Esta semana se dio a conocer por parte del secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta que la titular de la Procuraduría General de Justica de la CMDX (PGJCDMX) Ernestina Godoy, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), en contra de quién resulte responsable del “maquillaje” de cifras de delitos durante la administración de Miguel Ángel Mancera.
El pasado 2 de julio la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, hizo público que los delitos de alto impacto del año pasado los manipularon para disminuirlos en 74%. Tan sólo en 2018 escondieron 24,021 casos por delito.
El trabajo realizado por la Procuraduría consistió en una revisión exhaustiva de cada una de las carpetas de investigación, junto con el Sistema Nacional de Seguridad, en donde la Organización de la Naciones Unidas fungió como supervisor de dicho proceso.
La actualización de la incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) permitió conocer con exactitud la reclasificación que se tuvo.
Se pudo visualizar que no se reportaron alrededor de 17,974 robos a transeúnte en vía pública, es decir un subregistro del 65%, es decir, pasaron de 9,809 a 27,783 carpetas. De hecho, en la modalidad de este delito pero con violencia creció la cifra un 176%, pasando de 8,604 a 23,784 denuncias.
En cuanto al robo de vehículos con y sin violencia pasó de 11,207 a 14,045 denuncias tras la reclasificación. Lo mismo sucedió los robos a negocio, de 16,703 casos pasaron 20,162 carpetas.
En cuanto, el delito de violaciones no se reportaron el 54% de las denuncias, es decir, 672 casos. Los homicidios dolosos, se registraron 1 de cada 10 crímenes. La cifra pasó de 1,225 denuncias reportados a 1, 367, es decir, 142 homicidios silenciados.
Uno de los delitos más impactantes fue secuestro, el cual tuvo un subregistro en 2018 de casi el 90%, ya que sólo se habían reportado 35 carpetas, cuando realmente hubo 280 denuncias.
Algunas de las razones fue un sistema de información de registro de denuncias vulnerable, así como una mala categorización de los delitos por parte de los altos mandos con el objetivo de presentan resultados favorecedores.
A esta denuncia se le suman otras investigaciones que se está realizando el gobierno capitalino en materia de seguridad pública como: la disminución en el número de policías y de su salario desde 2012, un sistema de cuotas ilegales por uniformes, gasolina, vacaciones, la elección de mandos de sector a partir de amiguismos y venta de plazas.