Las estimaciones más cercanas indican que mexicano tendría que pagar unos 9 mil pesos para cubrir con la deuda del FOBAPROA. Esto, debido a que los intereses del rescate bancario que se socializó en 1998 siguen aumentando año con año.
El FOBAPROA es apenas una de las deudas públicas que los mexicanos deberán seguir pagando por varios años. En 2023, la cifra total llegó a más de un billón 96 mil 887.7 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda.
Una deuda pública se genera cuando el gobierno de un país no tiene el dinero para pagar un compromiso económico y, por tanto, pide financiamiento a otros entes. Esos créditos se cubren en medianos y largos plazos con recursos del erario.
En México, hay 127.1 millones de habitantes, según el último censo del INEGI, por lo que en una conversión muy básica, cada mexicano tendría que pagar entre 8 mil 600 y 9 mil pesos para cubrir “con su parte” deuda.
Esto no significa que cada mexicano “nace endeudado” o que el gobierno le quitará dinero de sus salarios directamente a las personas; sino que toda la deuda del FOBAPROA se cubre con dinero del erario, que proviene de los impuestos que la gente ya paga en servicios como la luz, el agua, el predial, el IVA o el ISR.
Se estima que el monto total del FOBAPROA equivale al 10% del Producto Interno Bruto (PIB); por lo que pagarlo de manera directa generaría un desbalance catastrófico en las finanzas públicas y es por eso que la deuda se tiene que cubrir en un largo plazo, con la desventaja de que los intereses son muy altos.
Qué es el FOBAPROA
El FOBAPROA (Fondo Bancario de Protección al Ahorro) fue producto de malas decisiones a lo largo de los años. En 1982, el gobierno mexicano compró a muchos bancos privados pensando que así podrían salir de una crisis económica, a esto se le conoció como Nacionalización de la Banca.
Pero en los próximos 10 años, se dieron cuenta de que no había manera de mantenerlos funcionando de manera simultánea con personal del gobierno; por lo que volvieron a venderlos a particulares poco a poco.
Para 1990, la devaluación del peso mexicano y una fuerte crisis económica, que sumada a malas gestiones en la administración pública y la iniciativa privada, llevaron a la quiebra al sistema bancario mexicano, que derivó en fuga de capitales, bancos en bancarrota y pérdida de ahorros.
En 1995, se decidió que el gobierno mexicano absorbiera las deudas de los bancos privados para evitar el colapso del sistema bancario y que los ahorros de la gente se perdieran para siempre. Sin embargo, el rescate financiero fue mucha carga para las finanzas públicas de la época, por lo que en 1998 se optó por socializar la deuda adquirida.
Es decir, los bancos en bancarrota recibieron dinero del gobierno para evitar quebrar; a su vez, el gobierno mexicano decretó que ese rescate se pagaría a largo plazo con dinero de los impuestos.
Pero, en ese rescate a los bancos, el gobierno mexicano salió muy perjudicado; pues algunos de ellos tenían créditos incobrables, carteras vencidas o muy malos manejos de dinero, que resultaron en todavía más problemas que significaron más dinero perdido.
En 1998, el gobierno de Ernesto Zedillo decretó que el rescate bancario pasaría a ser una deuda pública, con un monto de más de 500 mil millones de pesos; para 2023, con los intereses y la inflación, la cifra supera el billón de pesos.
Actualmente, el FOBAPROA no existe como tal, la figura del fondo fue disuelta para convertirse de lleno en parte de la deuda pública interna del país y la experiencia dio paso a la creación del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
No es la única deuda que tienen los mexicanos
Además del FOBAPROA, hay otras deudas públicas que los mexicanos tendrán que pagar, tanto internas como externas. En el caso de la deuda externa, la cifra actual que maneja la Secretaría de Hacienda es de 118 mil 036 millones de dólares.
La deuda bruta pública total de México es de 15 billones 219 mil 392.5 millones de pesos; los que equivale a cerca del 50% del PIB del país. Ese monto se pagará tanto con activos del gobierno, como con deuda pública, según sea el origen de cada crédito.
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