Los datos, elemento vital de las democracias modernas, también pueden ser su perdición cuando son explotados por actores maliciosos para difundir información errónea. En un momento en que la democracia misma está en juego en muchos países, los gobiernos deben garantizar que prevalezca la verdad invirtiendo en la creación de una infraestructura de datos sólida.
LONDRES – Este año electoral histórico, en el que se votará en países que representan la mitad de la población mundial, ha puesto de relieve una cruda realidad: la verdad está bajo ataque. Ya se trate de las mentiras que difunde el expresidente estadounidense Donald Trump sobre la respuesta federal al huracán Helene, de los políticos de extrema derecha en Hungría que afirman que sus oponentes pretenden iniciar la Tercera Guerra Mundial o de la proliferación de deepfakes generados por inteligencia artificial, un torrente de desinformación está dificultando a los votantes distinguir los hechos de la ficción, erosionando los cimientos mismos de la gobernanza democrática.
En el centro de esta crisis hay una paradoja: los datos, elemento vital de las democracias modernas, pueden convertirse en su perdición cuando son explotados por actores maliciosos para difundir desinformación y socavar las instituciones democráticas. Aunque esta amenaza es especialmente grave en vísperas de elecciones importantes, para abordarla se necesita un compromiso firme con la verdad que se extienda más allá de las campañas electorales.
Los datos desempeñan un papel crucial en el fomento de la confianza pública en las instituciones políticas. En esencia, el contrato social entre los gobiernos democráticos y sus ciudadanos se basa en una comprensión compartida de quiénes son esos ciudadanos. Herramientas como los censos y los mapas son fundamentales para este proceso, ya que reflejan hasta qué punto los gobiernos reconocen a las personas a las que se supone que deben servir.
La transición de Sudáfrica del apartheid a la democracia es un claro ejemplo. Tras décadas de exclusión y opresión sistémicas, la construcción de una sociedad democrática requería información fiable. En este sentido, el censo de 1996 –el primero realizado bajo un gobierno democrático– marcó un cambio fundamental: se hizo un esfuerzo genuino por contabilizar a toda la población. Los censos anteriores, diseñados por el régimen del apartheid, se habían centrado en los ciudadanos blancos y habían contabilizado considerablemente menos a la mayoría negra y a otros grupos raciales.
La inmigración es una de las principales preocupaciones de los votantes, por lo que quiénes pueden ser considerados ciudadanos y cómo tratar a los no ciudadanos son cuestiones muy importantes. Cabe destacar que los estudios muestran que los votantes de toda Europa sobreestiman constantemente el tamaño de las poblaciones inmigrantes y que esta percepción errónea alimenta la demanda de políticas divisivas. Si bien la inmigración es a menudo un tema polémico, estos debates podrían ser menos desestabilizadores si los votantes tuvieran una comprensión más clara y basada en datos de la demografía de sus países.
Para que la democracia prospere, los gobiernos también deben rendir cuentas a sus ciudadanos. En este aspecto, los datos también desempeñan un papel fundamental. La información fiable permite a los responsables políticos tomar decisiones acertadas y empodera a los votantes para exigir cuentas a los líderes políticos.
Proporcionar esta información es una tarea vital –aunque ingrata– de los organismos nacionales de estadística. A pesar de un rendimiento notable de 32 dólares por cada dólar invertido en datos del sector público, los gobiernos prefieren las iniciativas con un atractivo popular más inmediato a las inversiones en infraestructura de datos.
Pero se trata de una elección falsa. Si se utilizan de manera eficaz, los datos pueden aumentar los ingresos fiscales y estimular la inversión privada, lo que amplía los presupuestos gubernamentales y permite a los responsables de las políticas mejorar los servicios públicos. En Nicaragua, por ejemplo, un estudio financiado por el Banco Mundial reveló que los proyectos de alcantarillado a gran escala beneficiaban desproporcionadamente a los hogares más ricos, lo que desplazó las prioridades de gasto hacia letrinas y programas educativos, que beneficiaron a las comunidades más pobres a un costo menor.
La rendición de cuentas también depende de un intercambio continuo de información entre los gobiernos y los ciudadanos. Para que las democracias funcionen, los gobiernos deben invertir en transparencia, tanto para entender las expectativas de los votantes como para mantener al público informado de sus propias acciones. Como dijo el vicepresidente ghanés Mahamudu Bawumia : “Las estadísticas transmiten buenas y malas noticias, pero los gobiernos eficaces necesitan escuchar ambas”.
Como ha demostrado el año pasado, no hay una manera fácil de impedir que los políticos y los malos actores difundan falsedades durante las campañas electorales, pero el impacto de estas mentiras se puede mitigar. Si bien los organismos nacionales e internacionales se centran, con razón, en la urgente tarea de frenar la desinformación en las redes sociales, los gobiernos pueden ayudar a los ciudadanos a navegar por el ecosistema de información actual. Reforzar su infraestructura de datos ayudaría a desarrollar un sistema de información pública que sea tan resistente y eficaz como las fuerzas que intentan socavarlo. Los gobiernos también pueden promover la alfabetización mediática, dotando a los ciudadanos de las herramientas necesarias para identificar y rechazar la desinformación. Incorporar estas habilidades a los programas escolares podría preparar a los futuros votantes para resistir la manipulación.
Los datos creíbles y accesibles son tan esenciales para la gobernanza democrática como las elecciones y las legislaturas. En un momento en que la democracia misma está en juego en muchos países, contar con datos fiables es la clave para mantener la integridad de nuestros ecosistemas de información, permitir a los gobiernos hacer frente a los desafíos más acuciantes y garantizar que las instituciones democráticas puedan resistir las amenazas autoritarias emergentes.
En el centro de esta crisis hay una paradoja: los datos, elemento vital de las democracias modernas, pueden convertirse en su perdición cuando son explotados por actores maliciosos para difundir desinformación y socavar las instituciones democráticas. Aunque esta amenaza es especialmente grave en vísperas de elecciones importantes, para abordarla se necesita un compromiso firme con la verdad que se extienda más allá de las campañas electorales.
Los datos desempeñan un papel crucial en el fomento de la confianza pública en las instituciones políticas. En esencia, el contrato social entre los gobiernos democráticos y sus ciudadanos se basa en una comprensión compartida de quiénes son esos ciudadanos. Herramientas como los censos y los mapas son fundamentales para este proceso, ya que reflejan hasta qué punto los gobiernos reconocen a las personas a las que se supone que deben servir.
La transición de Sudáfrica del apartheid a la democracia es un claro ejemplo. Tras décadas de exclusión y opresión sistémicas, la construcción de una sociedad democrática requería información fiable. En este sentido, el censo de 1996 –el primero realizado bajo un gobierno democrático– marcó un cambio fundamental: se hizo un esfuerzo genuino por contabilizar a toda la población. Los censos anteriores, diseñados por el régimen del apartheid, se habían centrado en los ciudadanos blancos y habían contabilizado considerablemente menos a la mayoría negra y a otros grupos raciales.
La inmigración es una de las principales preocupaciones de los votantes, por lo que quiénes pueden ser considerados ciudadanos y cómo tratar a los no ciudadanos son cuestiones muy importantes. Cabe destacar que los estudios muestran que los votantes de toda Europa sobreestiman constantemente el tamaño de las poblaciones inmigrantes y que esta percepción errónea alimenta la demanda de políticas divisivas. Si bien la inmigración es a menudo un tema polémico, estos debates podrían ser menos desestabilizadores si los votantes tuvieran una comprensión más clara y basada en datos de la demografía de sus países.
Para que la democracia prospere, los gobiernos también deben rendir cuentas a sus ciudadanos. En este aspecto, los datos también desempeñan un papel fundamental. La información fiable permite a los responsables políticos tomar decisiones acertadas y empodera a los votantes para exigir cuentas a los líderes políticos.
Proporcionar esta información es una tarea vital –aunque ingrata– de los organismos nacionales de estadística. A pesar de un rendimiento notable de 32 dólares por cada dólar invertido en datos del sector público, los gobiernos prefieren las iniciativas con un atractivo popular más inmediato a las inversiones en infraestructura de datos.
Pero se trata de una elección falsa. Si se utilizan de manera eficaz, los datos pueden aumentar los ingresos fiscales y estimular la inversión privada, lo que amplía los presupuestos gubernamentales y permite a los responsables de las políticas mejorar los servicios públicos. En Nicaragua, por ejemplo, un estudio financiado por el Banco Mundial reveló que los proyectos de alcantarillado a gran escala beneficiaban desproporcionadamente a los hogares más ricos, lo que desplazó las prioridades de gasto hacia letrinas y programas educativos, que beneficiaron a las comunidades más pobres a un costo menor.
La rendición de cuentas también depende de un intercambio continuo de información entre los gobiernos y los ciudadanos. Para que las democracias funcionen, los gobiernos deben invertir en transparencia, tanto para entender las expectativas de los votantes como para mantener al público informado de sus propias acciones. Como dijo el vicepresidente ghanés Mahamudu Bawumia : “Las estadísticas transmiten buenas y malas noticias, pero los gobiernos eficaces necesitan escuchar ambas”.
Como ha demostrado el año pasado, no hay una manera fácil de impedir que los políticos y los malos actores difundan falsedades durante las campañas electorales, pero el impacto de estas mentiras se puede mitigar. Si bien los organismos nacionales e internacionales se centran, con razón, en la urgente tarea de frenar la desinformación en las redes sociales, los gobiernos pueden ayudar a los ciudadanos a navegar por el ecosistema de información actual. Reforzar su infraestructura de datos ayudaría a desarrollar un sistema de información pública que sea tan resistente y eficaz como las fuerzas que intentan socavarlo. Los gobiernos también pueden promover la alfabetización mediática, dotando a los ciudadanos de las herramientas necesarias para identificar y rechazar la desinformación. Incorporar estas habilidades a los programas escolares podría preparar a los futuros votantes para resistir la manipulación.
Los datos creíbles y accesibles son tan esenciales para la gobernanza democrática como las elecciones y las legislaturas. En un momento en que la democracia misma está en juego en muchos países, contar con datos fiables es la clave para mantener la integridad de nuestros ecosistemas de información, permitir a los gobiernos hacer frente a los desafíos más acuciantes y garantizar que las instituciones democráticas puedan resistir las amenazas autoritarias emergentes.
Publicación original en: https://www.project-syndicate.org/commentary/leveraging-data-to-protect-democracy-by-claire-melamed-2024-11
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