De una guerra comercial a una guerra de subsidios

LONDRES – Para consternación de muchos economistas, el gobierno del presidente de los Estados Unidos  Joe Biden  ha mantenido la mayoría de los aranceles y barreras comerciales de su predecesor. De hecho, contra lo que esperaba la mayor parte de los analistas, Estados Unidos ha impuesto nuevas medidas proteccionistas, por ejemplo las políticas de «compre nacional» de Biden; el resultado es un aumento de costos para los consumidores y contribuyentes estadounidenses.

Durante la presidencia de Donald Trump, Estados Unidos  impuso  un arancel del 25% a las importaciones de acero y del 10% a las de aluminio. La administración Trump inició una guerra comercial con China,  se retiró  del Acuerdo Transpacífico (ATP) que habían negociado los presidentes George Bush (hijo) y Barack Obama con doce países de la Cuenca del Pacífico, y  «renegoció»  el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, al que rebautizó Acuerdo Estados Unidos‑México‑Canadá.

Trump optó por estas y otras acciones unilaterales, a pesar de que un proceso multilateral a través de la Organización Mundial del Comercio hubiera sido mucho más eficaz y con menos riesgo de perjudicar a aliados de Estados Unidos. Pero la administración Biden fue incluso más lejos, con la plena adopción de una política industrial mediante la aprobación de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA, por la sigla en inglés), con un presupuesto de  430 000 millones de dólares  (que en buena parte se destinarán a subsidiar las tecnologías verdes y las energías renovables), y con la Ley de CHIPS y Ciencia  (280 000 millones de dólares),  cuyo objetivo es fomentar la creación de una fuerte industria estadounidense de los semiconductores.

Según la Casa Blanca, La Ley de CHIPS  estimulará  la producción nacional de semiconductores y creará «decenas de miles de puestos de trabajo bien remunerados en el área de la construcción sindicalizada y varios miles más de empleos fabriles cualificados», al tiempo que movilizará cientos de miles de millones de dólares en inversión privada adicional. Para facilitar la relocalización de la producción de chips, la ley asigna  52 000 millones de dólares  a investigación y desarrollo y capacitación de la fuerza laboral y provee un crédito fiscal del 25% para los fabricantes locales. Pero al subsidiar a las empresas estadounidenses, en la práctica la ley discrimina a los productores extranjeros o con fábricas en el extranjero. Por su parte, la IRA provee un  subsidio de 7500 dólares a quienes compren vehículos eléctricos fabricados en Estados Unidos, lo que da a los modelos estadounidenses una ventaja respecto de sus rivales chinos y japoneses.

Sin embargo, numerosos  estudios  han demostrado que el uso de  subsidios  suele perjudicar a los países que los aplican, ya que tiende a reducir la competencia, asfixiar la innovación, aumentar costos y poner en desventaja a los exportadores que dependen de insumos importados. Peor aún, cuando un país apela a subsidiar la industria local para mejorar su competitividad, suele ocurrir que otros países respondan con medidas proteccionistas propias. Y la escalada de represalias y medidas de reciprocidad daña las economías de otros países y de sus socios comerciales.

Ya es evidente que en la guerra de subsidios que se avecina no habrá un vencedor claro. Según el volumen de los subsidios que apliquen los países extranjeros en represalia, puede que anulen en forma parcial, o incluso total, las ventajas competitivas que se buscó generar con el subsidio inicial.

Esta dinámica es particularmente evidente en áreas como los semiconductores, las baterías y los vehículos eléctricos. Por ejemplo, en respuesta a las políticas industriales de Biden, la Unión Europea dio hace poco luz verde a un plan por  43 000 millones de euros  (47 000 millones de dólares) para reforzar la industria europea de los semiconductores; al mismo tiempo,  Corea del Sur y Japón  también pusieron en marcha planes para subsidiar la producción local de chips. En tanto, empresas europeas, japonesas y surcoreanas han comenzado a  construir  o invertir en instalaciones en los Estados Unidos, para poder acceder a los subsidios y créditos fiscales previstos por la IRA.

Aunque la política de subsidios de Biden puede mejorar la capacidad local de fabricación de semiconductores (sobre todo porque Estados Unidos cuenta con recursos para superar en subsidios a la mayoría de sus rivales), traerá aparejado un costo. Morris Chang, fundador de la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, calculó hace poco que fabricar chips en Estados Unidos es un  50% más caro  que en Taiwán, donde hoy se produce  más del 90%  de los chips de avanzada de todo el mundo. Chang no cree que los subsidios estadounidenses actuales alcancen para compensar esta diferencia de costos. Pero como  señala  Adam Posen, del Instituto Peterson de Economía Internacional, el precio real del desacople económico «no es tanto las barreras comerciales, que de por sí son malas, sino la reducción del crecimiento de la productividad».