La Cámara de Diputados de México aprobó una nueva Ley de la Guardia Nacional, consolidando así su integración a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a pesar de que desde su creación, en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se había garantizado en múltiples ocasiones que este cuerpo de seguridad no iba a ser “militarizado”.
La reforma, respaldada por Morena y sus aliados con 348 votos a favor y 133 en contra, elimina de manera definitiva el carácter civil de la Guardia Nacional, estableciéndola como una fuerza armada permanente bajo mando militar.
La oposición, integrada por PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, votó en contra, argumentando que esto refuerza la militarización de la seguridad pública.
La iniciativa establece que la Guardia Nacional adopte una estructura organizativa similar a la del Ejército mexicano.
Entre los cambios más significativos, se autoriza a sus integrantes a realizar operaciones encubiertas y, en ciertos casos, intervenir comunicaciones privadas, lo que ha generado preocupación por posibles violaciones a derechos humanos.
Además, se permite a los elementos de la Guardia competir por cargos públicos, un punto que ha sido criticado por la oposición como un riesgo de politización de la institución.
“La oposición hace una crítica muy ignorante sobre la reforma a la Guardia Nacional, porque los elementos pueden pedir licencia para participar en un cargo de elección popular, eso viene en la Constitución de 1917 y en la Ley Orgánica del Ejército como ‘licencia especial’”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum al respecto de este tema.
La reforma se aprobó en una sesión maratónica con cambios a ocho leyes relacionadas, en un tiempo récord de tres horas, lo que el coordinador del PAN, José Lixa, calificó como un “proceso legislativo desaseado” y también arremetió por la militarización:
“Se trata de un dictamen el que se discute ahora sobre la Guardia Nacional en la Cámara de Diputados por donde se vea es grave, por donde se vea contario a los intereses de la Constitución y por donde se vea es una militarización completa, descarada y queda claro que aquello de Guardia Nacional solo fue y nada más fue un membrete”.
La oposición también señaló la falta de mesas de trabajo prometidas por el Ejecutivo para consensuar las reformas en materia de seguridad, lo que incrementó las tensiones entre los partidos.
Desde 2022, López Obrador había impulsado su traspaso a la Sedena. Sin embargo, por diferentes motivos, se había logrado mantener gran parte de su estructura como un cuerpo de seguridad civil.
Laura Ballesteros, legisladora de Movimiento Ciudadano, criticó duramente la “militarización de la Guardia Nacional”, señaló que este tipo de medidas rompen con un límite que ni el PRI se atrevió a cruzar.
“Militarizar la seguridad pública es una decisión de enorme trascendencia, pero militarizar la vida pública del país es ya otro horizonte que ni el PRI se hubiera atrevido en sus mejores momentos. Además, esta iniciativa otorga a la Guardia Nacional nuevas y peligrosas facultades como operaciones encubiertas, vigilancia masiva en internet, usuarios simulados, labores de inteligencia previa”.