La presidenta Claudia Sheinbaum afirma que su gobierno “ni espía, ni censura” con la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, ya aprobada en lo general y en lo particular por el Pleno de la Cámara de Diputados. El dictamen recibió 369 votos a favor, 104 en contra y 3 abstenciones en lo general, y 343 a favor y 129 en contra en lo particular.
Con esta votación se echa para atrás la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014, y se establece un nuevo marco normativo que genera polémica entre la oposición y expertos en el tema que aseguran se trata de un riesgo de “espionaje” por parte del gobierno hacia los ciudadanos.
¿Qué cambia con la nueva Ley de Telecomunicaciones?
El proyecto establece las bases para regular el espectro radioeléctrico, las redes públicas de telecomunicaciones, el acceso a infraestructura y los recursos orbitales. Uno de los cambios más significativos es la eliminación oficial del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), sustituido por la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), que está a cargo de José Merino, colaborador de Claudia Sheinbaum durante su periodo como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
También, como parte de esta agencia se crea la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, con independencia técnica y operativa, pero sin autonomía constitucional. Sus integrantes serán designados directamente por la Presidencia, lo que encendió las alarmas entre organizaciones civiles.
Además, el punto más debatido, es que la nueva ley contempla el registro de usuarios de telefonía celular asociado a la CURP, con datos biométricos, bajo el argumento de que servirá para combatir delitos de alto impacto.
¿Te podrán espiar desde tu celular?
El titular de la ATDT, José Antonio Peña Merino, señala que el artículo 183 de la nueva ley, uno de los más criticados, mantiene lo dispuesto desde 2014: los operadores están obligados a colaborar con autoridades de seguridad, siempre con una orden judicial escrita, fundada y motivada.
Asimismo, negó que el nuevo marco permita acceso gubernamental a datos personales o ubicación en tiempo real sin autorización judicial. “No hay posibilidad de que el gobierno federal acceda a la información de los usuarios”, afirmó.
En cuanto a los derechos de las audiencias, explicó que siguen protegidos conforme al artículo 6º constitucional, y que “cualquier proceso inicia con una queja ante el defensor de audiencias del medio, no por iniciativa del regulador”.
Sobre la herramienta Llave MX, Pepe Merino aseguró que no implica riesgos de suplantación de identidad. Aunque legisladores del PRI y PAN demostraron que, por ahora, es posible crear una cuenta con una CURP ajena, el titular de la ATDT dijo que “ningún trámite puede completarse sin documentación oficial validada por un servidor público”.
En sus conferencias de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que “Nada cambió en la ley. Es lo mismo que ya estaba, pero con otro nombre. No hay intención de espiar a nadie”.
Oposición afirma que “murió la libertad”
Durante la discusión, más de 70 oradores presentaron 277 reservas, ninguna de las cuales fue aceptada. El debate se prolongó 10 horas, con momentos tensos como cuando el PRI colocó un ataúd blanco con la leyenda “Murió la libertad” en el pleno, acompañado de una corona fúnebre.
El coordinador Rubén Moreira acusó que “lo que se votó en estos días es de ignominia. Es la construcción de un Estado totalitario, es la posibilidad de que un burócrata convertido en espía sepa desde los datos biométricos de las personas hasta sus compras en redes sociales”. También cuestionó la inconstitucionalidad del nuevo mecanismo de nombramientos.
Mientras que el diputado panista Miguel Ángel Monraz Ibarra calificó la reforma como “una amenaza de un gobierno espía, controlador y censurador”.
Ricardo Anaya, quien ha sido uno de los principales críticos a esta Ley señaló que esta iniciativa podría facilitar un sistema de vigilancia masiva y un gobierno espía, donde el gobierno podría acceder a información muy personal, como huellas digitales, fotos, hábitos de consumo y ubicación en tiempo real.
ARTICLE 19: Esta reforma representa un grave retroceso en libertad de expresión
La organización ARTICLE 19 expresó su “preocupación y rechazo” a la nueva ley, a la que calificó como “una reforma regresiva que vulnera derechos fundamentales”. A través de un comunicado, advirtió que la legislación “amplía las capacidades de opacidad y vigilancia estatal”, comprometiendo la independencia del ente regulador, al quedar subordinado al Ejecutivo.
Uno de los puntos más graves, según ARTICLE 19, es la exigencia de la CURP y datos biométricos como requisito obligatorio para activar líneas móviles, en combinación con la Plataforma Única de Identidad. Esto permitiría al Estado gestionar en tiempo real la identidad de toda la población, sin mecanismos adecuados de control, transparencia ni rendición de cuentas.
Aunque la ley exige orden judicial para intervenir comunicaciones privadas, la organización señaló que no exige el mismo estándar para acceder a la geolocalización en tiempo real o a los metadatos, lo cual crea un sistema de vigilancia masiva y desproporcionada, que podría ser operado por dependencias como la Sedena, el Centro Nacional de Inteligencia o la Guardia Nacional.
La organización exigió al Senado revisar la iniciativa con base en los foros de consulta previos, y advirtió que “esta reforma representa un grave retroceso en libertad de expresión, privacidad y acceso a la información. Legaliza prácticas de censura y vigilancia incompatibles con una sociedad democrática”.
