A partir de la semana pasada, el riesgo de una persecución penal contra el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se incrementó.
Y no es por algún caso de corrupción o por las decisiones que ha hecho como gobernante, sino por violencia de género. Por haber dicho frases, consideradas machistas por las autoridades electorales, en contra de Xóchitl Gálvez.
Parece absurdo que alguien –cualquiera– pueda terminar en la cárcel por decir cosas que otra persona siente ofensivas, pero esa es la realidad en este país en que lo políticamente correcto ha llegado a la ley.
La violencia política de género no sólo es un delito electoral, por el cual el presidente AMLO será muy probablemente condenado por la Sala Regional Especializada del Trife; es también un delito penal grave y que se persigue de oficio.
El INE ya exigió a la Presidencia de la República y a AMLO editar las mañaneras en las que se mencionó a Xóchitl Gálvez, luego de que ésta se quejó ante el instituto por los comentarios del presidente donde básicamente dijo que ella es una imposición del empresario Claudio X. González.
Sólo son medidas preventivas. Lo que seguirá es que el Tribunal analizará el tema “de fondo”; es decir, decidirá si efectivamente AMLO cometió violencia de género contra la aspirante presidencial. En caso de hallarlo culpable, esa sentencia serviría como base de una denuncia penal posterior.
No ocurrirá en este momento, desde luego, porque AMLO está en el poder. Pero una vez que deje el cargo, ni siquiera se necesitará una denuncia para proceder contra él, porque se trata de un delito que se persigue de oficio. Basta con que un fiscal –uno que quiera quedar bien con la actual oposición– decida iniciar el proceso penal.
Sentenciar al entonces ex presidente en el ámbito penal –ya con una sentencia previa a nivel electoral– será sencillo. Porque las “pruebas” (los dichos en la mañanera) habrán sido previamente recopiladas por el INE y el criterio sancionador establecido por el Tribunal federal electoral.
Acusar a un Presidente de la República de cometer un delito nunca ha sido fácil por el simple hecho de que él no firma nada, ningún documento que después podría usarse como elemento de responsabilidad. Una cosa es que todo el país sepa que un ex presidente era corrupto y otra muy distinta tener las pruebas para condenarlo.
Tomemos el caso de Emilio Lozoya. El ex director de Pemex dice que el dinero que recibió en sobornos tenía como destino último la campaña del entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto. ¿Qué pruebas hay? Solamente el dicho de Lozoya. No hay contratos firmados, recibos, grabaciones, transferencias bancarias… etc, que prueben la acusación. Imposible proceder penalmente a partir de meros dichos.
Esa vara alta que hay para meter a la cárcel a un ex presidente, no existirá contra AMLO si un gobierno opositor, en control de la Fiscalía General de la República, decidiera hacerlo. La única prueba será lo que ya dijo en la mañanera. Y podrán usar ese recurso penal en cualquier momento, a partir de 2025.
¿Qué tan probable es que eso suceda? Como todas las acusaciones contra personajes de alto nivel, nada se mueve sin motivaciones o autorizaciones políticas. Y en este momento no veo a quién pueda convenir una decisión tan polémica.
Pero eso podría cambiar en el futuro. Y ese es justo el problema con las normas que esta Legislatura creó para castigar la violencia política de género, que se convierte en un arma fácil de usar para la intimidación y la venganza; un recurso que, además, puede usarse en el momento en que más convenga, pues el delito no prescribe aun si transcurren años después de su comisión.
Violencia política de género, más allá de AMLO
En lo personal, no estoy de acuerdo con lo que AMLO dijo contra Xóchitl Gálvez. No se debe descalificar la capacidad de una persona para contender por un puesto sólo porque sospechamos de quienes la apoyan.
Tan injusto es decir que Gálvez es títere de Claudio X González, como injusto es decir que Claudia Sheinbaum es títere de López Obrador. Ambas son ofensas a la capacidad de dos mujeres que no dependen de ningún hombre para sobresalir.
¿Debemos criticar a quienes demeritan la capacidad de una mujer? Sí. ¿Debemos meterlos a la cárcel? NO. La libertad de expresión no debería ser coartada de esa forma bajo ninguna circunstancia; salvo excepciones que ponen en peligro la vida de una persona.
Las mujeres políticas ostentan funciones públicas que las hacen merecedoras de escrutinio. Esa vigilancia sobre lo que hacen no puede hacerse a cabalidad si en los hechos cualquier crítica puede ser considerada “violenta”.
Las normas de violencia política de género son un privilegio que coloca a las mujeres políticas con más derechos que las mujeres de a pie, las que no tienen poder. Y censura el derecho de todos –y todas– a criticarlas por lo que hacen con nuestros impuestos y con el poder que les otorgamos con nuestro voto.
Legisladoras y legisladores deben entender que cometieron un error. Mientras la ley siga como está, existe el riesgo de que cualquiera caiga en la cárcel sólo por expresarse en contra de una mujer de poder. Eso no lo merece ni AMLO ni nadie.
Twitter: @estroman
