Nadie imaginó ver a AMLO departir alegremente con uno de sus archienemigos declarados, con el mismísimo presidente global de Iberdrola. Para nadie es un secreto la guerra sin cuartel que, desde hace años, ambos bandos han protagonizado por el control de la producción y venta de la energía eléctrica en el país.
Durante tres sexenios seguidos, de Fox a Peña, Iberdrola ganó todas las batallas. No sólo logró incursionar, a partir del 2000, en el mercado nacional, sino que su participación y apoyo fueron decisivos para la reforma estructural de 2013 que modificó de manera integral el marco normativo en materia energética. Además de las reformas a los artículos 20, 25, 27 y 28 constitucionales, se expidieron 9 leyes nuevas, se modificaron 12 de las leyes existentes y se despacharon 25 reglamentos para regular las actividades del sector.
Con la reforma estructural del 2013, Iberdrola aseguró uno de los mejores negocios conocidos. Garantizó la venta de toda su producción energética al precio de los competidores más altos, no pagaba por la transmisión, respaldo y almacenamiento de la energía que generaba, pues, corría a cargo de la CFE, y como impuesto sobre sus ganancias solo tenía que pagar 17 centavos por cada dos mil pesos, cuando en España paga el 43% por las mismas. Por si fuera poco, contó con el reconocimiento público de lo más granado de nuestra sociedad. Mejor imposible. Este idilio de Iberdrola con nuestra clase política nos inspira a evocar a los aztecas embelesados con los espejitos. De ahí que sea más que comprensible el reconocimiento profesional de Iberdrola a Felipe Calderón y a Georgina Kessel, su ex secretaria de Energía.
El único nubarrón que siempre se le atravesó a Iberdrola en esta feliz etapa fue López Obrador. Desde el principio denunció estos negocios y calificó a la reforma energética de Peña como un saqueo al patrimonio nacional y un atentado contra la soberanía energética. Ya como presidente, una de las primeras acciones de AMLO fue tratar de equilibrar las condiciones de competitividad entre la industria privada y la CFE mediante una reforma constitucional en la materia que, entre otras medidas, dividiera el mercado nacional en 45% para los privados y el 55% para el Estado, eliminando privilegios y subvenciones a las empresas privadas con cargo al presupuesto público.
AMLO también perdió esta primera batalla como presidente. Su propuesta de reforma constitucional no pasó. Por si fuera poco, los jueces también ampararon a Iberdrola para no pagar 9 mil millones de pesos de una injusta multa por simulación.
Necio como es, AMLO no se arredró y emprendió una segunda batalla. Habiendo perdido la reforma constitucional en materia energética, su nuevo objetivo fue una reforma a la Ley Eléctrica que ganó hasta el 7 de abril de 2022, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación la avaló.
Acuerdos de AMLO e Iberdrola
Sorpresivamente, un año después, el 4 de abril de 2023, AMLO y la plana mayor de Iberdrola encabezada por Ignacio Sánchez Galán, presidente global de Iberdrola, se reúnen en Palacio Nacional para suscribir un Memorándum de Entendimiento en el que Iberdrola se compromete a vender 13 de sus 24 plantas que tiene en el país al Estado mexicano por 6 mil millones de dólares.
La pregunta que surge inmediatamente es ¿por qué después de 22 años de batallas ganadas, Iberdrola abandona el campo de batalla? La única respuesta plausible es la del Padrino, “no es nada personal, solo negocios”.
Como lo constatan las votaciones en el Congreso, Iberdrola aún cuenta con muchos amigos alineados a sus intereses. Sin embargo, supongo que sus análisis de prospectiva concluyen que, por el momento, no hay forma de que sus aliados regresen a la presidencia de la República ni que ganen la mayoría del congreso en el 2024. Supongo que también señalan que las mañaneras de AMLO han modificado las corrientes mayoritarias de opinión pública y sería poco probable, y muy costoso, volver a generar un ambiente mediático en el cual la soberanía energética se pueda canjear por una empresa de clase mundial.
Posiblemente, estas consideraciones están detrás del críptico mensaje que Sánchez Galán pronunció en su reunión con AMLO: “Hemos entendido la política energética de su gobierno, que nos ha llevado a buscar una situación que sea buena para el pueblo de México y, al mismo tiempo, cumpla con los intereses de nuestros accionistas”. Implícitamente, reconoce que, por lo menos en el mediano plazo, no hay condiciones para modificar la política energética de la 4T. Es decir, se quedan sin las ventajas competitivas que la reforma energética de Peña les había garantizado, con lo cual se reducen sus márgenes de ganancia.
Por si fuera poco, los altos incrementos de Iberdrola al precio de la luz en Europa durante la pandemia abonan en su desprestigio público, al grado de que en la propia España se debate la pertinencia de una nacionalización, como en Francia y Alemania, a pesar de los sabios consejos que seguramente les da Felipe González.
En este contexto, la venta de 13 plantas de Iberdrola es un buen negocio. Se refacciona y ya no va a estar rezando ni invirtiendo a sus aliados para que le vuelvan a ganar a AMLO. No importa que deje chiflando en la loma a los que dieron la cara y votos por la empresa. Es más, no importa que con esta transacción el Estado mexicano se haga con el control inmediato del 55% del mercado del país y que esté en condiciones de incrementar su participación al 65% el año próximo, rebasando la proporción que la reforma constitucional de AMLO había buscado originalmente. Business are business.
Al parecer, con una sola batalla ganada y un golpe de suerte, AMLO retomó el control del Estado mexicano sobre la energía eléctrica. Sin embargo, como vemos en esta apretada reseña, no todo está escrito ni es para siempre. Por lo pronto hay tres pendientes fundamentales e inmediatos: que no falte la luz, que no suban las tarifas eléctricas y que los jueces no echen para atrás esta nueva correlación. Esta historia continuará.
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