El Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) presentó el estudio “Cuatro años perdidos en materia de seguridad”.
Se trata de un informe acerca de la ausencia de resultados en la reducción de delitos y violencia, así como el abatimiento de la corrupción e impunidad en una mejora de la seguridad de los mexicanos.
El documento incluye un análisis sobre lo que se ha realizado en seguridad durante la administración actual a nivel federal.
“Revela que aun cuando las autoridades insisten en que ‘vamos muy bien’, los datos de incidencia delictiva, la evaluación del desempeño institucional y de la política de seguridad demuestran que el rumbo del país no es aquel al que se comprometió el presidente”, dice el comunicado.
2022 rompió récord en inseguridad
Francisco Rivas, director general del ONC, detalló que en el último tercio del Gobierno federal hay un saldo caracterizado por el desgaste institucional de la centralización de las decisiones.
77 mil 516 elementos de la @GN_MEXICO_ se encuentran adscritos a Coordinaciones Estatales y son empleados para tareas tan diversas como combatir el robo de combustible, frenar flujos migratorios y vigilar el Metro de CDMX.
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— ObsNalCiudadano (@ObsNalCiudadano) January 24, 2023
Además de más operación que planeación, mayor fragilidad presupuestal, menos contrapesos políticos, retórica abundante, decisiones al margen de la ley, rendición de cuentas incompleta, entre otros temas.
Fue 2022 el año en que se alcanzaron índices históricos en tasas anuales de extorsiones, narcomenudeo, trata de personas, violaciones, violencia familiar y otros delitos.
También se alcanzó el cuarto lugar en la tasa anual de feminicidios y el quinto en homicidios dolosos. Zacatecas, Estado de México y Baja California Sur son los tres estados con mayor número de extorsiones.
En tanto, Guanajuato, Coahuila y Baja California alcanzaron un récord en narcomenudeo, por mencionar alguno. “A pesar de que el gobierno federal prometió acabar con la impunidad, no ha generado herramientas jurídicas adecuadas para cumplirlo”, indica el reporte.
Además menciona la reducción de violencia en 180 días como anunciaba el ex secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, lo cual no ocurrió.
Como parte de las conclusiones se detalla que el Gobierno no ha sido capaz de encabezar un proceso de pacificación ni de respetar los compromisos en cuanto a un modelo de justicia centrado en las víctimas.
Una de las causas es el presupuesto ejercido que sigue concentrándose en el combate al crimen y en menor medida a prevenir el delito e impartir justicia.
Otro de los temas que toca son las labores de la Guardia Nacional la cual se ha desgastado debido a que sus acciones no están centradas en prevenir delitos.
En este sentido muestra una estadística de 77 mil 516 elementos de la Guardia que están adscritos a coordinaciones estatales pero son empleados para combatir el robo de combustible, frenar flujos migratorios y vigilar el Metro de la Ciudad de México.
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