MONTEVIDEO – A medida que las poblaciones envejecen en todo el mundo, la demanda de servicios de cuidado está llegando a niveles nunca vistos y plantea desafíos complejos a todas las sociedades, pero especialmente a las del mundo desarrollado. Esto también ocurre en Uruguay, cuyo perfil demográfico se asemeja más al de Norteamérica y Europa que al de sus vecinos.
La brusca caída de la tasa de fertilidad uruguaya pone de relieve la urgencia del cuidado para todos los grupos etarios. Cabe destacar que Uruguay ha logrado la menor tasa de pobreza en la región para las personas de la tercera edad, en gran medida gracias a sólidas transferencias de seguridad social… pero los índices de pobreza de las cohortes más jóvenes son nueve veces mayores que los de los ancianos.
Para responder a la creciente demanda de esos servicios, Uruguay implementó el Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) en 2015. Su objetivo era proporcionar cobertura universal de atención social y sanitaria a los grupos vulnerables, como los niños menores de 13 años, las personas con discapacidades y otros adultos dependientes. Después de casi una década, sin embargo, el SNIC enfrenta graves desafíos.
La cobertura pública para adultos de más de 65 años y personas con discapacidades sigue siendo baja, de apenas el 15 %, y aún existen brechas significativas en la cobertura para las personas de entre 30 y 79 años con discapacidades graves, y niños de entre 0 y 3 años (más del 30 % de ellos recibe educación en guarderías especializadas). Aunque la cobertura pública aumentó al 57 % para ese grupo etario desde 2015, gran parte de las mejoras reflejan más la reducción de la tasa de natalidad que una ampliación del servicio.
Algo fundamental es que la carga de la atención no remunerada recae de manera desproporcionada en las mujeres, especialmente sobre aquellas con menores niveles de educación e ingreso. Las mujeres no solo dominan el sector informal del cuidado, además son las más agobiadas por ese tipo de responsabilidades en los hogares, lo que suele limitar su participación en el mercado laboral. Las mayores diferencias de género en el tiempo destinado al cuidado se dan en hogares con niños de menos de 12 años.
En el sector remunerado del cuidado —donde el 94,9 % de los trabajadores son mujeres— hay una gran informalidad y subempleo, y los salarios están por debajo del promedio nacional. Los cuidadores (y trabajadoras domésticas) cuentan con menos años de educación formal que el trabajador promedio, y en el sector privado del cuidado sus servicios no representan una proporción significativa del presupuesto de sus clientes (en su mayor parte, hogares con ingresos medios y altos) Esas disparidades destacan las desigualdades sistémicas que hay que corregir para garantizar prácticas laborales justas y un mejor apoyo a los cuidadores.
Aunque el SNIC ha logrado avances en el reconocimiento del cuidado como derecho y en resaltar su impacto socioeconómico, su eficacia depende de ampliar la cobertura y el financiamiento. Durante los últimos cinco años su presupuesto se estancó (en términos de participación en el PBI), a pesar de la necesidad de aumentar los recursos para impulsar la educación en la niñez temprana y brindar servicios a todas las poblaciones vulnerables, aliviando así la pobreza y fomentando el crecimiento inclusivo.
Hay muy buenos motivos que justifican la asignación de recursos al sector: invertir en la niñez temprana no solo es beneficioso para el desarrollo de los niños, también incide positivamente sobre los resultados económicos y la productividad a largo plazo. Es fundamental mejorar esos puntos de referencia, dada la caída de la tasa de fertilidad y la reducción de la población infantil. Con la integración de políticas que amplíen las licencias parentales y fomenten la igualdad de género, Uruguay podría empoderar aún más a las mujeres en la fuerza de trabajo y alentar su participación en ella.
La experiencia uruguaya pone de relieve la necesidad más amplia de un enfoque integral del cuidado, que promueva la igualdad de género y la inclusión social tanto en el sector público como en el privado. Enfatizando esas reformas, Uruguay podría satisfacer sus necesidades inmediatas de cuidado y convertirse en un ejemplo para el mundo sobre cómo crear sociedades más resilientes e inclusivas en una época de cambio demográfico.
Invertir en la niñez temprana no solo es beneficioso para el desarrollo de los niños, también incide positivamente sobre los resultados económicos y la productividad a largo plazo. Foto: Pixabay.
Es fundamental mejorar las condiciones de vida de las cohortes más jóvenes, de lo contrario se corre el riesgo de que las próximas generaciones de trabajadores no logren integrarse al mercado laboral y, en consecuencia, no apoyen al sistema de seguridad social con el pago de impuestos. Está demostrado que invertir en la educación temprana de las poblaciones más vulnerables mejora la salud, el comportamiento, las habilidades cognitivas y los resultados escolares de los niños en el corto plazo, y sus resultados en el mercado laboral y la productividad a largo plazo, especialmente cuando también se invierte en su educación más adelante.
Además, si extiende la atención sanitaria y adopta otras políticas que actualmente no están incluidas en el sistema de cuidados —como la ampliación de la licencia parental—, Uruguay podría fomentar una mayor participación de la mujer en la fuerza de trabajo, especialmente en el caso de las poblaciones más vulnerables. El sector público del cuidado tiene un gran potencial para absorber a esa cohorte y, si la expansión de servicios de cuidado va acompañada de controles de calidad y un aumento de la capacidad, se podrían mejorar, simultáneamente, las condiciones de trabajo.
Por último, la promoción de políticas que refuercen el papel de ambos padres en la crianza de los niños no solo beneficia a las mujeres, también fomenta la creación de vínculos más estrechos entre los padres y los niños. De manera similar, las políticas dirigidas a cambiar las normas tradicionales de género contribuirán a distribuir de manera más equitativa las tareas domésticas en los hogares, reduciendo así la pobreza de tiempo que sufren las mujeres.
En suma, la experiencia uruguaya del SNIC ofrece lecciones valiosas para los responsables políticos de todo el mundo. Todos debieran centrarse en el cuidado como imperativo social, invertir en el desarrollo de la niñez temprana y promover la igualdad de género… no solo por motivos éticos, sino porque es fundamental para el crecimiento sostenible.
La brusca caída de la tasa de fertilidad uruguaya pone de relieve la urgencia del cuidado para todos los grupos etarios. Cabe destacar que Uruguay ha logrado la menor tasa de pobreza en la región para las personas de la tercera edad, en gran medida gracias a sólidas transferencias de seguridad social… pero los índices de pobreza de las cohortes más jóvenes son nueve veces mayores que los de los ancianos.
Para responder a la creciente demanda de esos servicios, Uruguay implementó el Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) en 2015. Su objetivo era proporcionar cobertura universal de atención social y sanitaria a los grupos vulnerables, como los niños menores de 13 años, las personas con discapacidades y otros adultos dependientes. Después de casi una década, sin embargo, el SNIC enfrenta graves desafíos.
La cobertura pública para adultos de más de 65 años y personas con discapacidades sigue siendo baja, de apenas el 15 %, y aún existen brechas significativas en la cobertura para las personas de entre 30 y 79 años con discapacidades graves, y niños de entre 0 y 3 años (más del 30 % de ellos recibe educación en guarderías especializadas). Aunque la cobertura pública aumentó al 57 % para ese grupo etario desde 2015, gran parte de las mejoras reflejan más la reducción de la tasa de natalidad que una ampliación del servicio.
Algo fundamental es que la carga de la atención no remunerada recae de manera desproporcionada en las mujeres, especialmente sobre aquellas con menores niveles de educación e ingreso. Las mujeres no solo dominan el sector informal del cuidado, además son las más agobiadas por ese tipo de responsabilidades en los hogares, lo que suele limitar su participación en el mercado laboral. Las mayores diferencias de género en el tiempo destinado al cuidado se dan en hogares con niños de menos de 12 años.
En el sector remunerado del cuidado —donde el 94,9 % de los trabajadores son mujeres— hay una gran informalidad y subempleo, y los salarios están por debajo del promedio nacional. Los cuidadores (y trabajadoras domésticas) cuentan con menos años de educación formal que el trabajador promedio, y en el sector privado del cuidado sus servicios no representan una proporción significativa del presupuesto de sus clientes (en su mayor parte, hogares con ingresos medios y altos) Esas disparidades destacan las desigualdades sistémicas que hay que corregir para garantizar prácticas laborales justas y un mejor apoyo a los cuidadores.
Aunque el SNIC ha logrado avances en el reconocimiento del cuidado como derecho y en resaltar su impacto socioeconómico, su eficacia depende de ampliar la cobertura y el financiamiento. Durante los últimos cinco años su presupuesto se estancó (en términos de participación en el PBI), a pesar de la necesidad de aumentar los recursos para impulsar la educación en la niñez temprana y brindar servicios a todas las poblaciones vulnerables, aliviando así la pobreza y fomentando el crecimiento inclusivo.
Hay muy buenos motivos que justifican la asignación de recursos al sector: invertir en la niñez temprana no solo es beneficioso para el desarrollo de los niños, también incide positivamente sobre los resultados económicos y la productividad a largo plazo. Es fundamental mejorar esos puntos de referencia, dada la caída de la tasa de fertilidad y la reducción de la población infantil. Con la integración de políticas que amplíen las licencias parentales y fomenten la igualdad de género, Uruguay podría empoderar aún más a las mujeres en la fuerza de trabajo y alentar su participación en ella.
La experiencia uruguaya pone de relieve la necesidad más amplia de un enfoque integral del cuidado, que promueva la igualdad de género y la inclusión social tanto en el sector público como en el privado. Enfatizando esas reformas, Uruguay podría satisfacer sus necesidades inmediatas de cuidado y convertirse en un ejemplo para el mundo sobre cómo crear sociedades más resilientes e inclusivas en una época de cambio demográfico.
Es fundamental mejorar las condiciones de vida de las cohortes más jóvenes, de lo contrario se corre el riesgo de que las próximas generaciones de trabajadores no logren integrarse al mercado laboral y, en consecuencia, no apoyen al sistema de seguridad social con el pago de impuestos. Está demostrado que invertir en la educación temprana de las poblaciones más vulnerables mejora la salud, el comportamiento, las habilidades cognitivas y los resultados escolares de los niños en el corto plazo, y sus resultados en el mercado laboral y la productividad a largo plazo, especialmente cuando también se invierte en su educación más adelante.
Además, si extiende la atención sanitaria y adopta otras políticas que actualmente no están incluidas en el sistema de cuidados —como la ampliación de la licencia parental—, Uruguay podría fomentar una mayor participación de la mujer en la fuerza de trabajo, especialmente en el caso de las poblaciones más vulnerables. El sector público del cuidado tiene un gran potencial para absorber a esa cohorte y, si la expansión de servicios de cuidado va acompañada de controles de calidad y un aumento de la capacidad, se podrían mejorar, simultáneamente, las condiciones de trabajo.
Por último, la promoción de políticas que refuercen el papel de ambos padres en la crianza de los niños no solo beneficia a las mujeres, también fomenta la creación de vínculos más estrechos entre los padres y los niños. De manera similar, las políticas dirigidas a cambiar las normas tradicionales de género contribuirán a distribuir de manera más equitativa las tareas domésticas en los hogares, reduciendo así la pobreza de tiempo que sufren las mujeres.
En suma, la experiencia uruguaya del SNIC ofrece lecciones valiosas para los responsables políticos de todo el mundo. Todos debieran centrarse en el cuidado como imperativo social, invertir en el desarrollo de la niñez temprana y promover la igualdad de género… no solo por motivos éticos, sino porque es fundamental para el crecimiento sostenible.
Traducción al español por Ant-Translation.
Publicación original en: https://www.project-syndicate.org/commentary/uruguay-aging-society-low-fertility-rate-calls-for-robust-care-provision-by-carmen-estrades-1-and-florencia-amabile-2024-08/spanish
Lea también:
El poder de consumo de la Generación Z
Países vulnerables al cambio climático, ¿qué hacer?