BERKELEY – Apenas 3.000 personas han acumulado una riqueza de 14,4 billones de dólares, el equivalente al 13% del PIB mundial. Si bien en 1993 los multimillonarios del mundo controlaban menos del 3% del PIB mundial, desde entonces el crecimiento de su riqueza y su influencia política se ha acelerado.
Independientemente de la nacionalidad, los ultrarricos del mundo comparten dos similitudes sorprendentes: la gran mayoría son hombres y, por lo general, pagan muchos menos impuestos, como proporción de sus ingresos, que sus empleados y los trabajadores de clase media en general. La concentración de la riqueza es, por lo tanto, un problema global, tan alarmante que el G20 (el grupo que comprende las mayores economías desarrolladas y emergentes del mundo) lo abordó formalmente el mes pasado.
Como lo expresaron los ministros de finanzas del G20 en la declaración final de su conferencia en Río de Janeiro los días 25 y 26 de julio:
“Es importante que todos los contribuyentes, incluidas las personas con un patrimonio neto muy elevado, contribuyan con la parte que les corresponde en concepto de impuestos. La elusión o evasión fiscal agresiva de las personas con un patrimonio neto muy elevado puede socavar la equidad de los sistemas tributarios […]. La promoción de políticas tributarias eficaces, justas y progresivas sigue siendo un desafío importante que la cooperación fiscal internacional y las reformas nacionales específicas podrían ayudar a abordar”.
La equidad fiscal es la base de la democracia. Sin ingresos fiscales suficientes, los gobiernos no pueden garantizar servicios adecuados como la educación, la atención de la salud y la protección social, ni pueden responder a problemas mucho más graves, como la crisis climática (que ya está desestabilizando a muchos países del mundo). Dadas las terribles consecuencias de la inacción en estas áreas, es imperativo que los más ricos paguen la parte que les corresponde de impuestos.
La Declaración de Río es un hito importante. Por primera vez desde que se creó el G20 en 1999, todos los miembros acordaron que se debe corregir la forma en que se grava a los superricos y se comprometieron a hacerlo. Pero este consenso no surgió de la nada. Los defensores de la equidad fiscal abordaron muchos temas en los meses previos a la cumbre.
Este año, Brasil ocupa la presidencia rotatoria del G20 y, a fines de febrero, el ministro de Finanzas del país, Fernando Haddad, me invitó a hablar en una reunión de alto nivel en São Paulo. Me encargaron que escribiera un informe sobre la equidad fiscal y la tributación de los superricos (el foco de mi trabajo como fundador y director del Observatorio Fiscal de la UE en París), que presenté a fines de junio para informar el debate de la cumbre de julio.
En el informe, A Blueprint for a Coordinated Minimum Effective Taxation Standard for Ultra-High-Net-Worth Individuals (Un plan para un estándar impositivo mínimo coordinado y efectivo para los individuos con patrimonios ultraaltos) , presenté una propuesta para un nuevo estándar impositivo efectivo que incluye un impuesto mínimo coordinado del 2% de la riqueza para esos individuos –los 3.000 multimillonarios del mundo. Este estándar no sólo generaría ingresos significativos (alrededor de 200.000 a 250.000 millones de dólares por año), sino que también corregiría la injusticia estructural de los sistemas impositivos contemporáneos, por los cuales los tipos impositivos efectivos de los multimillonarios son inferiores a los de los individuos de clase media.
La opinión pública mundial apoya abrumadoramente una tributación justa para los ultrarricos. Según una encuesta de Ipsos en los países del G20, publicada en junio, el 67% de la gente está de acuerdo en que hay demasiada desigualdad económica y el 70% apoya el principio de que los ricos deberían pagar tasas de impuesto a la renta más altas.
La Declaración de Río señala un cambio significativo: los líderes mundiales ya no pueden apoyar un sistema en el que los ultrarricos pagan menos impuestos que el resto de nosotros. Los ministros de finanzas ya han acordado adoptar importantes medidas preliminares para mejorar la transparencia fiscal, fortalecer la cooperación fiscal y revisar las prácticas fiscales perjudiciales.
Es cierto que no hubo consenso político para incluir en el texto final el impuesto mínimo del 2% para los multimillonarios. La declaración tuvo que ser aprobada por unanimidad, y algunos países aún tienen reservas sobre algunos aspectos de la propuesta. Por ejemplo, si bien el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden apoya un impuesto mínimo para los multimillonarios a nivel nacional, se ha mostrado reacio a impulsar la cuestión en el escenario internacional.
Pero no hay vuelta atrás. El impuesto mínimo está ahora en la agenda y, si se analiza la historia de las negociaciones fiscales internacionales, hay razones concretas para ser optimistas sobre el futuro de la propuesta. En 2013, el G20 reconoció la rampante elusión fiscal de las empresas multinacionales, lo que dio impulso político para abordar el problema. Su plan de acción inicial incluía mejorar la transparencia fiscal, aumentar la cooperación fiscal y revisar las prácticas fiscales nocivas, la misma redacción que se utiliza ahora en Río. Luego, en octubre de 2021, 136 países y territorios (ahora 140) adoptaron un impuesto corporativo mínimo del 15%.
Afortunadamente, no necesitamos que todos los países adopten un impuesto mínimo del 2% para los multimillonarios (o para los centimillonarios, si así lo deciden los responsables de las políticas). Simplemente necesitamos que una masa crítica de países se ponga de acuerdo sobre un conjunto de reglas para identificar y valorar la riqueza de los ultrarricos y adopte instrumentos para imponer una tributación efectiva independientemente de la residencia fiscal de los multimillonarios. De esa manera, podemos evitar un escenario en el que los ultrarricos huyan a paraísos fiscales, poniendo así fin a la carrera hacia el abismo entre los países que compiten por ofrecer a los multimillonarios la tasa impositiva más baja.
En los últimos diez años, la cooperación internacional en materia tributaria ha mejorado significativamente. La introducción de intercambios automáticos de información bancaria, por ejemplo, ha reducido en gran medida la posibilidad de evasión fiscal. Ya contamos con las herramientas necesarias para que los multimillonarios del mundo paguen la parte que les corresponde de impuestos. Ahora les toca a los gobiernos actuar con rapidez y eficacia.
Publicación original en: https://www.project-syndicate.org/commentary/billionaire-wealth-tax-progress-made-at-the-g20-must-continue-by-gabriel-zucman-2024-08
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