y consideradas en audiencia pública.
Las acciones del gobierno son desconcertantes, considerando que los tribunales de todo el mundo y de Estados Unidos han permitido que jóvenes demandantes presenten demandas similares. Por ejemplo, en otro caso presentado por la organización sin fines de lucro Our Children’s Trust (que también presentó el caso Juliana ), un tribunal de Montana determinó recientemente que cada tonelada adicional de emisiones de gases de efecto invernadero exacerbaría los ya graves daños constitucionales a los jóvenes demandantes. Por lo tanto, el juez dictaminó que los funcionarios del gobierno deben considerar estos daños cuidadosamente al revisar las solicitudes de permisos para combustibles fósiles. Dado que la Corte Suprema de Montana rechazó un intento del estado de suspender la implementación de este fallo histórico, las agencias estatales ya están trabajando para aplicar el nuevo estándar.
Juliana , a su manera, también ha hecho historia jurídica: ningún otro caso en Estados Unidos ha tenido siete peticiones de mandamiento judicial en su contra. Como señalan los demandantes , “de los más de 40.000 casos civiles en los que Estados Unidos es acusado representado por el Departamento de Justicia”, sólo en Juliana “el Procurador General ha tratado de detener el desarrollo de un expediente probatorio en el juicio… simplemente por sobre la base de que al gobierno le cuesta demasiado dinero proceder”.
Como reconoció el tribunal de Montana, la crisis climática se vuelve más grave cada día. Cada día se emite más dióxido de carbono a la atmósfera; y todos los días, el gobierno estadounidense gasta decenas de millones de dólares subsidiando la industria de los combustibles fósiles. Esto nos cuesta doblemente, porque estamos pagando tanto por el subsidio en sí como por los daños ambientales y de salud causados por perforar y alimentar nuestros sectores energéticos con combustibles altamente contaminantes en lugar de energía renovable limpia y disponible.
Si el precio de litigar el caso es demasiado alto para el gobierno, eso se debe en parte a que ha librado una batalla de nueve años para sofocar las voces de los 21 de Juliana . De hecho, otra demora simplemente aumentaría los costos generales esperados del litigio. Además, mi propia evaluación de los costos ambientales incurridos durante estos últimos nueve años de retrasos muestra que son abrumadoramente más altos que los costos financieros citados por el gobierno.
No se trata de que la administración diga: “No interferimos con el Departamento de Justicia”. En este caso, la administración es la parte demandada y tiene plena responsabilidad por las actuaciones de su procurador general.
El mejor resultado (moral, económico y ambiental) sería llegar a un acuerdo con los niños. Todo lo que quieren es que el gobierno considere los efectos del cambio climático en ellos y en las generaciones posteriores al tomar decisiones políticas. Eso parece una obviedad.
Si, por alguna razón peculiar, la administración no quiere llegar a un acuerdo, entonces al menos debería permitir que el asunto vaya a juicio. La Constitución y el sistema judicial de Estados Unidos son vehículos poderosos para dar forma a lo que nuestra democracia ofrece a los jóvenes que no tienen voto en una cuestión de largo plazo que pone en peligro sus vidas, como la crisis climática.
Los 21 de Juliana entienden que si el Procurador General logra nuevamente retrasar su juicio, seguirán sin poder impedir que su gobierno empeore el problema. Así como es urgente abordar la crisis climática, también lo es –en este momento– impedir que el Procurador General recurra a la táctica extraordinaria de pedirle al Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito o a la Corte Suprema que desestime el caso, negando efectivamente a los jóvenes demandantes su derecho a un juicio.
Debemos respaldar a los 21 de Juliana . En este caso, la justicia demorada realmente es justicia denegada.
Publicación original en: https://www.project-syndicate.org/commentary/juliana-vs-us-extraordinary-tactics-to-block-federal-climate-lawsuit-by-joseph-e-stiglitz-2024-03
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