Este miércoles se realizó la audiencia de Jesús Murillo Karam quien fue encarcelado el viernes por el caso Ayotzinapa.
El jueves se dio a conocer el informe del gobierno sobre este mismo caso y entre las conclusiones está que no hay posibilidad de encontrar a ninguna de los estudiantes con vida.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) han seguido este caso desde los primeros meses y aseguraron que no fueron informados sobre este informe del gobierno.
En un comunicado, el GIEI detalló que el contenido del informe lo conocieron hasta el momento de la conferencia de prensa.
🚨Compartimos el siguiente #COMUNICADO del @GIEIAYOTZINAPA, tras la Presentación del Informe de la Comisión para la Justicia y la Verdad del caso #Ayotzinapa pic.twitter.com/dcdBToRJKu
— Centro Prodh (@CentroProdh) August 22, 2022
La documentación completa les fue entregada el 18 de agosto pero después de las nueve de la noche por lo que no tuvieron tiempo de revisarlo antes o de encontrar coincidencias según el caso.
En febrero de 2022 el GIEI dio a conocer su informe más reciente sobre el caso Ayotzinapa. En él detalla que parte de su contenido está basado en el análisis de la documentación desclasificada por el presidente López Obrador.
Estas son algunas coincidencias y diferencias con el reporte del gobierno mexicano.
Informe GIEI caso Ayotzinapa
Desde el primer informe del GIEI en 2016 se había mostrado que la “verdad histórica” no tenía sustento en pruebas y tampoco era posible científicamente.
El reporte denunciaba también la actuación de autoridades a nivel municipal, estatal y federal. Además de la existencia de un quinto autobús.
El informe hace énfasis en el posible transporte de droga como una posible explicación de los hechos.
El GIEI mostró pruebas audiovisuales de la manipulación en el escenario del río San Juan por las mismas autoridades de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
Una gran parte de la evidencia obtenida fue anulada por haber sido obtenida bajo tortura en las declaraciones.
Los estudiantes eran vigilados por sus acciones contestatarias pero el seguimiento cesó justo el 26 de septiembre, según las primeras versiones.
Sin embargo, hay evidencia de comunicaciones interceptadas y desclasificadas en 2021, las cuales fueron obtenidas de los archivos militares. En ellas se muestran conversaciones que unen las dos líneas.
Informe Presidencia
El informe fue elaborado por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ).
El trabajo se inició retomando las investigaciones y estudios realizados por el GIEI, entre otras organizaciones y dependencias.
Se identificaron 27 cuerpos y restos óseos de los cuales se identificaron a tres de los estudiantes desaparecidos.
Entre ellos están: Joshivani Guerrero de la Cruz y Christian Alfonso Rodríguez; además se confirmó la identificación de Alexander de la Mora Venancio.
En los reportes que la SEIDO no había compartido hay información sobre un número telefónico que perteneció a Julio César Mondragón.
Dos semanas antes y después del 26 de septiembre de 2014 se identificó comunicación directa con Gabriel “N”, “La Gaby”, integrante del grupo Guerreros Unidos.
También se identificaron dos intervenciones de comunicaciones entre integrantes de Guerreros Unidos y autoridades municipales.
Ambos informes coinciden en que desde hace varios años, Iguala forma parte de una zona estratégica para el tráfico de drogas.
El GIEI asegura que el contexto de los hechos ocurren en medio de actividades relacionadas con el crimen organizado.
Esa zona queda en medio del enfrentamiento entre Guerreros Unidos y Los Rojos, el grupo contrario, por la plaza para traficar droga.
El primero operaba como brazo armado de la Familia Michoacana realizando secuestros y ejecuciones.
Otra de las coincidencias es que desmienten la verdad histórica defendida por el sexenio anterior aunque ninguno de los dos informes ha logrado determinar qué ocurrió con los normalistas desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014.
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