El apartheid de género es un crimen contra la humanidad
Mientras los talibanes intensifican su opresión contra las mujeres y las niñas, la comunidad internacional debe exigir cuentas a los dirigentes de Afganistán. Reconocer el apartheid de género como un crimen según el derecho internacional marcaría un paso histórico hacia el fin de la discriminación sistémica contra las mujeres allí, en Irán y en otros lugares.
EDIMBURGO – Convencidos de que su interpretación del Islam es la única legítima, los líderes talibanes de Afganistán siguen emitiendo decretos que privan a las mujeres y niñas del país de sus derechos y libertades. Su último edicto prohíbe a las mujeres afganas –a las que ya se les prohíbe hablar en público– rezar en voz alta o recitar el Corán en presencia de otras mujeres. “Cuando a las mujeres no se les permite hacer el takbir [Allahu akbar] o el athan [el llamado islámico a la oración], ciertamente no pueden cantar canciones ni música”, declaró Mohammad Khalid Hanafi, ministro para la propagación de la virtud y la prevención del vicio.
Hace apenas unos meses, había alguna esperanza de que los talibanes suavizaran sus restricciones a la educación de mujeres y niñas.El régimen parece decidido a consolidar su sistema de apartheid de género. En respuesta, Richard Bennett, el relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos en Afganistán –a quien se le sigue prohibiendo entrar en el país– ha iniciado una revisión de las políticas represivas de los talibanes, calificando su último decreto de “ momento crucial ”.
Mientras tanto, el Sexto Comité de Asuntos Jurídicos de la ONU aprobó recientemente un proyecto de tratado global que apunta a los crímenes contra la humanidad. Como han sostenido muchos grupos de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, este tratado, que será objeto de mayor debate en enero de 2026, debe reconocer y codificar el apartheid de género como un crimen en virtud del derecho internacional. Tal designación representaría un paso histórico hacia el fin de la discriminación, la opresión y la subyugación sistémicas de las mujeres y las niñas en Afganistán, Irán y otros lugares.
El apartheid de género impuesto por los talibanes subraya la urgente necesidad de enfrentar este profundo fracaso moral. En los últimos tres años, el régimen ha negado a las niñas y mujeres jóvenes afganas el acceso a escuelas y universidades, les ha prohibido acceder a la mayoría de las formas de empleo, les ha prohibido viajar sin un acompañante masculino y las ha excluido de la mayoría de los espacios públicos. También aplica un código de vestimenta draconiano que exige que las mujeres usen burkas que las cubran de pies a cabeza.
En agosto, los talibanes intensificaron sus esfuerzos para silenciar a las mujeres, prohibiéndoles cantar, recitar y hablar en público. Durante las negociaciones multilaterales celebradas en Doha a principios de este año, las mujeres afganas y los grupos de mujeres fueron excluidos, mientras que el régimen se negó incluso a reconocer su difícil situación.
A pesar de estas restricciones, las niñas afganas –muchas de las cuales ya estaban en la escuela cuando los talibanes regresaron al poder en 2021– siguen soñando con convertirse en médicas, enfermeras, maestras, ingenieras y empresarias. Con gran riesgo para ellas y sus familias, algunas asisten a escuelas clandestinas, participan en iniciativas locales de educación en el hogar o optan por la educación a distancia. Unas pocas han logrado salir del país para estudiar en el extranjero, pero estos esfuerzos están muy lejos de cerrar la brecha entre el número de niñas que tienen derecho a una educación según el derecho internacional y las que la reciben.
La opresión de las mujeres afganas ha tenido consecuencias devastadoras y de largo alcance. Según un informe reciente de ONU Mujeres, el matrimonio infantil ha aumentado un 25% , en parte debido a la exclusión de las niñas de la educación secundaria. También han aumentado los trastornos mentales, la depresión y los intentos de suicidio, y el riesgo de mortalidad materna ha aumentado al menos un 50%, impulsado por un aumento de las muertes en el parto entre las niñas.
Resulta alentador que la comunidad internacional haya avanzado en la movilización de una respuesta jurídica a las políticas represivas de los talibanes. En marzo de 2023, destacados juristas afganos y defensores de los derechos de las mujeres lanzaron la campaña End Gender Apartheid, en la que pedían que se reconociera su carácter de crimen internacional. Aprovechando este impulso, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Discriminación contra las Mujeres y las Niñas recomendó incluir el apartheid de género en el proyecto de tratado sobre crímenes de lesa humanidad. Y durante la sesión de abril de 2024 del comité jurídico de las Naciones Unidas sobre proyectos de artículos, varios Estados miembros expresaron su apoyo a su inclusión.
Convencidos de que su interpretación del Islam es la única legítima, los líderes talibanes de Afganistán siguen emitiendo decretos que privan a las mujeres y niñas del país de sus derechos y libertades. Foto: Pixabay.
En los debates de enero de 2026 se examinará la definición propuesta de apartheid de género como “actos inhumanos cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de discriminación sistemática, opresión y dominación de un grupo sobre otro u otros, basado en el género, y cometidos con la intención de mantener ese régimen”. Esta definición abarca las violaciones de los derechos humanos fundamentales, como el acceso a la educación, la atención sanitaria y el empleo, así como la libertad de expresión, reunión y participación en la vida política, social, económica y cultural.
Pero la pregunta sigue siendo: ¿puede el tratado propuesto hacer justicia a las víctimas de discriminación sistémica? Si bien obliga a los signatarios a enjuiciar los crímenes contra la humanidad, sus mecanismos de aplicación siguen siendo limitados. Los Estados miembros tendrían que cooperar y brindar asistencia jurídica en cuestiones como la extradición, pero el borrador actual carece de un compromiso firme de reprimir los crímenes, una disposición clave de la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid de 1973. Además, el proyecto de tratado se centra en la responsabilidad penal de las personas, pasando por alto el papel de las instituciones y organizaciones en el establecimiento y mantenimiento del apartheid de género.
La comunidad internacional debe dejar en claro que no normalizará las relaciones con los talibanes hasta que el régimen ponga fin a su guerra contra las mujeres, y los países predominantemente musulmanes podrían desempeñar un papel decisivo. Cabe destacar que Qatar –que ha actuado durante mucho tiempo como mediador entre los talibanes y Occidente– ha condenado las políticas de los talibanes, al igual que Arabia Saudita. Los Emiratos Árabes Unidos han ido más allá y han denunciado la prohibición de Afganistán de la educación de las niñas como una violación de “las enseñanzas del Islam” que “debe revocarse rápidamente”.
Ahora, los países de mayoría musulmana deberían liderar el esfuerzo para llevar una demanda contra Afganistán ante la Corte Internacional de Justicia por violar la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. De esa manera se enviaría un mensaje claro: no habrá una reintegración gradual ni un reconocimiento de facto del régimen talibán mientras éste mantenga sus políticas opresivas.
Es importante destacar que esta medida también transmitiría un mensaje de solidaridad y esperanza a las niñas y mujeres jóvenes afganas, de que su sufrimiento no ha sido pasado por alto y de que sus opresores rendirán cuentas. El mundo no puede permitirse otro año de inacción mientras persistan estas atroces violaciones de los derechos humanos.
Gordon Brown, ex primer ministro del Reino Unido, es enviado especial de las Naciones Unidas para la educación mundial y presidente de Education Cannot Wait.
Hace apenas unos meses, había alguna esperanza de que los talibanes suavizaran sus restricciones a la educación de mujeres y niñas.El régimen parece decidido a consolidar su sistema de apartheid de género. En respuesta, Richard Bennett, el relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos en Afganistán –a quien se le sigue prohibiendo entrar en el país– ha iniciado una revisión de las políticas represivas de los talibanes, calificando su último decreto de “ momento crucial ”.
Mientras tanto, el Sexto Comité de Asuntos Jurídicos de la ONU aprobó recientemente un proyecto de tratado global que apunta a los crímenes contra la humanidad. Como han sostenido muchos grupos de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, este tratado, que será objeto de mayor debate en enero de 2026, debe reconocer y codificar el apartheid de género como un crimen en virtud del derecho internacional. Tal designación representaría un paso histórico hacia el fin de la discriminación, la opresión y la subyugación sistémicas de las mujeres y las niñas en Afganistán, Irán y otros lugares.
El apartheid de género impuesto por los talibanes subraya la urgente necesidad de enfrentar este profundo fracaso moral. En los últimos tres años, el régimen ha negado a las niñas y mujeres jóvenes afganas el acceso a escuelas y universidades, les ha prohibido acceder a la mayoría de las formas de empleo, les ha prohibido viajar sin un acompañante masculino y las ha excluido de la mayoría de los espacios públicos. También aplica un código de vestimenta draconiano que exige que las mujeres usen burkas que las cubran de pies a cabeza.
En agosto, los talibanes intensificaron sus esfuerzos para silenciar a las mujeres, prohibiéndoles cantar, recitar y hablar en público. Durante las negociaciones multilaterales celebradas en Doha a principios de este año, las mujeres afganas y los grupos de mujeres fueron excluidos, mientras que el régimen se negó incluso a reconocer su difícil situación.
A pesar de estas restricciones, las niñas afganas –muchas de las cuales ya estaban en la escuela cuando los talibanes regresaron al poder en 2021– siguen soñando con convertirse en médicas, enfermeras, maestras, ingenieras y empresarias. Con gran riesgo para ellas y sus familias, algunas asisten a escuelas clandestinas, participan en iniciativas locales de educación en el hogar o optan por la educación a distancia. Unas pocas han logrado salir del país para estudiar en el extranjero, pero estos esfuerzos están muy lejos de cerrar la brecha entre el número de niñas que tienen derecho a una educación según el derecho internacional y las que la reciben.
La opresión de las mujeres afganas ha tenido consecuencias devastadoras y de largo alcance. Según un informe reciente de ONU Mujeres, el matrimonio infantil ha aumentado un 25% , en parte debido a la exclusión de las niñas de la educación secundaria. También han aumentado los trastornos mentales, la depresión y los intentos de suicidio, y el riesgo de mortalidad materna ha aumentado al menos un 50%, impulsado por un aumento de las muertes en el parto entre las niñas.
Resulta alentador que la comunidad internacional haya avanzado en la movilización de una respuesta jurídica a las políticas represivas de los talibanes. En marzo de 2023, destacados juristas afganos y defensores de los derechos de las mujeres lanzaron la campaña End Gender Apartheid, en la que pedían que se reconociera su carácter de crimen internacional. Aprovechando este impulso, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Discriminación contra las Mujeres y las Niñas recomendó incluir el apartheid de género en el proyecto de tratado sobre crímenes de lesa humanidad. Y durante la sesión de abril de 2024 del comité jurídico de las Naciones Unidas sobre proyectos de artículos, varios Estados miembros expresaron su apoyo a su inclusión.
En los debates de enero de 2026 se examinará la definición propuesta de apartheid de género como “actos inhumanos cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de discriminación sistemática, opresión y dominación de un grupo sobre otro u otros, basado en el género, y cometidos con la intención de mantener ese régimen”. Esta definición abarca las violaciones de los derechos humanos fundamentales, como el acceso a la educación, la atención sanitaria y el empleo, así como la libertad de expresión, reunión y participación en la vida política, social, económica y cultural.
Pero la pregunta sigue siendo: ¿puede el tratado propuesto hacer justicia a las víctimas de discriminación sistémica? Si bien obliga a los signatarios a enjuiciar los crímenes contra la humanidad, sus mecanismos de aplicación siguen siendo limitados. Los Estados miembros tendrían que cooperar y brindar asistencia jurídica en cuestiones como la extradición, pero el borrador actual carece de un compromiso firme de reprimir los crímenes, una disposición clave de la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid de 1973. Además, el proyecto de tratado se centra en la responsabilidad penal de las personas, pasando por alto el papel de las instituciones y organizaciones en el establecimiento y mantenimiento del apartheid de género.
La comunidad internacional debe dejar en claro que no normalizará las relaciones con los talibanes hasta que el régimen ponga fin a su guerra contra las mujeres, y los países predominantemente musulmanes podrían desempeñar un papel decisivo. Cabe destacar que Qatar –que ha actuado durante mucho tiempo como mediador entre los talibanes y Occidente– ha condenado las políticas de los talibanes, al igual que Arabia Saudita. Los Emiratos Árabes Unidos han ido más allá y han denunciado la prohibición de Afganistán de la educación de las niñas como una violación de “las enseñanzas del Islam” que “debe revocarse rápidamente”.
Ahora, los países de mayoría musulmana deberían liderar el esfuerzo para llevar una demanda contra Afganistán ante la Corte Internacional de Justicia por violar la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. De esa manera se enviaría un mensaje claro: no habrá una reintegración gradual ni un reconocimiento de facto del régimen talibán mientras éste mantenga sus políticas opresivas.
Es importante destacar que esta medida también transmitiría un mensaje de solidaridad y esperanza a las niñas y mujeres jóvenes afganas, de que su sufrimiento no ha sido pasado por alto y de que sus opresores rendirán cuentas. El mundo no puede permitirse otro año de inacción mientras persistan estas atroces violaciones de los derechos humanos.
Publicación original en: https://www.project-syndicate.org/commentary/international-legal-response-is-key-to-ending-taliban-war-on-women-by-gordon-brown-2024-12