Puebla y Campeche, estados bajo el gobierno de Morena, se encuentran en el ojo del huracán debido a medidas que organizaciones internacionales, periodistas y activistas consideran graves ataques a la libertad de expresión.
En Puebla, gobernada por Alejandro Armenta, el Congreso aprobó una reforma al Código Penal, apodada en redes sociales como “Ley Censura”, que penaliza el uso de plataformas digitales para criticar. Mientras que en Campeche, gobernada por Layda Sansores, un periodista fue obligado a cerrar su medio, abandonar su profesión y pagar una multa de dos millones de pesos por cuestionar al gobierno estatal.
En Puebla, el Congreso local aprobó el 12 de junio de 2025 la Ley de Ciberseguridad, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 13 de junio. Esta reforma, impulsada originalmente por José Luis García Parra, actualmente es el Jefe de Gabinete y Oficina del gobernador Alejandro Armenta Mier, modifica el Código Penal para incluir el delito de “ciberasedio”.
Según el artículo 480, se considera ciberasedio el uso de redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital para “insultar, injuriar, ofender, agravar o vejar” a una persona de manera reiterada, causando daño físico o emocional. Las sanciones incluyen de 11 meses a tres años de prisión y multas de 50 a 300 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a entre 5 mil 657 y 33 mil 942 pesos en 2025. Si la víctima es menor de edad, las penas se agravan.
La ley también tipifica otros delitos digitales, como usurpación de identidad, espionaje digital y fraude electrónico. Sin embargo, organizaciones como Artículo 19 y Sociedad Civil México han advertido que la definición ambigua de “insulto” podría usarse para sancionar críticas al gobierno, afectando a periodistas y ciudadanos.
Incluso, funcionarias del gobierno estatal y legisladoras ya amagaron con activar los protocolos de esta nueva ley a quienes las critican e insultan en redes sociales. El gobernador Alejandro Armenta ha defendido la llamada “Ley Censura” y llamó a foros de discusión para apaciguar la polémica.
Esta ley fue criticada por Rosa Ícela Rodríguez, Secretaria de Gobernación, quien en ausencia de la presidenta Claudia Sheinbaum es quien ha atendido la conferencia matutina estos días: “Sí quiero ser muy tajante en el tema de la libertad de expresión. El gobierno de México está en contra de cualquier tipo de censura (…) de ninguna manera el gobierno de la cuarta transformación está por una cuestión de la censura hacia los medios de comunicación. Absolutamente, estamos en contra de cualquier intento”.
En Campeche, una situación similar ha generado controversia. El 13 de junio de 2025, un juez vinculó a proceso al periodista Jorge Luis González, exdirector del diario Tribuna, y a Isidro Yerbes, representante legal de Organización Editorial del Sureste. Ambos fueron acusados de “incitación al odio” por publicaciones críticas contra la gobernadora Layda Sansores.
Las sanciones incluyen el cierre del medio digital Tribuna, la prohibición de González de ejercer el periodismo y una indemnización millonaria por daño moral.
