Huelgas automovilísticas y cambio climático

NUEVA YORK – La primera  huelga  del United Auto Workers contra los llamados “Tres Grandes” (General Motors, Ford y Stellantis, propietario de Chrysler) subraya la necesidad de alinear la acción climática, el crecimiento económico y los derechos de los trabajadores.  Las políticas públicas destinadas a aumentar la producción y las ventas de vehículos eléctricos (EV) tienen el poder de catalizar la innovación y la inversión del sector privado en formas que beneficien a los trabajadores. Pero hacer realidad ese potencial requiere una nueva comprensión del papel que desempeñan tanto el gobierno como los trabajadores a la hora de impulsar un cambio económico positivo a escala.

Si bien el UAW ha dejado claro que  no se opone  a la transición hacia una economía baja en carbono, insiste en que este cambio debe abarcar la creación o preservación de buenos empleos. La implicación más amplia es que si la “transición verde” no logra plenamente la justicia económica y en el lugar de trabajo, carecerá del apoyo político necesario para salir de la parrilla de salida. Y no nos equivoquemos: sólo los gobiernos tienen el poder de impulsar esta transformación económica y garantizar que mejore las vidas de los trabajadores. Esto es lo que deben hacer.

Primero, los estados pueden y deben hacer más para fijar una dirección general para la inversión, la innovación y el crecimiento. Al establecer objetivos o  “ misiones ”  climáticas audaces con metas ambiciosas y mensurables, pueden atraer inversiones públicas y privadas y generar innovación intersectorial.

Por su naturaleza, las misiones relacionadas con el clima –como la eliminación gradual de los motores de combustión interna, la descarbonización de la red energética o la reducción del contenido material del acero (como lo ha hecho Alemania) – impulsarán la lucha contra el cambio climático y crearán enormes oportunidades para las empresas que están alineados con los mismos objetivos. Pero para que este enfoque funcione en el plazo que nos han dado los científicos del clima, necesitará el enfoque y la urgencia de una movilización en tiempos de guerra.

Ocasiones como estas a menudo han provocado innovación y ayudado a atraer inversión privada a gran escala en el pasado. De hecho, en momentos clave de la historia, han fomentado un aprecio más amplio por la gente corriente y trabajadora.

Un ejemplo resonante es la  contribución  hecha por Walter Reuther del UAW (el mismo sindicato en huelga hoy) durante la Segunda Guerra Mundial. Reuther aborrecía el fascismo y veía una oportunidad para los trabajadores. En 1940, bajo su liderazgo, la UAW  exigió con éxito  que las empresas automotrices estadounidenses pasaran a producir en tiempos de guerra en un plazo mucho más rápido de lo que proponía la dirección. Si el sindicato no hubiera adoptado esta posición proactiva, la movilización bélica estadounidense probablemente habría llevado mucho más tiempo o habría fracasado por completo.

En segundo lugar, los gobiernos pueden establecer las condiciones de acceso a la financiación pública para exigir a las empresas receptoras que implementen políticas laborales justas, limiten las recompras de acciones por parte de los accionistas, alineen sus operaciones con los objetivos climáticos y reinviertan las ganancias en trabajadores y en investigación y desarrollo. Esto puede incluir reutilizar los subsidios existentes para incentivar al sector automotriz y a los sectores relacionados a transformarse en línea con una transición verde justa. Las condiciones sobre subvenciones públicas, deuda o inversiones de capital, beneficios fiscales y otros incentivos son palancas poderosas para maximizar la creación de valor público.

Por ejemplo, la  Ley CHIPS y Ciencia y la Ley de Reducción de la Inflación  de Estados Unidos incluyen algunas disposiciones de “barandilla” que limitan las recompras de accionistas y establecen requisitos en materia de participación en las ganancias, condiciones laborales, salarios y capacitación y aprendizaje de los trabajadores. Pero por importantes que sean estas medidas, la actual estrategia industrial estadounidense todavía no ha hecho lo suficiente para garantizar que los trabajadores tengan suficiente poder económico. Hacerlo será esencial para generar el amplio apoyo que se necesita para navegar la transición hacia una economía baja en carbono.

Finalmente, los gobiernos deben romper con el hábito de  subcontratar empresas consultoras  y, en cambio, invertir en desarrollar sus propias capacidades. De lo contrario, no podrán reunir el liderazgo necesario para alinear los objetivos de crecimiento, clima y mano de obra.

Volviendo al ejemplo de Estados Unidos, la reciente legislación sobre estrategia industrial refleja una comprensión de esta cuestión, pero ha ofrecido disposiciones bastante desiguales para el trabajo. Esta brecha ha sido particularmente marcada en el sector automotriz. Aunque los trabajadores fueron considerados  “ esenciales ”  y se les pidió que trabajaran en entornos de alto riesgo durante la pandemia de COVID-19, las  ganancias corporativas   de los fabricantes de automóviles no se han compartido de manera justa con la fuerza laboral, a pesar  del importante apoyo gubernamental  a la industria luego de la crisis financiera de 2008.

Ahora, estas brechas en la protección de los trabajadores están amenazando la viabilidad política de toda la transición verde. A principios de este año, el presidente de la UAW, Shawn Fain,  expresó su preocupación  de que, debido a que el cambio a los vehículos eléctricos no priorizaba las normas laborales para los trabajadores de la línea de producción, el dinero público movilizado por la administración Biden podría terminar subsidiando involuntariamente la destrucción de la fuerza laboral de clase media de la industria automotriz.

¿Cómo? Vaya a un lugar como Lordstown, Ohio, y  encontrará  plantas de ensamblaje de automóviles sindicalizadas de General Motors que pagan 32 dólares por hora, y plantas de baterías recién construidas (en parte propiedad de la misma empresa) que abren con un salario inicial de sólo 16,50 dólares por hora. No es de extrañar que el UAW haya llevado a cabo una exitosa campaña de organización allí.

Si los gobiernos quieren luchar eficazmente contra el cambio climático, deben fijar una dirección clara para el crecimiento, con una economía sostenible e inclusiva como objetivo final. La financiación pública y las asociaciones con empresas deben estructurarse para compartir las recompensas –y no sólo los riesgos– de la transición tanto con los trabajadores como con el público en general.