2024: nuevo régimen político

Lo primero que hace el hombre frente a una realidad desconocida es nombrarla, bautizarla

Octavio Paz

Invirtiendo la clásica sentencia de Carl von Clausewitz, se puede afirmar que la política es la guerra por otros medios, a fin de enfatizar la cruenta lucha que se da por administrar o influir en las decisiones colectivas en una determinada formación social. La lucha por el poder es despiadada y todo cambio enfrenta resistencias que tienen costos sociales de diversa magnitud y duración. Nadie renuncia al poder ni a sus canonjías de manera voluntaria. Lo hace hasta que es materialmente insostenible la posición de poder que se ha ostentado. La historia de México es ilustrativa sobre el lento, tortuoso y doloroso proceso que demanda cada mudanza política de gran calado, cada transformación de la vida pública.

La Independencia de México tomó once años de lucha para concretarse, de 1810 a 1821. Esta negación de nuestro pasado colonial, como diría Jorge Cuesta, costó las cabezas de los primeros insurgentes y miles de vidas, de familias y de pueblos asolados. Don Juan O’Donojú suscribió los Tratados de Córdoba porque no le quedaba de otra. Aun así, los reyes de España tenían otros datos y no reconocieron la independencia de México hasta diciembre de 1836 con el tratado de Santa María Calatrava, después de varios intentos fallidos de recuperar sus antiguos dominios. 15 años de negación de la realidad.

La Reforma impulsada y contenida en la Constitución de 1857 más o menos entró en vigor diez años después de promulgada, en 1867 con la República restaurada. En el inter libró la Guerra de Reforma, se enfrentó con el rechazo de Pío IX y de la nomenclatura de la iglesia católica, y también con la intervención francesa de 1861 a 1866, que durante cuatro años impuso a Maximiliano de Habsburgo como emperador. Este rompimiento con el poder eclesiástico segó muchas vidas, dividió familias y destrozó pueblos. Todavía causó otro doloroso estertor social con la Guerra Cristera de 1926 a 1929.

La Revolución Mexicana oficialmente cobró un millón de vidas durante los siete años formales de lucha civil hasta la promulgación de la Constitución de 1917. Sin embargo, la formalización del nuevo régimen político que habría de aterrizar los ideales sociales de esta carta magna arrancó doce años después, con el pasó de un país de caudillos a uno de instituciones merced a la fundación y operación política del Partido Nacional Revolucionario en 1929. Aún así, todavía en 1940 Juan Andreu Almazán intento una asonada militar para hacerse con el poder.

A partir de los 80’s se dio un soterrado y continuo desplazamiento de la agenda social mandatada por el constituyente del 17, que Don Jesús Reyes Heroles conceptualizó como El liberalismo mexicano. Para evitar objeciones de parte de trasnochados ministros formados en el nacionalismo revolucionario, en enero de 1995 se renovó la totalidad de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia que, por cierto, fue cerrada durante un mes.

A pesar de las resistencias sociales y controversias constitucionales, este proceso de sustitución del interés público por el privado culminó el 2 de diciembre de 2012, con la suscripción del Pacto por México que habría de traducirse en un radical cambio del papel y enfoque del Estado a fin de privilegiar el interés privado, nacional o extranjero, sobre el público. Este nuevo régimen político se plasmó en 11 reformas estructurales a la Constitución y en diversos órganos autónomos. El liberalismo mexicano derrotado por el neoliberalismo.

La resistencia popular al paradigma neoliberal, impuesto desde las cúpulas, fue creciendo y consolidándose hasta desplazar a estas élites en 2018. Sin embargo, la correlación de fuerzas de esta coyuntura fue insuficiente para revertir el nuevo arreglo constitucional. Durante su gestión, López Obrador solo contó con el poder ejecutivo para impulsar una nueva agenda social. Nunca tuvo la mayoría calificada en el Senado de la República para procesar reformas constitucionales; a pesar de la moratoria legislativa de la oposición, las pocas reformas a leyes constitucionales que se procesaron las tiró el poder judicial; y buena parte de los medios de comunicación corporativos se aliaron con grupos empresariales empeñados en conservar el statu quo, es decir, el paradigma neoliberal. A diferencia de las resistencias en contra de los procesos de transformación anteriores, afortunadamente en esta ocasión la oposición a esta nueva transformación se ha circunscrito a lo discursivo, a la batalla jurídica-mediática y a presiones y boicots económicos.

La estrategia de resistencia de las cúpulas ha sido contraproducente para sus propios objetivos pues nutrió el reflujo social contra el neoliberalismo. De ahí que la correlación de fuerzas emanada de las urnas en 2024 sea suficiente para rediseñar el arreglo constitucional volviendo a incorporar el ingrediente social, el interés público y la rectoría del estado en la conducción de los asuntos públicos. Se trata de una coyuntura excepcional que permitirá consolidar cierta independencia formal del poder público respecto al poder económico. La redefinición de nuestro régimen político empezó en 2018 con el debate público sobre las reglas formales e informales de la vida pública. El poder reformador otorgado al segundo piso de la transformación expresa una revolución y determinación de la conciencia de la mayoría de las y los mexicanos para reivindicar la dimensión social del Estado mexicano, indispensable para expandir la justicia social a todos los sectores de la población.

Existe una intensa disputa sobre cómo nombrar esta transición en marcha. Monarquía, tiranía, autoritarismo son algunos de los epítetos que algunos analistas especializados han lanzado para tratar de clarificar el cambio que se vive. Sin embargo, en lugar de esclarecer el panorama, lo enturbian y lo hacen incomprensible. Para allanar la claridad conceptual del actual cambio de régimen en marcha es prudente regresar a los clásicos, a los que se han consagrado a observar, analizar y entender las tensiones que caracterizan a toda democracia. Apliquemos las reflexiones de Robert Dahl, uno de los estudiosos más dedicados a comprender las democracias, para entender la dinámica de cambio que vivimos.

Probablemente Robert Dahl vería el nuevo constituyente como un paso hacia la consolidación de nuestra vida democrática, toda vez que consideraba a la justicia redistributiva como el fin último de la democracia. Parecía que tenía una esfera de cristal cuando en 1989 escribió en “La democracia y sus críticos”: “Cambios en las estructuras y la conciencia sociales podrían contribuir a tornar más democrática la vida política en algunos países hoy gobernados por poliarquías. Por ejemplo, podría surgir una sociedad más democrática a raíz de…una extensión del proceso democrático a instituciones importantes que antes eran regidas según un proceso no democrático”. Desde su perspectiva teórica, México es un país poliárquico que trata de avanzar hacia una poliarquía plena.

También recordemos que en 1971 Dahl publicó el más célebre de sus libros, “Poliarquía: participación y oposición”, en el que enumera las siete características fundamentales que sustentan toda democracia. Ninguna de las reformas constitucionales que se están procesando en este cambio de régimen atenta o afecta de manera negativa ninguno de estos fundamentos. Al contrario, están orientados a expandir la participación del demos en otros ámbitos hasta ahora vedados y a impulsar una justicia redistributiva que necesariamente pasa por la prosperidad compartida:

La libertad de asociación y organización. No se afecta o modifica en ninguna de las reformas.
La libertad de pensamiento y expresión. No se afecta.
El derecho de sufragio activo y pasivo. Se amplia al poder judicial.
El derecho a competir por el apoyo electoral. Se amplia para un segmento de abogados especializados que deseen participar en el poder judicial.
Fuentes alternativas de información No se afectan.
Elecciones periódicas libres y justas, que produzcan mandatos limitados. Se amplia la participación ciudadana a la integración del poder judicial.
Existencia de instituciones que controlen y hagan depender las políticas gubernamentales del voto y de otras expresiones de preferencias. No se afectan.

A propósito del debate específico sobre la reforma al poder judicial, Dahl explica la distorsión que la creciente complejidad de las políticas públicas causa en las democracias, al promover la dominación de minorías y la aparición de modernos tutores que guían al pueblo. Al respecto plantea un dilema vigente en el debate que estamos viviendo: “¿Podría un país democrático avanzado impedir ese deslizamiento hacia un gobierno de facto a cargo de cuasi tutores? Para ello tendría que centrar su atención en el eslabón más débil de la cadena de aproximaciones sucesivas: el propio demos. Si el proceso democrático no está anclado firmemente en los juicios del demos, el sistema continuará deslizándose hacia el cuasi tutelaje; si el ancla resiste, no habrá deslizamiento. El problema surge a raíz de la brecha existente entre el conocimiento de las élites de la política pública y el de los ciudadanos corrientes”.

Utilizando los términos de Dahl, en México el eslabón más débil de la cadena democrática otorgó el poder constituyen para su propio anclaje. Hacia allá marcha el cambio de régimen. Sin duda el proceso de consolidación del humanismo mexicano será tortuoso, no exento de equivocaciones y mucho menos de obstáculos y resistencias. No es una solución mágica a la compleja problemática de la impartición de justicia, pero es un paso para ampliar la participación ciudadana, fortaleciendo al demos frente a las élites al propiciar una independencia de jueces y magistrados del poder económico y de la familia judicial.

Hasta el momento la oposición no ha pasado de la resistencia discursiva, que seguramente se tornará más virulenta, y de la gestión de apoyos internacionales. En lo que se configura el nuevo régimen político vamos a seguir viendo el negacionismo de la oposición a la nueva correlación de fuerzas, que se traducirá en resistencias y batallas mediática, jurídicas, políticas y económicas. Sin embargo, entre más se tarde la oposición en reconocer la realidad más se tardará en integrarse y participar en la construcción del nuevo régimen político que ya está en marcha.

En breve conoceremos a detalle los cimientos constitucionales del segundo piso de la transformación de la vida pública. Y con el tiempo se podrá bautizar con mayor exactitud el nuevo régimen que predominará en los próximos años. Por lo pronto comparto el optimismo de Robert Dahl: “la concepción de que los pueblos pueden autogobernarse en un pie de igualdad política, dueños de todos los recursos e instituciones necesarios para ese fin, seguirá siendo, a mi modo de ver, una pauta imperativa, aunque exigente, en el afán de establecer una sociedad donde las personas convivan en paz, respetando cada una la igualdad intrínseca de las demás y procurando entre todas alcanzar la mejor vida posible.”