PRINCETON – Cerca de 44 millones de estadounidenses deben USD 1,6 billones de dólares en créditos estudiantiles, y más de 7 millones de ellos estaban en mora antes de que se implementara la pausa en los reembolsos por la pandemia. Debido a que esta aplastante carga se vincula a una menor capacidad de adquisición de viviendas, a la reducción de la calificación crediticia y a retrasos en el matrimonio y la maternidad, legisladores y activistas han ejercido presión en pos de la condonación total de las deudas por créditos estudiantiles. Sin embargo, la Corte Suprema declaró inconstitucional un intento reciente del gobierno de Biden para cancelar USD 430 000 millones de deuda.
Aunque la atención del público se ha centrado en gran medida en el fallo de la Corte, la cancelación de los créditos por única vez no hubiera sido una solución duradera para el continuo desafío que plantea el financiamiento de la educación superior en Estados Unidos. Aún tenemos que encontrar la forma de ayudar a que los estudiantes inviertan en su educación sin endilgarles una deuda aplastante desde el principio. Un paso crítico en la dirección adecuada sería reemplazar al sistema existente con un plan de pagos estándar alineado con la capacidad de endeudamiento de los prestatarios.
El financiamiento de la educación postsecundaria en EE. UU. proviene del sector público (partidas estatales y locales, y subsidios y contratos federales) además de regalos y contratos privados. El resto queda cubierto por la matrícula y tarifas para los alumnos. Pero no se suele prestar suficiente atención a que las contribuciones estatales y locales no acompasaron a la suba de los costos. En 1980 la matrícula y tarifas que pagaban los estudiantes solo representaban el 13 % del costo educativo de las instituciones públicas; para 2020 esa proporción había aumentado hasta casi el 20 %. Los estudiantes y sus familias se han endeudado cada vez más para pagarlo.
Hay muchas propuestas para que la educación superior resulte más asequible, como ofrecer estudios terciarios de dos años (community college) gratuitos o eliminar completamente los créditos estudiantiles. Dado que la educación postsecundaria beneficia a toda la sociedad —porque aumenta el pago de impuestos y la productividad, y reduce la dependencia del sistema de Seguridad Social, entre otras cosas—, subsidiarla tiene sentido.
Al mismo tiempo, también tiene sentido que los alumnos asuman parte de la responsabilidad por el costo de la educación que reciben; después de todo, es bien sabido que la educación y capacitación postsecundarias aumentan, para quienes las reciben, la probabilidad de conseguir empleo y los ingresos durante toda la vida, además de mejorar su salud, entre otros beneficios. Considerando su sustancial rentabilidad privada, es adecuado que los préstamos sigan formando parte de la cartera de asistencia financiera.
Pero el programa de crédito estudiantil federal estándar actual no se alinea ni con las realidades económicas de la educación postsecundaria ni con el mercado laboral; y aunque la educación es una inversión riesgosa que no resulta rentable para todos quienes la reciben, los estudiantes enfrentan opciones complejas y limitadas para reducir la carga de los pagos, y les está prohibido eliminar la deuda declarándose en quiebra.
Igualmente importante es que el plan de pagos estándar espera que los estudiantes paguen los créditos durante los primeros 10 años de sus carreras, antes de que la mayoría haya alcanzado su máximo nivel de ingresos. Incluso para quienes la inversión es rentable, la carga financiera puede ser excesiva durante el período de pago.
Para solucionar esos problemas, el Congreso y el Departamento de Educación crearon con el tiempo varios programas de pago vinculado al ingreso (IDR, por su sigla en inglés): una idea bipartidista que data de mediados del siglo XX, cuando fue promocionada en igual medida por los economistas Milton Friedman y James Tobin. A diferencia de una hipoteca, que obliga a los prestatarios a pagar un monto predeterminado mensual, los planes IDR fijan el pago como un porcentaje del ingreso. Cuando se establecen de manera óptima, el prestatario promedio paga el crédito, pero si alguien atraviesa dificultades o elige una carrera que no está bien remunerada (como un puesto en el sector público), paga en la medida que puede, sin sufrir excesivas penurias financieras.
Considerando sus méritos, no es sorprendente que muchos economistas hayan defendido esos programas, pero el diseño de los planes existentes no es óptimo: los prestatarios deben optar por un IDR durante el plan estándar de pago y los pagos se basan en el ingreso del año anterior, por lo que no acompasan suavemente a los cambios en los ingresos de los prestatarios y su situación laboral. Tampoco se ajustan automáticamente a las dificultades que experimentan los prestatarios, y requieren normas complejas de tolerancia y prórrogas, además de una recertificación anual. Además, los requisitos, tasas y períodos de pago de los planes son diversos, al igual que sus definiciones del ingreso disponible. Por ello, elegir un plan implica tanta confusión que a la fecha solo una minoría de quienes cumplen los requisitos los aprovechan.
Como medida provisoria, el gobierno de Biden creó el plan de Ahorro para una Educación Valiosa (Saving on a Valuable Education, SAVE), un IDR aún mayor y más generoso que las opciones existentes. Se espera que las ventajas del nuevo programa sean tan evidentes que más estudiantes se inscribirán en él en vez de continuar con el plan tradicional, pero SAVE dista de ser perfecto: no será el plan por defecto y sigue basando los pagos en el ingreso del año anterior. Por eso no queda claro qué tan efectivo será para solucionar la crisis de la deuda estudiantil y los desafíos del financiamiento de la educación superior en el país.
En términos más específicos, SAVE es un plan caro que implica una capa adicional sobre el laberinto de las opciones de crédito estudiantil restantes. Eso nos lleva al problema mayor: el Departamento de Educación no puede eliminar los planes creados por el Congreso. Para transformar realmente los créditos estudiantiles federales, el Congreso debe discontinuar todos los planes IDR existentes y reemplazarlos por defecto con otro IDR bien estructurado. Lo ideal es que en términos administrativos el plan sea sencillo y esté diseñado para alentar a los alumnos a asumir un nivel responsable de deuda para pagar por programas educativos valiosos.
Con la estructura adecuada, los planes IDR atienden a uno de los mayores desafíos del financiamiento de la educación superior en forma tal que no carga con aportes injustos a los contribuyentes, ni a los estudiantes con deudas inmanejables. Aunque ni siquiera un IDR bien diseñado solucionaría todos los problemas del financiamiento de la educación superior en EE. UU., su implementación por defecto para los créditos estudiantiles sería una enorme mejora. Es una reforma que ambos partidos debieran poder apoyar.
Traducción al español por Ant-Translation
Publicación original en: https://www.project-syndicate.org/commentary/us-student-debt-system-broken-needs-income-driven-repayment-by-cecilia-elena-rouse-2023-07/spanish
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