Gobernantes, funcionarios y políticos de Nuevo León que incumplen con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, evaden e ignoran las sanciones impuestas, llegando a sumar 10.2 millones de pesos que quedan en el limbo de la recaudación.
De 2008 a octubre de 2022, los sujetos obligados, sancionados por incumplir con la transparencia de información pública tienen más de 14 millones de pesos en multas, también llamados créditos fiscales, y solo han liquidado 3 millones 715 mil 725 pesos.
Pedro Alonso Casas Quiñones, ex alcalde independiente en el municipio de Ciénega de Flores es el sujeto obligado con el mayor número de multas.
Casas Quiñones tiene 104 multas sin pagar desde el año 2017, que representan un millón 600 mil pesos, conforme a información proporcionada por el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INFONL).
Melchor Ocampo es el municipio que INFONL registra con más ex alcaldes y funcionarios con deuda por opacidad en acceso a la información.
Como Rosa Elvia Ramos García, ex munícipe de la administración 2009-2012 de ese municipio, que obtuvo 15 multas que suman más de 91 mil pesos y solo ha pagado el 10 por ciento.
Ponciano López Ramos, ex alcalde y Ángel Ramos Torres, ex tesorero en la administración 2012 a 2015 de Melchor Ocampo, deben 112 mil 632 pesos y 117 mil 236 pesos, respectivamente.
Omar Ramos García, quien fue alcalde del mismo municipio de 2015 a 2021, ha eludido los pagos de 53 sanciones económicas, que en pesos dan un total de 628 mil 602 pesos.
En la misma administración, el entonces secretario del Ayuntamiento, Enrique López Ramos, acumuló 92 mil 888 pesos en multas.
El ex síndico primero de ese gobierno, Francisco Javier López Ramos adeuda 31 créditos fiscales que suman 335 mil 657 pesos. El actual alcalde Orlando Ramos García adeuda más 72 mil pesos de cinco multas impuestas en el año 2022.
Siguen gobernando y continúa la opacidad
Incluso, alcaldes reelectos que continuaron incumpliendo la Ley de Transparencia y recibiendo multas por parte del Instituto que defiende los derechos fundamentales al acceso a la información.
Tal es el caso de Humberto Medina Quiroga, alcalde de El Carmen durante las dos últimas administraciones, tiene 28 sanciones económicas que equivalen a más de 385 mil y solo ha liquidado el 15 por ciento, según INFONL.
Gonzalo Elizondo Lira, presidente municipal en Salinas Victoria de 2015 a 2021 recibió 26 multas por más 330 mil pesos y se mantienen sin liquidar.
¿Quiénes son los sujetos obligados y cómo se hacen acreedores de créditos fiscales?
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública indica que los sujetos obligados son toda autoridad, entidad, órgano y organismo de los tres poderes, así como órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y dependencias descentralizadas, paraestatales y paramunicipales y cualquier persona o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos; y deben poner a disposición de los ciudadanos la información pública.
Cualquier ciudadano puede solicitar información pública a los sujetos obligados, ya sea a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), por correo electrónico, directamente en oficinas de sujetos obligados y por teléfono, entre otras formas.
Cuando los ciudadanos hacen una solicitud y los entes obligados omiten responder, los primeros pueden utilizar el “recurso de revisión” y el Instituto garante, que es el INFONL, tiene la facultad de multar económicamente al ente público, sanción que posteriormente pasa a la Secretaría de Finanzas y Tesorería del Estado de Nuevo León y se elabora el “crédito fiscal” para su cobro.
Los Recursos de Revisión han ido en aumento
María Teresa Treviño Fernández, consejera presidenta del INFONL comentó que ha habido un incremento de recursos de revisión.
“Eso quiere decir que solicitan mucha información y a lo mejor no se les da o se las dan incompleta o en alguna otra modalidad y vienen con nosotros para ver recursos, y se nos han incrementado bastante”, declaró en entrevista la funcionaria.
La consejera presidenta explicó que en Ley de Transparencia se determinan las obligaciones de los sujetos obligados y que el Instituto proporciona constante capacitación, incluso en cada cambio de administración.
“Ahí estamos en constante capacitación y pegados con ellos para que cumplan y no reincidan, para que tengan buena calificación (en el Semáforo de Transparencia), y también para que den información y que el ciudadano la pueda ver en sus portales. Por eso nosotros, cuando estimamos convenios con ellos, les decimos que publiquen información”.
El artículo 79 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León determina que los sujetos obligados deben exponer la información en Datos Abiertos, los cuales deben contar con 10 características como, ser accesibles, permanentes, oportunos y en formatos abiertos ,entre otros.
Mientras que el Artículo 70, Capítulo II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que la información de interés público debe estar disponible en medios electrónicos.
De acuerdo al listado público en el portal del Sistema Nacional de Transparencia los recursos de revisión en Nuevo León del año 2020 al 2021 tuvieron un incremento del 340 por ciento.
La consejera presidenta del INFONL aclaró que efectuar el cobro de la multa no es una función del Instituto. “Nosotros emitimos las sanciones, la multa, y se pasa a la Tesorería para su cobranza, la Tesorería del Estado y ellos son los que le dan el seguimiento y hacen los cobros respectivos, y muchísimo más; obviamente nosotros sólo emitimos las sanciones”.
Indicó que los cobros de créditos fiscales prescriben de acuerdo al Código Fiscal del Estado de Nuevo León y que el Instituto pierde facultades para su cobro, por lo tanto, queda a cargo de la Tesorería.
Señaló que, aunque los sujetos obligados ya no estén en funciones pueden ser sancionados, “inclusive saliendo (terminando su gestión), también se le multa, muchas veces (los ciudadanos) meten la solicitud y ya casi saliendo meten el recurso de revisión, ya que (el funcionario) no está en funciones”.
Treviño Fernández, respondió desconocer que algún sujeto obligado fuera encarcelado por no cumplir con el pago de multas impuestas.
“No, y nunca en la historia, ni arresto, ni fuerza pública. La verdad lo que queremos es que cumplan, no nos interesa estar arrestando, ni usando la fuerza pública a la gente.
“Cuando ya no te queda otra y cuando no le contestan al ciudadano y vienen con nosotros, no nos queda de otra más que multarlos”.
Sujetos obligados con créditos fiscales por incumplir con la Ley de Transparencia
A través de solicitudes de información en la Plataforma de Transparencia enviadas entre septiembre y noviembre de 2022 se obtuvo el estado que guardan los créditos fiscales a los sujetos obligados del 2008 a octubre del año pasado.
El estado de crédito fiscal ”Baja” se determina en el artículo 144 del Código Fiscal del Estado de Nuevo León, y señala que un crédito fiscal se extiende por prescripción en el término de cinco años, y este puede ser interrumpido con cada gestión de cobro que se notifique al deudor y la Secretaría de Finanzas podrá cancelar créditos fiscales en las cuentas públicas, por incosteabilidad en el cobro o por insolvencia del deudor o de los responsables solidarios.
Al solicitar información a la Secretaría de Finanzas sobre el estado que guardan los créditos fiscales a sujetos obligados, la respuesta fue insuficiente, ya que solo entregó sumas totales sin desglosar, bajo el argumento de que es “documentación reservada”.
En una siguiente solicitud se pidió a INFONL que compartiera un reporte desglosado de créditos fiscales que la Secretaría de Finanzas está obligada por la Ley a entregar mensualmente. Al comparar ambas respuestas, las cifras no coinciden aunque las elabora la misma Secretaría de Finanzas.
Total en créditos fiscales
Total en créditos fiscales en pesos
“Hay una anomalía sistémica y hay un aparato que está aprendido para ser opacos”
Juan Manuel Ramos, director de la organización Redes Quinto Poder, defensor de Derechos Humanos y activista social consideró que la opacidad es continua y no debe ocultarse la información.
“Encontraron una laguna, la ley la desconozco, pero no debería la autoridad bajo ninguna circunstancia esconder quién debe una multa derivada de una sanción por opacidad porque el proceso, si fuera un proceso judicial, se acabó en la INFONL. Digamos que la sentencia fue que pagues una multa porque para que pagues la multa tienen que pasar un montón de procesos, esto está fuera del tema judicial, el último nivel es la multa.
“Hay una anomalía sistémica y hay un aparato que está aprendido para ser opacos, no para ser transparentes, entonces cada sujeto obligado está buscando la manera de no darte lo que le corresponde como derecho al ciudadano para que eso sea válido, pues necesitarías analizar 100 o 200 respuestas para que tú veas dónde se repite, lo que pasa es que el sujeto obligado o el que tiene la obligación de darte la información tiene mucha tendencia a decirte que no, no se puede”, concluyó.
La Secretaría de Finanzas de Nuevo León no habla del tema
La información sobre el estado que guardan los créditos fiscales a sujetos obligados sancionados por no cumplir con la Ley de Transparencia no se encuentra publicada en plataformas de datos abiertos.
El secretario de Finanzas estatal desde hace dos administraciones, Carlos Alberto Garza Ibarra, no respondió a las solicitudes de entrevista.
La respuesta por parte del equipo de comunicación es que la dependencia no podía agendar la entrevista, bajo el argumento de que estaba atendiendo el tema del presupuesto y paquete fiscal 2023, pese a que este periodo ya había concluido.
Por su parte, la alcaldesa del municipio de Vallecillo, María Martínez Serna y el alcalde de El Carmen, Humberto Quiroga, ambos en función y con créditos fiscales pendientes de pago emitidos del año 2020 a 2022, se negaron a dar su opinión para la investigación.
Cifras y datos proporcionados vía Transparencia demuestran que la Secretaría de Finanzas no ha cobrado el 71 por ciento de los créditos fiscales de sujetos obligados infractores a la Ley de Transparencia y del 26 por ciento de las multas pagadas, se desconoce qué se hizo con el dinero.
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