El entusiasmo con el que Japón comenzó a rearmarse sorprendió a sus aliados y socios internacionales. El mes pasado, el primer ministro japonés Fumio Kishida dio a conocer planes detallados para duplicar el gasto en defensa durante los próximos cinco años, lo que no deja dudas sobre la determinación del país para expandir sus capacidades militares y disuadir a China de su ambición expansionista.
La nueva visión estratégica japonesa representa la culminación de un cambio a largo plazo que comenzó con el predecesor de Kishida, Shinzō Abe, asesinado en julio del año pasado.
Durante el gobierno de Abe —desde que regresó al poder en diciembre de 2012 hasta que renunció en septiembre de 2020— Japón modernizó su doctrina militar y aumentó significativamente el gasto para la defensa.
Abe creó además un Consejo de Seguridad Nacional al nivel del gabinete, estableció la Secretaría de Seguridad Nacional para darle apoyo, optimizó las adquisiciones militares con la creación de la Agencia de Adquisiciones, Tecnología y Logística (ATLA), y finalmente, pero no por eso algo menos importante, intentó enmendar la constitución pacifista japonesa, aunque sin éxito.
En conjunto, las políticas de Abe marcaron un cambio histórico para la política de defensa japonesa y su situación regional: la seguridad japonesa dejaría de ser una cuestión de ilusiones, ceguera obstinada y dependencia de Estados Unidos. Antes de Abe, si China hubiese atacado a un buque de guerra estadounidense cerca de las aguas territoriales japonesas, los militares japoneses se hubieran mantenido al margen. Abe rechazó ese enfoque absurdo y empujó al Japón a asumir un papel central en el Indopacífico. Ahora, si EE. UU. y China entraran en guerra por Taiwán, Japón podría cooperar con los militares estadounidenses. En una suerte de inversión de roles, los militares japoneses están protegiendo a los buques y aviones estadounidenses en la región.
Las ambiciosas políticas de defensa de Kishida, entre las que se cuenta el aumento del gasto militar a 43 billones de yenes (330 mil millones de dólares) para 2027 y una revisión de la estrategia japonesa de seguridad nacional para incorporar capacidades de contraataque, implementa muchas de las ideas de Abe. También incluyen cuatro ampliaciones significativas.
En primer lugar, la nueva doctrina de seguridad llama a las cosas por su nombre. Cuando Japón publicó su primera estrategia nacional de seguridad en 2013, describió las incursiones chinas al espacio marítimo y aéreo japonés cerca de las islas Senkaku como «una cuestión preocupante para la comunidad internacional, incluso para Japón». La estrategia revisada, sin embargo, se refiere a China —en línea con la retórica estadounidense— como su «mayor desafío estratégico, uno sin precedentes». Como queda en claro con ese cambio, el crecimiento militar japonés busca principalmente desalentar al expansionismo chino.
En segundo lugar, la nueva estrategia procura aumentar el inventario de combustibles y municiones para solucionar un problema sobre el cual Abe hizo reiteradas advertencias: aunque Japón compró muchos aviones, barcos y vehículos de combate durante la última década, carece de las reservas estratégicas e instalaciones para el almacenamiento seguro necesarias para mantener una guerra prolongada.
Ciertamente, almacenar municiones y combustibles es mucho menos glamoroso que comprar aviones de combate F-35 o misiles crucero Tomahawk de largo alcance a EE. UU., pero aunque ciertamente las adquisiciones masivas de armas ayudarán a Japón a enfrentar la amenaza triple de Rusia, China y Corea del Norte, lo cierto es que su posición estratégica es mucho más precaria que la de cualquier otro miembro del G7. A menos que cree y mantenga reservas estratégicas adecuadas, Japón no será capaz de defenderse.
En tercer lugar, el pacto para la defensa entre EE. UU. y Japón solía incluir la regla implícita de que todos los nuevos activos militares estarían bajo control estadounidense. Sin embargo, Japón, el Reino Unido e Italia anunciaron recientemente que unirán fuerzas para desarrollar un avión de combate de última generación. El Departamento de Defensa de EE. UU. inmediatamente publicó una declaración en apoyo de esa nueva asociación, lo que refleja la creciente cooperación militar entre EE. UU., Japón, los países europeos, Australia y la India.
Finalmente, la estrategia de seguridad nacional revisada afirma que «Japón aceptará activamente a personas desplazadas por la guerra». Esta alusión a una posible invasión de China a Taiwán, junto con la voluntad implícita de aceptar a muchos ciudadanos taiwaneses que seguramente huirían en tal caso, no atrajo mucha atención, pero es innovadora.
Si Abe estuviera vivo, le hubiera complacido que el gobierno de Kishida esté implementando muchas de las metas que él quería lograr. Aunque la nueva agenda de seguridad nacional no incluye enmiendas a las restricciones existentes para el despliegue de armamento ofensivo, sí enfatiza la necesidad de desarrollar capacidades de contraataque que le permitirían a Japón destruir objetivos en otros países si fuera atacado.
Pero aunque el mayor gasto militar propuesto parece contar con amplio apoyo del público, su financiamiento probablemente será objeto de feroces debates parlamentarios. El plan de Kishida para cubrir los gastos adicionales con aumentos de impuestos ya generó una dura oposición, incluso en su propio partido. Sin duda, la competencia de Kishida será puesta a prueba en los próximos meses, al igual que la nueva determinación japonesa.
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