La reciente sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre la inmunidad presidencial ha otorgado al presidente mucho más poder que el que tenían los reyes ingleses en la época de la Revolución estadounidense. La Revolución inglesa de 1688-89 había creado un rey sujeto a la ley, el mismo principio que sustentaba la Declaración de Independencia.
CHICAGO – En su opinión disidente en el caso Trump v. United States , la jueza de la Corte Suprema Sonia Sotomayor declaró que con el fallo de la mayoría , “el presidente es ahora un rey por encima de la ley”. En esto, se equivoca: la opinión de la mayoría ha dado al presidente estadounidense mucho más poder del que tenían los reyes ingleses en la época de la Revolución estadounidense.
Cuando George Washington leyó la Declaración de Independencia a sus tropas el 9 de julio de 1776, proclamó que el documento prometía “garantizarnos la libertad y los privilegios” garantizados en “la constitución británica”. Al hacerlo, simplemente afirmó los principios establecidos en 1688-89, cuando los ingleses, en su propia revolución , habían limitado el poder de los reyes. La Revolución Inglesa había creado un rey que gobernaba bajo la ley, y este principio fundamental sustentaba las libertades y los privilegios protegidos en la Declaración de Independencia.
Washington sabía de lo que hablaba. El rey Jacobo II (1685-89) había utilizado el novedoso método de crear pruebas ideológicas antes de nombrar a los jueces de los tribunales más importantes de Inglaterra, incluido el tribunal del King’s Bench. Contrariando siglos de tradición, Jacobo había llenado los tribunales con hombres que habían prometido en privado dictar sentencias en consonancia con sus exaltadas opiniones sobre su propia autoridad.
La posición del rey se puso a prueba en abril de 1686, cuando el cochero Arthur Godden fue alentado a presentar una demanda contra su empleador, Sir Edward Hales, por aceptar una comisión real en violación directa de la ley establecida. Resulta que James había afirmado que estaba en su poder prescindir de la ley cuando convenía a la voluntad real. Los contemporáneos entendieron que este caso tan publicitado y seguido con entusiasmo sería una prueba de cuál debería ser “la prerrogativa o las libertades pretendidas hasta entonces del súbdito”.
En junio de 1686, 11 de los 12 jueces elegidos a dedo fallaron a favor del rey. Siguiendo el ejemplo del propio abogado del rey, Sir Thomas Powys, el Lord Presidente del Tribunal Supremo George Jeffreys sostuvo que si el rey no tenía margen de maniobra por encima de la ley, “la preservación del gobierno” podría estar en peligro. El Tribunal del Banco del Rey abogó por una prerrogativa real amplia y prácticamente ilimitada, porque de lo contrario sería imposible para el rey gobernar. El embajador francés, un observador atento del caso, concluyó que “la prerrogativa atribuida al rey de Inglaterra ha anulado por completo las leyes”.
Godden v. Hales otorgó a los reyes ingleses un poder casi ilimitado , pero sólo por un período muy breve. En noviembre de 1688, el pueblo inglés, con la ayuda de los holandeses, se alzó contra Jacobo II, y el 28 de enero de 1689, un parlamento de la Convención declaró que éste había “abdicado del gobierno” al violar las “leyes fundamentales” del reino y tratar de “subvertir la constitución”.
Cuando George Washington leyó la Declaración de Independencia a sus tropas el 9 de julio de 1776, proclamó que el documento prometía “garantizarnos la libertad y los privilegios” garantizados en “la constitución británica”. Al hacerlo, simplemente afirmó los principios establecidos en 1688-89, cuando los ingleses, en su propia revolución , habían limitado el poder de los reyes. Foto: Wikimedia.
Los ingleses habían decidido que cuando los reyes se colocan por encima de la ley y actúan por su propia cuenta, dejan de ser reyes. Pero la Cámara de los Comunes no se conformó con una simple abdicación. Sir Joseph Tredenham fue sólo uno de los muchos parlamentarios que denunciaron la decisión “en el caso de Sir Edward Hales” por haber “arrancado todo de raíz”, convirtiendo “la ley de no aplicación de la fuerza”. La decisión fue “justamente condenada por todo el pueblo”, y los propios jueces merecían “ser castigados”.
Sir Robert Howard, un monárquico de larga data, pensó que ni siquiera esto era suficiente. Todos “los asesores y promotores de las sentencias” debían ser declarados penalmente responsables, declaró. Al final, como muchos de los jueces ya habían fallecido, la Cámara de los Comunes decidió simplemente eliminar el registro oficial de Godden v. Hales para que no pudiera servir como precedente.
El razonamiento ofrecido por el abogado del rey, Powys, y Jeffreys –quien murió a causa de las heridas sufridas a manos de una turba furiosa en abril de 1689– guarda una sorprendente similitud con los argumentos ofrecidos por el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, en el caso Trump v. United States . Al igual que Powys y Jeffreys, Roberts temía que someter al presidente a la ley y a “la potencial responsabilidad penal y el peculiar oprobio público que acompaña a los procedimientos penales” haría imposible que el presidente actuara libremente. “Distorsionaría la toma de decisiones presidenciales”, dice, tal vez haciendo imposible que el presidente gobernara adecuadamente.
En 1689, el pueblo inglés rechazó rotundamente ese razonamiento y afirmó que sus reyes estarían sujetos a la ley en lo sucesivo. Sentó un precedente al destituir a Jacobo II de su cargo. La decisión de la Corte Suprema va más allá de amenazar más de dos siglos de jurisprudencia estadounidense; echa por tierra cuatro siglos de jurisprudencia angloamericana. La mayoría de Roberts no le dio al presidente el poder de un rey inglés; le dio un poder que un rey inglés sólo podría codiciar.
Cuando George Washington leyó la Declaración de Independencia a sus tropas el 9 de julio de 1776, proclamó que el documento prometía “garantizarnos la libertad y los privilegios” garantizados en “la constitución británica”. Al hacerlo, simplemente afirmó los principios establecidos en 1688-89, cuando los ingleses, en su propia revolución , habían limitado el poder de los reyes. La Revolución Inglesa había creado un rey que gobernaba bajo la ley, y este principio fundamental sustentaba las libertades y los privilegios protegidos en la Declaración de Independencia.
Washington sabía de lo que hablaba. El rey Jacobo II (1685-89) había utilizado el novedoso método de crear pruebas ideológicas antes de nombrar a los jueces de los tribunales más importantes de Inglaterra, incluido el tribunal del King’s Bench. Contrariando siglos de tradición, Jacobo había llenado los tribunales con hombres que habían prometido en privado dictar sentencias en consonancia con sus exaltadas opiniones sobre su propia autoridad.
La posición del rey se puso a prueba en abril de 1686, cuando el cochero Arthur Godden fue alentado a presentar una demanda contra su empleador, Sir Edward Hales, por aceptar una comisión real en violación directa de la ley establecida. Resulta que James había afirmado que estaba en su poder prescindir de la ley cuando convenía a la voluntad real. Los contemporáneos entendieron que este caso tan publicitado y seguido con entusiasmo sería una prueba de cuál debería ser “la prerrogativa o las libertades pretendidas hasta entonces del súbdito”.
En junio de 1686, 11 de los 12 jueces elegidos a dedo fallaron a favor del rey. Siguiendo el ejemplo del propio abogado del rey, Sir Thomas Powys, el Lord Presidente del Tribunal Supremo George Jeffreys sostuvo que si el rey no tenía margen de maniobra por encima de la ley, “la preservación del gobierno” podría estar en peligro. El Tribunal del Banco del Rey abogó por una prerrogativa real amplia y prácticamente ilimitada, porque de lo contrario sería imposible para el rey gobernar. El embajador francés, un observador atento del caso, concluyó que “la prerrogativa atribuida al rey de Inglaterra ha anulado por completo las leyes”.
Godden v. Hales otorgó a los reyes ingleses un poder casi ilimitado , pero sólo por un período muy breve. En noviembre de 1688, el pueblo inglés, con la ayuda de los holandeses, se alzó contra Jacobo II, y el 28 de enero de 1689, un parlamento de la Convención declaró que éste había “abdicado del gobierno” al violar las “leyes fundamentales” del reino y tratar de “subvertir la constitución”.
Los ingleses habían decidido que cuando los reyes se colocan por encima de la ley y actúan por su propia cuenta, dejan de ser reyes. Pero la Cámara de los Comunes no se conformó con una simple abdicación. Sir Joseph Tredenham fue sólo uno de los muchos parlamentarios que denunciaron la decisión “en el caso de Sir Edward Hales” por haber “arrancado todo de raíz”, convirtiendo “la ley de no aplicación de la fuerza”. La decisión fue “justamente condenada por todo el pueblo”, y los propios jueces merecían “ser castigados”.
Sir Robert Howard, un monárquico de larga data, pensó que ni siquiera esto era suficiente. Todos “los asesores y promotores de las sentencias” debían ser declarados penalmente responsables, declaró. Al final, como muchos de los jueces ya habían fallecido, la Cámara de los Comunes decidió simplemente eliminar el registro oficial de Godden v. Hales para que no pudiera servir como precedente.
El razonamiento ofrecido por el abogado del rey, Powys, y Jeffreys –quien murió a causa de las heridas sufridas a manos de una turba furiosa en abril de 1689– guarda una sorprendente similitud con los argumentos ofrecidos por el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, en el caso Trump v. United States . Al igual que Powys y Jeffreys, Roberts temía que someter al presidente a la ley y a “la potencial responsabilidad penal y el peculiar oprobio público que acompaña a los procedimientos penales” haría imposible que el presidente actuara libremente. “Distorsionaría la toma de decisiones presidenciales”, dice, tal vez haciendo imposible que el presidente gobernara adecuadamente.
En 1689, el pueblo inglés rechazó rotundamente ese razonamiento y afirmó que sus reyes estarían sujetos a la ley en lo sucesivo. Sentó un precedente al destituir a Jacobo II de su cargo. La decisión de la Corte Suprema va más allá de amenazar más de dos siglos de jurisprudencia estadounidense; echa por tierra cuatro siglos de jurisprudencia angloamericana. La mayoría de Roberts no le dio al presidente el poder de un rey inglés; le dio un poder que un rey inglés sólo podría codiciar.
Publicación original en: https://www.project-syndicate.org/commentary/trump-immunity-ruling-means-president-more-powerful-than-english-kings-by-steve-pincus-2024-07