El riesgo es real. Todos esos cartonistas, opinadores e incluso tuiteros que han pintado a Xóchitl Gálvez y a Claudia Sheinbaum como títeres de hombres en el poder, podrían terminar en la cárcel en los próximos años por violencia política de género.
La Ley General en Materia de Delitos Electorales dice, textual, que cometerá un delito quien “ocasione un daño o menoscabo en la igualdad de ejercicio de los derechos políticos o derechos electorales o de la función pública de la mujer”.
¿Y exactamente qué daña los “derechos políticos” de una mujer? Casi cualquier cosa. Tengo experiencia personal en ese tema:
Datanoticias, la organización periodística de la que soy director, fue acusada por el INE de cometer violencia política de género por el simple hecho de reproducir las declaraciones de Layda Sansores, gobernadora de Campeche, quien acusó a Alejandro Alito Moreno, líder del PRI, de exigir imágenes sexuales a las diputadas federales de su partido.
La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral federal nos condenó a pedir una disculpa pública; a borrar el video de nuestras redes sociales; a pagar 20 mil pesos de multa, y a ser inscritos en un registro nacional de violentadores de mujeres. Todo eso, ¡por reproducir el video público de una gobernadora! Un video en el que ella acusaba al líder nacional de un partido de cometer un delito.
Impugnamos ante la Sala Superior del Tribunal Electoral y ganamos. Los magistrados consideraron que los periodistas tenemos una protección, una “presunción de licitud” que no debería ser atacada por un juzgador a menos que se compruebe una intención de “evidenciar, exhibir y/o menoscabar” a las víctimas.
Es un precedente muy importante que protegerá a otros periodistas en el futuro. El problema es: ¿Quién es periodista? Lo somos quienes trabajamos para un medio de comunicación, pero ¿y los influencers? ¿Los tuiteros? ¿Las personas comunes que simplemente quieren opinar sobre política?
A nivel electoral lo máximo que puede ocurrir es una sanción económica. Pero a nivel penal, el delito es grave; sin derecho a fianza; que se persigue de oficio, es decir, ni siquiera es necesario que alguien presente una denuncia en tu contra para que se inicie una investigación penal. Muchos otros estados, entre ellos Sonora, Oaxaca, Ciudad de México y Veracruz, han replicado legislaciones similares en sus normas locales.
Violencia política de género. ¿Herramienta para perseguir?
No todas las mujeres políticas conocen o quieren ejercer los alcances de las normas de la violencia política de género. Pero la herramienta está ahí y es muy poderosa. Es tan poderosa, que deja en desventaja al acusado.
En Datanoticias fuimos notificados de la primer sentencia en contra nuestra un viernes y al terminar el lunes ya se había vencido el plazo de impugnación, porque la ley electoral solo da tres días naturales de plazo a los acusados para responder.
Encima de todo, la carga de la prueba, en los hechos, queda en manos del acusado. Porque la ley dice que las acusadoras no tienen la obligación de probar nada, sino únicamente de quejarse ante el INE, cuya unidad especializada en materia de género tiene la obligación –y los instrumentos legales– para investigar a los señalados.
¡Quien acusa no necesita aportar pruebas! Por lo tanto, el costo de realizar una denuncia es muy bajo, mientras que el acusado sufre el costo y el desgaste de tener que probar su inocencia.
Fuimos obligados, como acusados, a entregar documentación sobre nuestros estados financieros y nuestra situación fiscal. Para que la autoridad pudiera calcular de cuánto iba a ser la multa. Un claro acto de intimidación: dime cuánto ganas, para saber de cuánto va a ser la muta. Ya después veremos si eres culpable o no.
Al final, nosotros libramos cualquier sanción y una acción penal posterior. Pero no todos son tan afortunados. Conozco al menos otros dos casos donde los acusados estuvieron a punto de llegar a la cárcel por violencia política de género.
Un caso lo hizo público Ciro Gómez Leyva por la denuncia de la diputada Wendy Briseño contra los periodistas Hiram Rodriguez y Gerardo Ponce, así como contra el encuestador Sergio Zaragoza, por hacer comentarios en contra de la entonces candidata. Los señalamientos que éstos hicieron, que no vamos a repetir aquí, son mucho más duros que la simple reproducción de un video por el cual nosotros fuimos exonerados.
Sin embargo, aquí viene la pregunta: ¿qué tipo de crítica o de ofensa contra una mujer merece cárcel y cuál no? Varios cartonistas críticos de Xóchitl Gálvez la han retratado como botarga de Claudio X González. ¿Deberían ser castigados penalmente por ello? Otros han mostrado a Claudia Sheinbaum como un títere del presidente López Obrador, ¿hay que castigarlos tras las rejas?
Y no es un problema que afecte únicamente a quienes estamos en medios de comunicación. El otro caso que conozco aún no es público y, por eso, no puedo contar los detalles. Pero se trata también de proceso penal contra un funcionario que despidió a una mujer a su cargo; despido que fue validado como legal por el propio tribunal que después lo condenó por violencia política de género.
Cualquiera puede ser condenado. Incluso una mujer política, como Layda Sansores. La actual sanción en su contra podría parecer banal (la inscripción en el registro nacional de violentadores de género), pero no lo es. De entrada, eso le impedirá buscar un cargo posterior al que tiene actualmente. Pero más grave: ya sin fuero, en próximos años podría terminar en la cárcel. Basta con que la FGR decida, por cualquier razón, retomar el expediente por el cual ella fue condenada a nivel electoral.
Más allá de que por razones de afinidad o repulsión política nos gustaría ver a otros en la cárcel por sus opiniones, debemos reflexionar esto con calma. ¿Es justo que cualquiera pueda ser arrestado por ofender a una candidata, funcionaria o legisladora?
El peligro para la democracia mexicana queda latente. El huevo de la serpiente está incubado. Muy probablemente tendremos en pocos meses a dos candidatas presidenciales, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, compitiendo en una contienda cerrada. En ese escenario, será muy tentador para ellas mismas o para sus equipos recurrir a cualquier arma a su alcance con tal de tomar ventaja.
Acusar a un crítico de violencia política de género es fácil. Y la amenaza de cárcel será suficiente para callar a más de uno. Es, además, un delito sin prescripción. Los más férreos opositores hoy de Claudia o Xóchitl podrían ser mañana, o dentro de tres años, perseguidos muy fácilmente.
Cualquier Fiscalía, deseosa de quedar bien con la señora presidenta, podrá hacer ese trabajo sucio de forma muy sencilla. Ni siquiera va a hacer falta una denuncia.
Twitter: estroman
