viernes, agosto 12, 2022

¿Comisión de la verdad en México?

Antes del 22 de junio de 2022 era imposible imaginar la posibilidad de asomarse siquiera a las instalaciones del tristemente célebre Campo Militar No. 1. Para varias generaciones, la sola mención del lugar produce escalofríos pues, en el mejor de los casos, significa mala suerte para realizar el servicio militar, pero la leyenda negra lo asocia con tortura, vejación, violación, desaparición y ejecuciones extrajudiciales. Y, en efecto, ahora sabemos con certeza que también fue utilizado para llevar a cabo estas infamias por parte del Estado mexicano.

Michel Ignatieff, especialista canadiense en el estudio de los derechos humanos a nivel global, explica en su libro Las virtudes cotidianas. El orden moral en un mundo dividido, que la reconciliación entre víctimas y verdugos toma varias generaciones, pero que el primer e ineludible paso es dar voz pública y escuchar a las víctimas. Y esa es, precisamente, la relevancia del inicio de actividades de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990.

Apenas el mes pasado se dieron a conocer testimonios sobre lo que ocurre en el campo militar número 1 | Foto: Gobierno de México
Apenas el mes pasado se dieron a conocer testimonios sobre lo que ocurre en el campo militar número 1 | Foto: Gobierno de México

El pequeño primer gran paso fue abrir las puertas del Campo Militar No. 1 no sólo a la prensa, sino, sobre todo, a los sobrevivientes de la represión y a los familiares de las víctimas. Además, por vez primera se escucharon las voces de dos hijas de sendas víctimas de la guerra sucia, en un foro nacional que contó con la presencia del principal representante del Estado Mexicano, el presidente de la República acompañado por el secretario de la Defensa Nacional.

Fue estremecedor escuchar la desgarradora denuncia de Micaela Cabañas Ayala, hija del legendario maestro rural Lucio Cabañas. Ahora sabemos que, junto con su familia, fue secuestrada y encerrada en el Campo Militar No. 1 en noviembre de 1974. Tenía apenas dos meses de edad, ahí aprendió a hablar y a caminar. Ahora también sabemos con certeza que su madre, María Isabel Ayala Nava, de 14 años, fue violada en ese centro clandestino de detenciones por el entonces gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Figueroa. Micaela sigue clamando justicia por el asesinato de su padre y la muerte de su madre. La gran diferencia es por vez primera se escuchó su reclamo, claro y fuerte, a nivel nacional en el lugar en que acontecieron esas y otras atrocidades perpetuadas por el Estado.

También conocimos y escuchamos a Alicia de los Ríos Merino, hija de la activista desaparecida del mismo nombre, quien también en 1978 estuvo detenida en el gran cuartel de donde fue trasladada a la base naval de Acapulco, Guerrero, de donde, al parecer, la llevaron a un vuelo de la muerte por el océano pacífico. Su demanda es programática: recabar los testimonios de los sobrevivientes y de las familias de las víctimas, pero también del personal castrense, en activo o retirado, involucrado en la guerra sucia; acceso irrestricto a los archivos, pero también a los planos y a las instalaciones militares que fungieron como prisiones clandestinas en varios estados; develar las cadenas de mando de los cuerpos militares que participaron en esos crímenes, pero también que se integre la Fiscalía General de la República a la Comisión para que no siga predominando la impunidad. Alicia apuesta por un país herido que merece otra oportunidad.

No es una tarea fácil para el gobierno, ni para las instituciones castrenses y, mucho menos, para los sobrevivientes y familiares de las víctimas. Por ello, Alejandro Encinas, sensible a la complejidad del tema, no planteó una Comisión de la Verdad y Reconciliación como la que, por ejemplo, constituyó Mandela en 1997 en Sudáfrica, a través de la cual, para erradicar el apartheid, impulsó sesiones públicas en las que los policías blancos confesaron con todo detalle palizas, torturas y ejecuciones extrajudiciales de disidentes negros que se remontaban a la década de 1970, a cambio de amnistía.

En México el tema está más enredado y, por consiguiente, seguramente el proceso tomará bastante tiempo, corriendo siempre el riesgo de fracasar, como la Fiscalía de Fox. El Estado mexicano no proviene de un régimen militar o un golpe de estado, como en otros países que han hecho ejercicios similares. En México el comandante supremo de las fuerzas armadas es el presidente de la República. Es decir, las fuerzas armadas no se mandan solas y tampoco han desafiado el marco institucional desde hace varias generaciones. Desde 1940 gobiernan civiles

Por ello, no es descabellada la postura del actual secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, de también considerar víctimas a los militares caídos durante la guerra sucia. En sentido estricto, fueron víctimas de los miedos y locuras de los presidentes que instruyeron localizar, hostigar, capturar o exterminar a las gavillas, como calificaban a sus opositores. Las familias de los militares caídos también los lloran, son familias modestas, humildes. Como ironía de la vida, fuerzas castrenses y grupos guerrilleros muchas veces emanaron de las mismas zonas, aunque encontraron caminos opuestos para salir adelante.

Es evidente que falta un largo trecho para el perdón y la reconciliación. Al parecer, ni siguiera están pensado en llevar adelante un modelo de justicia transicional, porque saben que en este momento no hay condiciones para ello y  estaría de antemano condenado al fracaso este modelo, como sucedió con la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado que en 2002 montó Fox  y que en 2007 canceló Calderón, así como también absolvió a Luis Echeverría en 2009.

Como diría Michel Ignatieff, el 22 de junio de 2002 presenciamos el primer pequeño gran paso: sobrevivientes y familiares de las víctimas regresaron al gran cuartel; se encontraron cara a cara con los que siempre han considerado sus verdugos; interactuaron con ellos; a su vez, los militares denunciaron que también fueron víctimas. Ambos tienen la tarea de trabajar de la mano para esclarecer los hechos; de ayudarse mutuamente a encontrar verdades que pueden explicar las atrocidades; de encontrar a los verdaderos responsables para redimirse de los actos y del sufrimiento que han tenido o infringido; con el tiempo, tal vez, podrán llegar a confiar los unos en los otros. Y, tal vez, cuando enfrenten una gran desgracia puedan mostrar resiliencia uniéndose. La reconciliación aún no se dibuja en el horizonte, pero la Comisión de Acceso a la Verdad es un aliento de esperanza que no teníamos.

 

 

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Sergio Anzaldo Baeza
Sergio Anzaldo Baeza
Sergio Anzaldo Baeza. Profesor de la UNAM. Consultor especializado en cultura y comunicación política con más de 25 años de trayectoria profesional. Coautor de Comunicación Política 2.1 Modelo para Armar. Planeación, Operación y Evaluación de Estrategias de Comunicación. Editado por la UNAM 2017

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