El municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, ocupó el quinto lugar nacional en presuntos feminicidios de acuerdo con un estudio realizado en 2021. Sin embargo, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres enfrenta un rezago en las carpetas de investigación por delitos relacionados con violencia de género con apenas un 2.3 por ciento de sentencias condenatorias emitidas del 2019 al 2021.
Ricardo Hernández/Border Hub
El municipio de Cuauhtémoc se ubica al occidente del estado de Chihuahua y es aquí donde en los últimos cinco años se registra una de las tasas más elevadas del país en los delitos de violencia de género y, al mismo tiempo, un alto índice de impunidad.
A partir de documentos, cifras oficiales y entrevistas, que integran esta investigación, se pone en evidencia una realidad invisible a la vista de muchos, pero que impacta en la dinámica social de esta localidad, y que coloca a las mujeres víctimas en desprotección.
Pareciera que se les atiende de forma regular y legal por parte de la Fiscalía y el juzgado; sin embargo, la mayoría de las víctimas que buscan justicia pasan meses o años en espera sin que el daño haya sido reparado. Aquí unas cifras que lo demuestran: durante los años 2019, 2020 y 2021 se interpusieron 2 mil 168 denuncias ante la Fiscalía por delitos contra la mujer, en promedio dos denuncias por día.
Sin embargo, sólo 50 de esas denuncias han recibido sentencia condenatoria, es decir, 2.30 por ciento, adicionalmente 2 recibieron sentencia absolutoria, de acuerdo con datos obtenidos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Víctimas de la violencia y abogados, quienes han solicitado el anonimato debido al temor a represalias por parte de autoridades, ofrecieron su testimonio sobre las dificultades a las que se han enfrentado en la búsqueda de acceso a la justicia.
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Miriam (nombre ficticio) fue víctima de golpes por parte de su expareja. Hace dos años presentó una denuncia ante la Fiscalía de Chihuahua, pero hasta el momento la investigación no ha tenido avance.
Al poco tiempo de denunciar recibió amenazas por parte de su agresor: “Si me llegan a meter al bote verás cómo les va a ti y a tus testigos”. Y aunque el sujeto ya tenía varias demandas en su contra, las autoridades, dijo, no actuaron.
“Ya tiene varias demandas en la Fiscalía, por el mismo delito, supongo que por eso lo protegen. No es la primera, en una sí negoció con la víctima, pero de las otras no sé qué pasó, además de que trabaja en gobierno, por eso no me quiero acercar para pedir apoyo”, señaló.
El abogado Emanuel Villalobos, a quien le ha tocado litigar casos de este tipo, aseguró que existen varios motivos por los que una carpeta de investigación no avanza, entre ellos, tráfico de influencias. “Nos ha tocado conocer de algunos casos de tráfico de influencias, resulta que el agresor es conocido de alguien que está en Daños o está en Robos, “échame la mano, minimízalo, no lo politices tanto, no lo lleves a los medios”.
“Se da mucho cuando las personas agresoras detentan cierto nivel o posición económica o bien detentan algún puesto social”, dijo el abogado.
De las 2 mil 168 carpetas iniciadas en tres años, el 56.3 por ciento, mil 222 denuncias, no ha sido resuelto por las autoridades ya que se encuentra en proceso de investigación o en proceso de judicialización, esto más de la mitad de todos los expedientes recibidos por la Fiscalía en 36 meses.
Adicionalmente, 894 carpetas de investigación, es decir, el 41 por ciento fue archivado por alguna razón, ya sea porque la víctima declinó, porque los jueces dictaron el no ejercicio de la acción penal, porque el Ministerio Público determinó el sobreseimiento y/o suspendió el proceso por distintos motivos.
Ante esta situación, y a pesar de que desde el año 2020 el exgobernador panista Javier Corral anunció una inversión de 64 millones de pesos para la construcción del Centro de Justicia para las Mujeres en este municipio, en 2021, durante la administración de María Eugenia Campos, también del PAN, se redujo el presupuesto para dicho centro a 11 millones de pesos.
Es decir, a una obra que tendría una inversión de 64 millones de pesos, solamente se le asignaron 11 millones, razón por la cual no se ha concluido.
EL ESCENARIO
A Cuauhtémoc se le conoce como el municipio de las Tres Culturas, por la convergencia de las comunidades rarámuri, mestiza y menonita, aunque también existe una importante cantidad de descendientes de origen chino. En total, es el hogar de 180 mil 638 personas, de los cuales 92 mil 221 son mujeres, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020, elaborado por el INEGI.
Se ubica en el centro y un poco al oeste del estado de Chihuahua, y es el tercer municipio más importante de la entidad, sólo por debajo de la frontera Juárez y la capital Chihuahua. En este municipio los problemas sociales y las denuncias van al alza.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las llamadas de emergencia reales al número 911 (de enero a diciembre de 2021), del total de ilícitos reportados en el país, los relacionados con posibles delitos de género representaron casi el 8 por ciento de 15 millones 836 mil 379 llamadas.
Siendo las más numerosas las relacionadas con violencia familiar, con un 4.36 por ciento, seguida por violencia contra la mujer con 1.84 por ciento, y violencia de pareja en tercer lugar, con 1.64 por ciento de los casos. El resto son por abuso sexual, violación, acoso y hostigamiento.
Para dimensionar la gravedad del problema, en los últimos tres años en el país se registró un alza consistente de estos delitos. En el caso de violencia familiar, en el año 2019 fueron 210 mil 188 casos; para el año siguiente, 2020, sumaron 220 mil 031, y en el 2021 fueron 253 mil 739. Es decir, en sólo 24 meses el incremento fue del 20 por ciento.
Pero si se coloca la lupa en este municipio de Chihuahua, resulta que Cuauhtémoc tiene una incidencia delictiva muy alta en esos delitos en el mapa nacional.
De acuerdo con cifras oficiales, entre 2019 y 2021, ante la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito (FEM) se interpusieron 2 mil 168 denuncias por delitos relacionados con violencia contra las mujeres, sólo en Cuauhtémoc. Es decir, las mujeres denunciaron dos delitos por día, en promedio en esos tres años, en un municipio donde habitan menos de 100 mil mujeres.
Para la atención de las denuncias, la Fiscalía General del Estado destina alrededor de 30 millones de pesos al año para la Fiscalía Especializada en Atención a los delitos contra la Mujer en toda la entidad, de acuerdo con Martha Teresa González Rentería, defensora de los derechos de las mujeres en Chihuahua.
Un estudio comparativo, elaborado en 2021 por el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana en el ayuntamiento, muestra que Cuauhtémoc ocupó los primeros lugares en incidencia delictiva relacionada con la violencia de género por cada 100 mil habitantes:
|
Delito |
Lugar Nacional | *Lugar Estatal | Tasa municipal por cada 100 mil habitantes |
Media nacional por cada 100 mil habitantes |
|
Homicidio |
5 | 1 | 6.5 | 4.17
*por cada 100 mil mujeres |
| Violencia de género | 75 | 5 | 0.5 |
3.25 |
|
Abuso sexual |
14 | 3 | 49.1 | 4.8 |
| Hostigamiento sexual | 50 | 5 | 3.2 |
7.4 |
|
Violación |
14 | 3 | 37.3 | 16.4 |
| Violencia familiar | 79 | 5 | 276.8 |
196.7 |
Fuentes: Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana y Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Nota: El ranking tomó en cuenta a los 238 municipios del país con más de 100 mil habitantes.
*Lugar Estatal se refiere al lugar que ocupa Cuauhtémoc en el comparativo de los municipios del estado de Chihuahua.
IMPUNIDAD, DISPARA LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Los datos obtenidos de la Fiscalía General del Estado a través de la Plataforma Nacional de Transparencia indican que del total de denuncias por violencia contra las mujeres (que son 2 mil 168 casos):
• El 43 por ciento, es decir 939 casos, se encuentran en investigación, y 283, es decir, el 13 por ciento, en proceso de judicialización.
• 285 de las denuncias, el 13.1 por ciento, han sido declinadas por distintos motivos.
• En 22 casos, el 1 por ciento, el juez determinó el no ejercicio de la acción penal.
• En 438 denuncias, el 20 por ciento, se determinó el sobreseimiento de la acción penal o la suspensión de la acción penal, es decir se dio carpetazo.
Estos números oficiales significan que el 34.1 por ciento de los casos se archivan por alguna razón que determina el juez o el Ministerio Público, y que no se explica a las víctimas, de acuerdo a las entrevistas realizadas para este reportaje. Es decir, simplemente tres de cada 10 mujeres no reciben justicia y no saben por qué, pues en la fiscalía no les explican las razones.
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La otra parte, ese 43 por ciento sigue en investigación por años, y las denunciantes aseguran que simplemente no avanzan.
Sumando ambos rubros, resulta que el 77 por ciento de los casos, o lo que significa casi 8 víctimas de cada 10, no ha recibido justicia en los últimos tres años. A pesar de que la legislación en el estado de Chihuahua contempla mayor protección a las mujeres, y penas más graves a los agresores, la atención brindada por parte de las autoridades está lejos de cumplir con esta norma.
Abogados que litigan en el municipio de Cuauhtémoc consideran que el Ministerio Público incurre en una serie de omisiones que terminan por generar impunidad. Carlos, abogado que pidió que no fuera revelado su nombre ante posibles represalias de la fiscalía, explicó en entrevista que hay casos de violencia contra la mujer en donde pasan años, y llega a prescribir el delito porque no se investiga, y no hay un seguimiento adecuado.
“El Ministerio Público es ineficiente en su trabajo por su preparación, en ocasiones por deficiencias institucionales y en otras existe la posibilidad que sea por consigna”, apuntó.
Cuando se llega a integrar la carpeta de investigación para vinculación a proceso del agresor, detalló el litigante, ésta lleva pruebas deficientes y el juez la rechaza por falta de elementos, por lo que regresa a la fiscalía y se estanca.
En otros casos, dijo, cuando se llega a la vinculación a proceso se le da un beneficio al agresor por no ser reincidente, no tener antecedentes penales y solamente se le condiciona al pago de la reparación del daño.
A decir del abogado, estas acciones provocan una reincidencia en el delito, ya que la mayoría de los agresores quedan en libertad. Este beneficio no se da en ningún otro ilícito, porque “la violencia familiar no se considera un delito de alto impacto”, subrayó el jurídico.
Una de las razones que explican el desistimiento del caso por parte de las víctimas, precisó el litigante, es el desgaste que sufren durante el proceso de investigación.
Es un factor determinante, sostuvo Carlos, para que prefieran no continuar en la búsqueda de justicia.
“Hay víctimas que ya están muy violentadas y desgastadas por el proceso, primero porque no hay justicia, pasan por la pericial sicológica, van con el médico legista, presentan videos, fotografías, presentan a los hijos como testigos de la violencia y después de uno o dos años de estar así ya no quieren saber nada”, expuso el litigante que conoce de cerca los casos.
Sin embargo, la titular de la Fiscalía Especializada de la Mujer, Ana Murga, explicó en entrevista que el motivo por el que no se han emitido tantas sentencias condenatorias es porque se promueven soluciones alternativas para restablecer el tejido familiar.
“Aquí la intención es generar otra vez el contexto familiar, entonces ahí se les dan terapias a ambas partes, se les dan salidas de que se le pague la reparación del daño y que cumplan ciertas condiciones y por eso muchas veces se considera como que es impunidad, porque no se llega a una sentencia. Sin embargo, sí están sujetos a unas condiciones para que se cumpla y que no vuelva a ejecutarse estos actos de violencia”, apuntó Murga.
“NUNCA ME QUISIERON RECIBIR”
Ocurrió en julio de 2021, de la agresión verbal y económica, rápido evolucionó a las amenazas de muerte. Ante el trato que recibió de su pareja, Francisca (nombre ficticio para proteger su identidad por seguridad) interpuso una denuncia penal en la Fiscalía General del Estado. La atendieron y le dijeron que la canalizarían para que recibiera apoyo psicológico, algo que nunca ocurrió.
“En algunas ocasiones fui a la Fiscalía porque me mandaron supuestamente con el psicólogo que nunca me quisieron recibir, por una u otra cosa, pero nunca se me dio la audiencia que necesitaba”, relató la víctima en entrevista para este reportaje el 18 de junio de 2022 y hasta la publicación de este reportaje su caso no ha sido resuelto.
A los 15 días que interpuso su denuncia, acudió a su domicilio una abogada, que le indicó que tenía que presentar testigos. Pero desde esa fecha hasta un año después, “ni una llamada ni absolutamente nada”.
Lo que sí ocurrió, narró Francisca, es que su pareja se enteró de la denuncia y se incrementaron las amenazas, cuando aún vivían juntos. Denunció cada una. Pero a casi dos años de que registró legalmente la agresión, el caso no avanzó en la Fiscalía, solamente le han realizado la entrevista por parte de la psicóloga de la Fiscalía, por lo que su esperanza de que el agresor sea castigado se diluye.
“Como se han portado, de la autoridad no espero absolutamente nada, lo que voy a hacer es protegerme yo”, aseveró. El abogado Carlos explicó que cuando una víctima acude ante la Fiscalía a presentar una denuncia, en la carpeta de investigación se solicita una orden de restricción con la cual el agresor no puede tener contacto con ella; sin embargo, esa restricción sólo existe en papel.
“Ese oficio se presenta ante el 911 para que las operadoras tengan conocimiento de que una persona tiene una orden restricción en contra de otra y se supone que cuando una víctima hace una llamada al sistema de emergencias, tiene prioridad a su llamada”, refirió el litigante Carlos. Pero el problema se agrava toda vez que en la mayoría de las veces las corporaciones policiacas no acuden.
CRECEN DELITOS DE FEMINICIDIOS Y ABUSO SEXUAL
El delito contra las mujeres más recurrente en Cuauhtémoc es el de la violencia familiar, seguido del abuso sexual y violaciones. En 2021, año en el que el gobierno federal decretó la alerta de género en Cuauhtémoc, ocurrieron seis asesinatos de mujeres por razón de género, posicionando al municipio en el quinto lugar a nivel nacional.
Y ese no es el único delito contra las mujeres en el que esta localidad destaca. Datos del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública indican que el municipio en el 2021 ocupó la posición número 14 en abuso sexual y también en violaciones entre los 238 municipios con más de 100 mil habitantes.
Sin embargo, la cantidad de casos podría ser mayor debido a que existen un gran número de agresiones que no se denuncian ante la Fiscalía de la Mujer, según Delma Cecilia Martínez, fundadora y vocera de la organización Colectiva de Estudios Feministas Maye, con sede en Cuauhtémoc y que impulsó la creación del Instituto Municipal de las Mujeres.
Martínez sostuvo que tienen “una estadística impresionante de no denuncia. En México solamente el 3 por ciento de los delitos se denuncian. Incluso muchas desisten del proceso de denuncia porque ven que no avanza, tienen esa sensación de que es mucha la tardanza, la espera o la inatención”, dijo.
“Tenemos usuarias que dicen ya no quiero nada, mejor me voy de la ciudad porque está amenazada de muerte por el tipo, porque no se les da las medidas de protección adecuadas”, añadió.
ACUSA ACTIVISTA “JUSTICIA SELECTIVA”
Martha Teresa González Rentería, defensora de los derechos de las mujeres en Chihuahua, opinó que existe una “justicia selectiva” en la que se priorizan los casos que involucran a personajes públicos, con poder económico o político, y que tengan impacto mediático, dejando sin atención a las víctimas que carecen de recursos económicos.
Esto, dijo, se debe a la falta de presupuesto, personal, capacitación o interés por parte de las autoridades y hace que se acumulen las carpetas de investigación. “Si tiene un número elevado de casos que atender y tiene tres gentes de personal, pues, aunque quiera, se ven rebasados, atenderán el caso más mediático, pero se quedan rezagados miles de casos”, aseveró en entrevista.
La selectividad y la falta de atención de la Policía Municipal es sólo la primera parte de este tejido que provoca impunidad, de acuerdo con abogados. “No tienen la capacitación debida, revictimizan a la persona que está sufriendo el delito de violencia familiar”, sostuvo Carlos, uno de los abogados entrevistados. Afirmó que la Fiscalía deja de atender a las víctimas que pretenden interponer una denuncia.
“Es una manera recurrente de rechazarlas, o decirles que acudan otro día o no acuden con lesiones visibles, tienen que ir golpeadas o con lesiones graves para que procedan a tomarles las denuncias.
“Conozco casos de personas que tienen con la denuncia seis o cuatro meses ni siquiera se les ha llamado para la pericial psicológica que es muy importante para determinar si una persona ha sufrido o no violencia y pues se quedan en el olvido las carpetas”, afirmó.
Para Andrés, otro abogado particular entrevistado, “las fallas son más o menos conocidas en la sociedad, presentas una denuncia y muchas veces se va quedando en el olvido, si no existe una agresión física muy fuerte o si no existe un escándalo muy fuerte en redes sociales hay ocasiones en que las denuncias se quedan ahí”.
El litigante Emanuel Villalobos detalló que la atención a las víctimas está sujeta a una serie de filtros.
“Las personas llegan al módulo de denuncias en donde se les da lo que se conoce como atención temprana, el agente del Ministerio Público funge como calificador si considera que los hechos narrados son constitutivos de delito pasa el primer filtro, muchas veces, les niegan la atención”.
Ana Olivas, representante del Frente Nacional Mujeres, precisó que “5 de cada 10 casos que ha atendido el frente en donde presentan la denuncia y al cabo de muchos meses, inclusive, las víctimas, por el vínculo traumático que tienen con su agresor, regresan a estas relaciones abusivas, y luego la fiscalía meses después les llama para hacer periciales psicológicas.
“La Fiscalía hace que se demoren tanto las gestiones como una simple pericial psicológica para que determinen el grado de vinculación traumática con su agresor y poder atender a estas víctimas para que no regresen y no lo hacen”.
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Existen avances en casos que han tenido relevancia mediática como los seis feminicidios registrados en el 2021, en donde a decir de la propia titular de la Fiscalía Especializada de la Mujer, Ana Murga, ya se tiene identificado al responsable y se ha girado orden de aprehensión a una persona presunta responsable de por lo menos cuatro casos.
Otro de los casos en donde hubo avances, es la denuncia presentada en enero de 2011 en contra de José Alfredo Pacheco, quien iba ser nombrado recaudador de Rentas en el municipio y que por esta denuncia no asumió el cargo. Han pasado siete años y al momento de concluir este reportaje, solamente ha sido vinculado a proceso sin que se haya emitido alguna sentencia.
El segundo caso que se trató con aparente celeridad fue la denuncia en contra del director de Seguridad Pública Municipal, Alejandro Pañeda, quién debió dejar su cargo y su expediente fue turnado a un juzgado de la capital del estado y un juez determinó que no existía responsabilidad penal.
ASEGURA QUE NO HAY PRIVILEGIOS
Contrario a estas versiones la titular de la FEM, Ana Murga, aseguró que no existen privilegios para ciertos agresores ni se le da prioridad a algunos casos sobre otros. La funcionaria admitió que se requiere más personal para darle celeridad a los casos, sin embargo, aseguró que ninguna carpeta se encuentra detenida.
“Sabemos que todos requerimos más personal para dar una mucho mejor atención, más sin embargo sí quiero ser reincidente que, no obstante que seamos por falta de personal, sí se le está dando una atención y un seguimiento a las carpetas, pero claro, sí, necesitamos un poco más de personal en toda la Fiscalía, no nada más aquí en la Fiscalía de la Mujer”, afirmó.
Murga señaló que el proceso es el mismo para todas las víctimas que acuden a presentar una denuncia a la Fiscalía. “Cuando acuden las víctimas en primer plano se mandan inmediatamente con el médico legista, o sea de una forma inmediata se levanta el certificado médico al igual que el informe preliminar por parte del personal de la Fiscalía de la Mujer en psicología, eso se hace de forma inmediata, está aquí la persona declarando y aquí mismo ponemos a una psicóloga que la asiste en su declaración y hace el informe al mismo tiempo”, indicó.
SEÑALAN VIOLENCIA INSTITUCIONAL
A pesar de que en agosto de 2021 se declaró una Alerta de Género por parte del Gobierno Federal, lo que obliga a las autoridades municipales y estatales a asignar los recursos suficientes para prevenir, atender y garantizar la seguridad para las mujeres, activistas aseguran que esto no se refleja en la realidad.
Delma Cecilia Martínez, vocera de la colectiva Maye, indicó que falta coordinación institucional para que las víctimas no pasen de un organismo a otro sin recibir la atención adecuada. “Se requiere de una atención integral en donde para atender a la víctima no basta con levantar una denuncia, en Cuauhtémoc no tenemos un albergue y no hay una manera de brindar seguridad completa a las víctimas”, expuso.
La activista denunció que si bien “hay cosas que sí funcionan, tenemos acercamiento con las autoridades y nos han recibido bien, pero hemos estado poniendo el dedo en la llaga de la violencia institucional la cual aparece en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, dice que cuando una institución que es servidora y debe atender a las mujeres, no lo hace de forma holística o integral, las usuarias, incluso algunos primeros respondientes, nos refieren que son muchas las horas de espera, hay veces que no les quieren recibir la denuncia, falta perspectiva de género, falta empatía, falta una médica legista disponible para atender las necesidades de las víctimas de violencia sexual”.
CIFRAS OFICIALES EVIDENCÍAN AL MP
Ana Murga, la titular de la Fiscalía de la Mujer en Cuauhtémoc, declaró en entrevista que al momento se tiene más de un 50 por ciento de carpetas de investigación judicializadas que involucran delitos contra las mujeres.
“Yo puedo asegurar que sí se trabaja, que sí tengo más de un 50 por ciento de (carpetas) ante los juzgados. De hecho, este año hasta septiembre llevamos 500 carpetas y 570 carpetas iniciadas, y de estas hemos solicitado 296 audiencias, tenemos más de 160 vinculaciones a proceso y más de 90 órdenes de aprehensión”, apuntó.
La información solicitada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia que recopila datos oficiales de la propia Fiscalía muestra que la mayoría de las carpetas de investigación iniciadas en los años 2019, 2020 y 2021, todavía están en proceso de investigación, en total 939.
Sin embargo, de las 2 mil 168 carpetas de investigación que se abrieron, 894 se cerraron sin que el agresor haya recibido una sentencia condenatoria. Es decir, casi 4 de cada 10 (el 41.23 por ciento) no alcanzaron siquiera tener una resolución en un juicio.
A detalle, en 285 casos hubo declinación por parte de la víctima, en 22 casos los jueces determinaron el no ejercicio de la acción penal, en 263 ocasiones se suspendió el proceso por distintos motivos y en 175 casos el Ministerio Público determinó el sobreseimiento o la extinción de la acción penal. Estos datos fueron solicitados en junio del 2022.
Los documentos revelan que la mayoría de las denuncias presentadas ante la Fiscalía se detienen por diferentes motivos.
Por ejemplo, 285 carpetas iniciadas entre 2019 y 2021, han sido declinadas por las víctimas. Es decir, determinaron no continuar con el proceso en contra de quién en su momento la agredió, “no todas las denuncias tienen el mismo final, porque hay que decirlo, hay ocasiones en que la víctima abandona sus pretensiones, pide un archivo, va y como se dice vulgarmente se arregla con el agresor, vuelve con él, situaciones que también suceden, no todas las carpetas tienen que terminar con una sentencia”, mencionó el abogado particular Andrés.
En 175 carpetas de investigación se declaró el sobreseimiento. “Hemos atendido casos en los que les negaron la atención a las víctimas y al momento de que les narran los mismos hechos, ya con abogado, les dan la atención; si llegan a pasar el primer filtro, debido a la carga de trabajo que tiene la representación social (Fiscalía), la víctima tiene que insistir en el seguimiento de su caso, de lo contrario, el agente del Ministerio Público va dejando las carpetas olvidadas y archivadas y rara vez un proceso termina en sentencia”, detalló Emanuel Villalobos.
Y la tercera forma en que existe la omisión de la justicia es el letargo. Hay casos iniciados en 2019 y 2020, que no han sido presentados a un juez. De las 2 mil 168 carpetas iniciadas en tres años, el 43.3 por ciento no ha sido resuelto por las autoridades, muy cerca de la mitad de todos los expedientes recibidos por la Fiscalía en 36 meses están en el limbo.
En el año 2019 se registraron oficialmente 468 denuncias por delitos relacionados con violencia de género. Para 2020 se reportaron, de acuerdo a los documentos, un incremento importante, pasando a 964 denuncias, y en 2021 fueron 736 expedientes iniciados.
INTENTO DE HOMICIDIO
Pedrita, una mujer de la tercera edad hace más de un año que presentó su denuncia y el caso permanece detenido. Ella fue agredida físicamente con un objeto contundente por parte de un hombre al grado de causarle daños severos en el rostro.
“En la Fiscalía han pedido que retire la denuncia”, aseguró en entrevista Pedrita (nombre ficticio por su seguridad) y añade que no le dan argumento alguno, no obstante que por tratarse de una mujer de la tercera edad ya que el delito es más grave.
Para ella, es tiempo perdido ir a la Fiscalía, “hace tres meses, después de la última audiencia nos comentaron que en dos meses se realizaría el juicio, pero hasta la fecha no nos han dicho nada… deberían de ponerse más al día para ayudar a las mujeres golpeadas, porque por eso hay tanta mujer golpeada, tanta muerta, porque no ayudan”.
Y añadió: “Muchas veces dicen, ¿Por qué no va a denunciar?, uno dice para qué voy si no hacen nada, mi abogada me pidió papeles, estudios, le dije: “Si no me han ayudado en nada, para qué quiere que gaste”. Ni siquiera me dieron ni copia del expediente”, aseguró que el personal de la Fiscalía algo tiene que ver para no dar continuidad a su caso. Hasta el cierre de este reportaje y a casi dos años de que se registrara la agresión, el caso sigue sin registrar algún avance.
¿POR QUÉ NO SE RESUELVEN LOS CASOS?
El abogado Carlos mencionó que lleva casos en donde a pesar de tener las evidencias, pruebas y testigos suficientes la sentencia resulta favorable al agresor, “esta problemática radica en la mala preparación de los ministerios públicos, no integran de manera correcta las carpetas de investigación y no llegan bien preparados a las audiencias, esto también provoca un temor del agente del Ministerio Público hacia los jueces a que los humillen en las audiencias, al no estar bien preparado llega con temor en la audiencia.
Por ejemplo, Laura (nombre ficticio de una víctima de violencia familiar), reconoció en entrevista que se ha visto en la necesidad de recurrir al tráfico de influencias para que su asunto sea atendido, a servidores públicos del Supremo Tribunal de Justicia como de la Fiscalía General del Estado con los que tiene contacto para evitar que existan fallas en su expediente y proceso.
“Es desgastante padecer abuso durante varios años y todavía tener que enfrentar a mi agresor en un juicio y todavía de que la carpeta de investigación esté deficiente y que el juez determine que no existen los elementos para castigarlo, aún y cuando ha manifestado que sí me cree, pero no pueden vincular a proceso al agresor porque el Ministerio Público no se allegó de los elementos suficientes”, relató.
CONTINÚA DETENIDO EL CENTRO DE JUSTICIA PARA MUJERES
En el Centro de Atención a Víctimas de Violencia contra la Mujer del gobierno del estado solamente existe una abogada que brinda apoyo a quienes acuden ante esta instancia, lo que resulta insuficiente, el CAVIM requiere de por lo menos cuatro personas que acompañen a las víctimas durante su proceso judicial.
Delma Cecilia Martínez, vocera de la colectiva Maye, expuso la urgencia del inicio de la operación del Centro de Justicia para las Mujeres en Cuauhtémoc a cargo de la Fiscalía General del Estado, ya que concentraría la atención a las víctimas en un solo lugar.
Y es que es tanta la desatención a la violencia contra la mujer, añadió, que se han tenido que generar muchos lugares de atención; por ejemplo, el Instituto Municipal de las Mujeres tuvo que meter a un equipo de psicólogas, “se trajo a una organización experta en atención de violencia denominada Alma Calma financiada por Ficosec, tenemos el CAVIM, otra organización que se llama Faro de Luz, pero nosotras tenemos ese conocimiento porque lo hemos construido, pero ¿una víctima que en este momento está nublada? No sabe qué hacer”.
A pesar de la existencia de todos estos organismos, agregó, hace falta personal, “el CAVIM tiene un equipo de dos abogadas, totalmente insuficiente”.
ÚNICO CAMINO, HUIR
La mayoría de las víctimas están sometidas a amenazas constantes. “Las amenazan primeramente diciendo que tienen conocidos en la Fiscalía que pueden realizar el juicio a favor de los agresores; con quitarles a los hijos, ha pasado que hay hombres que sustraen a los hijos y no vuelven a saber de ellos; mediante el acoso, “sé dónde trabajas”; hasta amenazas de muerte “tengo una pistola, tengo conocidos en el crimen organizado”, son algunas de las formas de presión que el abogado Carlos ha ventilado.
Ante estas amenazas las víctimas que deciden permanecer en sus lugares lo hacen con mucho miedo. No salen ni a trabajar, porque tienen terror, que desarrollan por la violencia psicológica por parte de los agresores. Sin embargo, hay algunas víctimas que han buscado una red de apoyo para salir de la ciudad y se fueron a vivir a otra.
Al momento, en el municipio de Cuauhtémoc no existen albergues o estancias en donde las mujeres puedan resguardarse en tanto llevan a cabo su proceso judicial, lo cual resulta peligroso para la integridad de ellas y de sus familias.
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Las víctimas que tienen necesidad de resguardarse en un lugar diferente a su hogar para su protección son canalizadas a la “Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y ellos buscan un albergue que no está dentro de Cuauhtémoc, para evitar el contacto con la persona agresora, puede ser en Juárez o Chihuahua, determinando el grado de riesgo”, puntualizó la Fiscal de la Mujer en Cuauhtémoc. Pero es un mecanismo que no todas las mujeres están dispuestas a vivir, dejar todo atrás.
* Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
