En las reformas a la Ley Minera, aprobadas en el Senado en fast track el 28 de abril, se estableció aumentar las multas y sanciones a empresas mineras que no respeten las condiciones establecidas para mantener su concesión. Sin embargo, en la práctica, no hay una inspección eficaz por parte de las autoridades para vigilar que realmente las cumplan.
El proyecto de decreto para la Ley Minera incrementa las multas de 10 mil a 207 mil pesos, que es el rango vigente; hasta los 503 mil y 1.2 millones de pesos, que fue el nuevo monto aprobado.
Las empresas que no cumplan con lo establecido en la Ley, que causen daños ambientales severos, que usen documentación falsa para mantener su operación o que trafiquen minerales fuera del territorio nacional, son las que serán acreedoras a estas nuevas multas.
Además, se votó establecer sanciones de hasta el 5% de las ganancias anuales totales de empresas y de 5 a 10 años de cárcel para quien cometa los delitos mencionados.
Nuevas sanciones, pero las empresas mineras no son vigiladas totalmente
A pesar de que ya existen multas y sanciones establecidas en la Ley Minera, las empresas no son vigiladas de manera eficaz por las autoridades federales, que son las únicas encargadas de realizar inspecciones y determinar si las compañías cumple con todos los requisitos, procesos y restricciones obligadas.
Los gobiernos estatales y municipales no tienen mucho margen de acción cuando se detecta que una empresa minera no cumple con la Ley o excede los permisos que tienen.
Por ejemplo, una investigación de Tanhia Paola Barrios Palomares, para Border Hub, señala que en Baja California, en un acuífero en el que se extrae arena, roca y minerales, la CONAGUA únicamente ha realizado tres inspecciones en 14 años, mientras que la PROFEPA no tiene registro de ninguna.
En este acuífero, que todavía provee de agua a varias comunidades, los vecinos han levantado decenas de denuncias por varios años para exponer las malas prácticas de las empresas mineras. Pero, hasta la fecha, solo ha habido tres sanciones a las compañías, que suman, apenas, 120 mil pesos.
Mientras que en Coahuila, uno de los estados en donde esta actividad es primordial para la economía, la PROFEPA tiene registro de 262 inspecciones a tajos mineros entre 2005 y 2022, que son alrededor de 15 por año.
En ese periodo solo 72 inspecciones terminaron con una sanción, multa o clausura de la empresa minera que incumplió con las normas, señala otra investigación de Francisco Rodríguez, también para Border Hub.
La dependencia federal que más inspecciones realiza en estas empresas es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que lleva más de 900 en el actual sexenio. Pero estas visitas están orientadas más en revisar las condiciones laborales del personal y no al impacto, permisos o violaciones a la Ley que puedan cometer las mineras.
¿Quién es la encargada de vigilar y quitar concesiones a las empresas mineras?
Aunque la Secretaría del Trabajo y Previsión Social es la instancia federal que más visita a las empresas mineras, ellos no tienen la autoridad para quitar concesiones.
Es la Secretaría de Economía la única dependencia que puede determinar ese castigo. Para esto, debe haber denuncias de las autoridades inspectoras, que pueden ser la propia Secretaria de Trabajo, CONAGUA, SEMARNAT, PROFEPA, la CFE o las Fiscalías Estatales.
Es decir, son varias autoridades las que tendrían que estar vigilando a las empresas mineras, pero solo la Secretaría de Economía tiene el poder para cerrarlas, en caso de incumplir con la Ley.
Esto no significa que las autoridades inspectoras no puedan multar a las empresas si cometen una acción ilegal. Pueden aplicar sanciones, mientras las faltas cometidas estén bajo su jurisdicción.
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