El Pleno del Senado aprobó con 88 votos a favor y 16 en contra, en lo general, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Mientras Morena y sus aliados PT y Partido Verde dicen que es un avance para coordinar y profesionalizar la seguridad, en la oposición alertan sobre riesgos a la privacidad y autonomía estatal.
La ley, impulsada por el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, busca fortalecer la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales, profesionalizar al personal de seguridad y mejorar las estrategias contra la inseguridad. Destacan la creación de registros nacionales como el de Detenciones y el de Incidencia Delictiva.
Morena defiende la Ley impulsada por la presidenta Sheinbaum
El senador Heriberto Aguilar Castillo, de Morena, defendió la reforma como un avance histórico que “representa un cambio histórico frente al abandono, la simulación y la negligencia de los gobiernos del pasado”. Afirmó que “por primera vez el Estado mexicano asume su responsabilidad con mecanismos jurídicos sólidos y coordinación obligatoria entre autoridades”.
Sobre la CURP biométrica, dijo que “no es para espiar. Es para proteger”, y que “no permite rastrear a nadie ni ver compras o ubicaciones”, sino facilitar el acceso a derechos para millones de personas, especialmente las más pobres.
Lucía Trasviña Waldenrath, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, agregó que estas leyes “marcan un antes y un después en cómo el Estado enfrenta la seguridad pública”. Destacó que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública cumple con el mandato constitucional y crea la Academia Nacional de Seguridad Pública para formar policías con visión humanista y ética.
Afirmó que busca fortalecer la investigación con una plataforma tecnológica que interconectará bases de datos de seguridad y justicia, bajo estrictos controles y sin intención de vigilancia arbitraria. Añadió que desde octubre de 2024 a mayo de 2025 se detuvieron más de 23 mil generadores de violencia, lo que confirma la efectividad de esta estrategia.
Van a legalizar la vigilancia masiva: Ricardo Anaya
Ricardo Anaya Cortés, coordinador del PAN, votó a favor de la Ley General de Seguridad Pública, pero en contra de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia. Dijo que esta última “es el último clavo al ataúd para acabar con la privacidad en México e instaurar el gobierno espía”.
Anaya señaló que la ley “impone un modelo centralista y autoritario que debilita el federalismo y militariza la seguridad pública”, además de “legalizar la vigilancia masiva sin control judicial”. Afirmó que la Guardia Nacional queda bajo mando militar sin cumplir estándares civiles, lo que pone en riesgo a la ciudadanía y vulnera la Constitución.
Denunció que el gobierno podrá “pedir la geolocalización de cualquier ciudadano sin orden judicial” y “suspender transmisiones de radio y televisión” (censura). Criticó la obligación de presentar la CURP biométrica para servicios y trámites, lo que “permite que el gobierno tenga toda tu información, desde movimientos hasta datos médicos y bancarios”.
Anaya advirtió que estas herramientas “van a espiar a todos los ciudadanos” y recordó casos donde ya se usó esta vigilancia contra políticos opositores como Santiago Taboada, Higinio Martínez y Ricardo Monreal. Concluyó citando a George Orwell: “Este periodo pasará a la historia como uno de los más oscuros, donde se consolidó el gobierno espía. El Gran Hermano te vigila”.
Senadores del PRI votaron en contra
La bancada del PRI también rechazó la ley, acusando que “busca construir control, miedo y un Estado vigilante”, vulnera la autonomía local y legaliza la vigilancia masiva sin control judicial.
Entre los cambios más importantes de la ley están la distribución clara de facultades en seguridad pública entre los tres niveles de gobierno, la coordinación del Consejo Nacional de Seguridad Pública y el fortalecimiento de la Guardia Nacional dentro del sistema.
Además, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) será la coordinadora del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, con facultades para solicitar información de cualquier registro, incluso biométricos, para investigaciones bajo el mando del Ministerio Público de la Federación.
En materia de profesionalización, la ley obliga al reclutamiento, selección, certificación y permanencia del personal mediante un Servicio Profesional de Carrera, con convocatorias públicas y permanentes.
